Investigación 🔎
La Justicia allana Nordelta en busca de pruebas sobre coimas de la droguería Suizo Argentina
Los investigadores buscan registros de ingreso y salida de empresarios involucrados en el escándalo de coimas en ANDIS. El operativo se realizó por orden del juez Sebastián Casanello en los exclusivos barrios La Isla y El Golf.
La investigación judicial por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dio un nuevo paso este martes con allanamientos en dos barrios del country Nordelta. Los procedimientos apuntan a reunir pruebas sobre los movimientos de los dueños de la droguería Suizo Argentina, empresa señalada en el escándalo que derivó en la remoción del exdirector Diego Spagnuolo.
Operativo en los barrios más exclusivos
Según confirmó la agencia Noticias Argentinas, el juez federal Sebastián Casanello ordenó los allanamientos en los barrios La Isla y El Golf de Nordelta, ubicado en el partido bonaerense de Tigre. Los investigadores buscan secuestrar los registros de ingreso y salida de los empresarios acusados de pagar sobornos, así como analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad del complejo.
El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Policía de la Ciudad, que durante la tarde del martes desplegaron varios móviles en la zona para cumplir con las medidas judiciales. Los procedimientos se concentraron específicamente en estos dos sectores, considerados entre los más exclusivos del desarrollo inmobiliario.
Timing clave de la investigación
Los allanamientos se produjeron apenas un día después de una declaración indagatoria considerada clave en la causa. El jefe de Seguridad de Nordelta prestó testimonio ante la Justicia, lo que habría aportado elementos que motivaron la orden judicial de secuestrar documentación y material audiovisual.
La investigación busca reconstruir los movimientos y actividades de los empresarios farmacéuticos implicados en el escándalo que estalló a partir de la difusión de audios comprometedores. En esas grabaciones se escuchaban conversaciones sobre el presunto pago de retornos a funcionarios de ANDIS a cambio de beneficios en la adjudicación de contratos.
El escándalo que derribó a Spagnuolo
El caso se originó cuando trascendieron audios que involucraban a Diego Spagnuolo, entonces director de ANDIS, en negociaciones irregulares con empresarios del sector farmacéutico. Los registros revelaron conversaciones sobre el cobro de comisiones ilegales a cambio de facilitar la obtención de contratos con el organismo estatal.
La droguería Suizo Argentina aparece como una de las empresas centrales en la trama investigada. Los empresarios ligados a esta compañía son señalados como partícipes del esquema de pagos irregulares que habría funcionado durante la gestión de Spagnuolo al frente de la agencia.
Puntos clave:
- La Justicia allanó los barrios La Isla y El Golf de Nordelta por orden del juez Sebastián Casanello
- Los investigadores buscan registros de acceso y cámaras de seguridad vinculadas a los dueños de droguería Suizo Argentina
- El operativo se realizó un día después de la declaración del jefe de Seguridad de Nordelta
- La causa investiga presuntas coimas en ANDIS que derivaron en la remoción de Diego Spagnuolo
- Los allanamientos apuntan a reconstruir los movimientos de empresarios farmacéuticos involucrados en el escándalo
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Campana ya no es refugio: el fallo de la Corte rompe la estrategia de la AFA
Durante casi un año, las defensas de la conducción de la AFA empujaron para concentrar sus causas en el juzgado federal de Campana. La Corte habló de una «grosera» violación de las reglas de competencia y devolvió a Rafecas la causa de la mansión de Pilar, aunque el juez podría irse pronto a Casación.
La Corte Suprema no solo cambió de juez la causa por la mansión de Pilar: le puso nombre a lo que pasó durante casi un año. Los supremos dijeron que el traslado del expediente a Campana afectó «de manera severa e inequívoca» la garantía del juez natural y lo calificaron como una «grosera» violación de las reglas de competencia. Con esa frase se cayó la pieza central de una estrategia que la conducción de la AFA venía empujando desde fines de 2025: reunir sus causas en un solo juzgado, lejos de los tribunales porteños especializados en delitos económicos.
