La médica Miranda Ruiz, imputada y detenida en Tartagal, Salta, por la práctica de una interrupción legal del embarazo (ILE), y luego sobreseída por el Tribunal de Impugnación provincial, aseguró hoy que desde el hospital tartagalense “nunca” bajaron los brazos, y que “no solo no nos retrajimos, sino que nos expandimos”.

“Desde nuestro Hospital nunca bajamos los brazos. Seguimos garantizando el cumplimiento de la ley de IVE (interrupción voluntaria del embarazo) en la zona”, sostuvo Ruiz y agregó: “No sólo no nos retrajimos, sino que nos expandimos”.

La médica brindó hoy una conferencia de prensa en el hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, junto a su abogado, Oscar Guillén, tras el sobreseimiento resuelto por el juez de la Sala I del Tribunal de Impugnación de Salta, Luciano Martini, quien tras un año de proceso judicial consideró que la profesional actuó de acuerdo a la ley.

El magistrado señaló en el fallo que “debe afirmarse en grado de certeza que Miranda Ruiz actuó autorizada por la ley; por lo tanto, su actividad fue lícita y ello impone dictar el consiguiente sobreseimiento”.

“Estamos dando la conferencia desde el Hospital Público Juan Domingo Perón de Tartagal, con el equipo interdisciplinario presente”, señaló Ruiz.

Y añadió que “no podemos permitir como efectores de salud que una parte de la justicia y de un sector político que están corrompidos nos quieran amedrentar”.

Advirtió que «no puede suceder en una sociedad democrática, que, habiendo conquistado una ley ampliamente debatida, nos quieran judicializar para que no garanticemos derechos”.

A la vez, aseguró estar “muy orgullosa de cómo asistimos a la paciente, sosteniéndola mientras sufría hostigamientos de parte de la familia y los sectores que militan en contra de la ley de aborto, quienes amenazaban constantemente con realizar la denuncia penal que luego radicaron”.

Ruiz señaló que “a pesar de dichas amenazas le garantizamos el derecho a la IVE que la paciente nunca dejó de solicitar”, y comentó que “la falsa versión mediática y el escrache», fueron impulsados por «un sector político local extremista que logró mi detención”.

“Este hospital me ha protegido como nadie, sosteniendo la continuidad del Consultorio, incorporando más profesionales al equipo de trabajo interdisciplinario”, resaltó.

Asimismo, destacó que “se amplió la demanda del Consultorio Interdisciplinario de Salud Sexual Integral, asistiendo sin turno a todas las pacientes, aumentando en un 27% las IVEs garantizadas en el trimestre siguiente».

Para Miranda, el fiscal Gonzalo Vega y el juez de Garantías de Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta, «creyeron en la falsa versión de los medios de comunicación, de una concejala y una diputada provincial», y “accedieron al escándalo público con mi encarcelación».

La profesional se consideró “víctima de la combinación de dos odios” por “haberme animado a hacer una denuncia penal contra un ginecólogo del hospital por abuso a una menor” y el odio “de sectores que viven de la militancia política y el Estado».

Por otro lado, agradeció a su abogado, a los trabajadores del hospital de Tartagal; a las abogadas Paula Tkaczek y Emilia Tomecek, que fueron sus primeras defensoras, a la Marea Verde Nacional; a sus compañeras de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir; y a las autoconvocadas de Tartagal.

Asimismo, agradeció al Ministerio de Salud Pública de Salta, al Ministerio de Salud de Nación, al Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA, a la Sociedad Argentina de Medicina, a la Federación de Medicina General y al Foro de Sociedades Científicas Argentinas.

Lo propio hizo con la Secretaría de Derechos Humanos y el Inadi, entre otras organizaciones.

La médica fue imputada por el delito de «aborto sin consentimiento», por el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gonzalo Vega.

El 3 de septiembre de 2021, Ruiz fue detenida algunas horas por haber realizado una interrupción legal del embarazo (ILE).

La ley 27610 establece que mujeres y otras personas con capacidad de gestar tienen derecho a elegir la interrupción de su embarazo hasta la semana 14 de gestación inclusive, sin dar motivos (Interrupción voluntaria del embarazo-IVE), y solicitar la interrupción legal (ILE) si el embarazo es consecuencia de una violación o pone en peligro su vida o su salud.