La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) solicitó a la Justicia de Garantías de Azul que ordene una reautopsia al cadáver de Daiana Abregú, la joven de 25 años que el 6 de junio murió por asfixia en una comisaría de la ciudad bonaerense de Laprida, por considerar que hubo «irregularidades» en la realización de la primera necropsia, al tiempo que insistió en profundizar la hipótesis del «homicidio».

Por el caso hay cinco policías bajo investigación y a quienes la semana pasada la jueza de Garantías azuleña, Fabiana San Román, les denegó la eximición de prisión.

Paralelamente, la familia de la víctima pidió que la magistrada agrave la carátula de la causa de «averiguación de causales de muerte» a «homicidio».

Por su parte, la CPM, constituida como particular damnificado en el expediente, informó en un comunicado de prensa que le solicitó a la jueza San Román que ordene una nueva autopsia al cuerpo de Daiana.

Para este organismo, la primera autopsia se realizó «sin respetar los estándares internacionales mínimos de investigación en casos de muerte bajo custodia estatal, tampoco se realizaron radiografías ni fotografías completas ni filmaciones conforme lo establecen los protocolos vigentes, además no se completaron extracciones de piel que podrían dilucidar el origen de algunas lesiones que pueden observarse».

«A pesar de esto y de otras pruebas en el expediente que obligan a profundizar la hipótesis del homicidio, el nuevo fiscal de la causa Juan Ignacio Calonje rechazó el pedido de reautopsia», indicó el comunicado.

Por ello, la CPM «denunció estas irregularidades y reclamó a la justicia que se realice una investigación adecuada, eficaz y rápida para conocer la verdad de lo ocurrido», y elevó su pedido de la reautopsia a la jueza San Román.

«Aplazar la realización de la misma puede devenir en un acto irreproducible, debido a que el paso del tiempo atenta contra la conservación del cuerpo de la víctima y las posibilidades reales de encontrar en su análisis respuestas a lo sucedido», indicó la CPM en su escrito ante la magistrada.

Sobre la urgencia de esta medida, el organismo expresó su «preocupación por las condiciones endebles de preservación en que se encuentra el cuerpo de la joven: un depósito del cementerio municipal sin ser preservado en cámara de refrigeración».

Y, por último, remarcó que «se le requiere a la familia una urgente sepultura por falta de espacio para mantenerlo allí».

Por su parte, la familia de Daiana está representada en la causa por el abogado Sergio Roldán, quien considera que la es «inminente» la detención de los cinco policiales investigados luego de que la jueza rechazó el pedido de eximición de prisión.

Para el letrado, la decisión de la magistrada está relacionada con que «no está determinado de qué se los va a acusar realmente como para poder eximirlos de prisión, porque posiblemente la responsabilidad por la que tengan que responder tenga que ser una pena alta en expectativa».

Daiana Abregú fue hallada ahorcada en una celda de la Estación de Policía Comunal de Laprida, unos 430 kilómetros al sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

La joven fue aprehendida el 6 de junio último cerca de las 7 de la mañana porque se encontraba alcoholizada y realizando disturbios en plena vía pública.

Tras su detención por una contravención, se dio intervención al Juzgado de Paz de Laprida, a cargo de la jueza Marina Saint Martín.

Los voceros añadieron que fue un subinspector quien ingresó al calabozo y halló ahorcada a Abregú, por lo que dio aviso al sistema de emergencias médicas, que arribó al lugar y, tras intentar reanimarla durante 20 minutos, confirmó su fallecimiento.

En tanto, la Policía Científica incautó dentro de la celda la campera con la cual presuntamente se ahorcó la joven, que le pertenecía, mientras que la autopsia realizada en la Asesoría Pericial del Departamento Judicial de Azul arrojó que falleció producto de un paro cardíaco por asfixia mecánica y que no presentaba otra lesión externa.

Según datos de la CPM, en los últimos 10 años 187 personas murieron en comisarías bonaerenses y en el 35 por ciento de los casos «se desconoce la causa de la muerte por los déficits en las investigaciones y la escasa decisión judicial de descubrir la verdad».