El fallo, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, hizo lugar a la queja del fiscal ante Casación Mario Villar y dejó sin efecto la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que en agosto había enviado la investigación al juzgado de Adrián González Charvay con los votos de Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña y la disidencia de Alejandro Slokar. La Corte les reprochó, además, no haber analizado los argumentos de Villar. El expediente vuelve al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3, de Daniel Rafecas.
El juzgado que querían los acusados
La pelea por la competencia nunca fue un tecnicismo. El 30 de diciembre de 2025, último día hábil del año, González Charvay pidió quedarse con la causa que tramitaba el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, que ya venía avanzando con medidas de prueba, y lo hizo pese a la opinión contraria de un fiscal. Con ese movimiento, la instancia de revisión pasaba a ser la Cámara Federal de San Martín. Según reconstruyó el diario La Nación, el juez de Campana tuvo después el expediente de la mansión durante seis meses sin avanzar sobre Claudio Tapia y Pablo Toviggino.
En paralelo, Campana fue absorbiendo otras causas sensibles para la entidad: la que había abierto el juez federal Luis Armella, que allanó a la empresa de Javier Faroni y las sedes de la AFA, y la de Santiago del Estero, donde el fiscal Pedro Simón había pedido la detención de Tapia y Toviggino. En esta última, en octubre, González Charvay sobreseyó a familiares y socios del tesorero porque no quedaba ningún fiscal impulsando la acusación, sin analizar la prueba reunida. La unificación en Campana era la estrategia de las defensas, resistida una y otra vez por fiscales y querellantes.
El propio juez la defendió en público: sostuvo que no pueden existir tres o cuatro magistrados investigando los mismos hechos. Pero no todos le dieron la razón. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante, que procesó a Tapia y a Toviggino por la retención de aportes, rechazó un pedido de González Charvay para quedarse con otra causa por lavado y consideró «prematura» esa unificación.
Por qué la causa es porteña
El argumento para llevar todo a Campana era que la quinta está en Villa Rosa, partido de Pilar. La Corte lo desarmó: sostuvo que se investiga una presunta maniobra de lavado de activos a través de sociedades, cambios societarios y operaciones con bienes, no solo la compra de un inmueble, y que Pilar «no era en modo alguno el centro de dirección» de esa actividad. Varias de las sociedades tenían domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, donde también está la sede de la AFA, sobre la calle Viamonte. El tribunal mencionó además una presunta red internacional de intermediarios que habría operado entre 2021 y 2025.
La causa se inició con una denuncia de la Coalición Cívica en diciembre de 2025 y busca determinar si fondos de la AFA se desviaron para comprar la quinta, atribuida a Toviggino, y si Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, titulares registrales a través de Real Central SRL, actuaron como testaferros. En el allanamiento del 12 de diciembre de 2025 se secuestraron 54 vehículos de alta gama y de colección. La tasación judicial valuó la propiedad, de unos 105.000 metros cuadrados, en US$ 16.954.000 y los autos en US$ 3.861.100.
Un regreso con fecha de vencimiento
Rafecas, el juez que ordenó aquel allanamiento, retoma ahora la investigación sobre el origen de los fondos y la titularidad real de los bienes. Pero su permanencia no está garantizada: el presidente Javier Milei envió al Senado su pliego para un cargo en la Cámara Nacional de Casación Penal y, si lo aprueban, la causa quedará en manos de un juez subrogante. Después de casi un año de idas y vueltas, el expediente vuelve al punto de partida con el riesgo de cambiar de manos otra vez.
Lo que tenés que saber
- La Corte anuló el fallo de la Sala I de Casación (Borinsky y Barroetaveña, con disidencia de Slokar) que había enviado la causa a Campana.
- Calificó el traslado como una «grosera» violación de las reglas de competencia que afectó la garantía del juez natural.
- El juzgado de Campana había absorbido otras causas de la AFA, como la de Santiago del Estero y la que allanó a Faroni.
- La tasación judicial valuó la quinta en US$ 16.954.000 y los 54 autos secuestrados en US$ 3.861.100.
- Rafecas retoma la causa, pero Milei lo propuso para la Casación Nacional y podría dejar el juzgado.
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