Es uno de los debates eternos del Conurbano: cuando aparece un bache, un corte de luz o un piquete sobre la General Paz, la pregunta se repite una y otra vez. ¿A quién le corresponde arreglarla? ¿A la Ciudad de Buenos Aires o a la Provincia?

La respuesta corta es sencilla y a la vez reveladora: a ninguno de los dos gobiernos.

Una frontera simbólica, no administrativa

Aunque la traza marca el límite geográfico entre la Capital y el territorio bonaerense, la Avenida General Paz es en realidad una ruta nacional, identificada como Ruta Nacional A001.

Esto significa que su jurisdicción es federal y depende directamente del Gobierno Nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad.

Privatización y concesión

La gestión cotidiana —repavimentación, iluminación, auxilio mecánico o corte de pasto— no está a cargo de Vialidad, sino de la empresa privada Autopistas del Sol (Ausol), la misma que controla el Acceso Norte, dentro de un contrato de concesión firmado durante la ola privatizadora de los años noventa.

En otras palabras: una vía pública nacional, pero en manos privadas, con una concesión que se mantiene pese a las denuncias por sobreprecios y falta de inversión.

La responsabilidad del Estado Nacional

En caso de incidentes, la confusión se multiplica. La Policía de la Ciudad interviene en la mano hacia el Riachuelo, mientras que la Bonaerense lo hace en la mano al Río de la Plata. Sin embargo, la responsabilidad sobre el mantenimiento, los puentes, la iluminación y la seguridad vial recae en el Estado nacional.

El caso Ausol: negocios y política

La concesionaria Autopistas del Sol (Ausol) es controlada por el Grupo Abertis, con participación de Sideco Americana, empresa del holding familiar de Mauricio Macri.

El pacto fue cuestionado por la Sindicatura General de la Nación y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por posible perjuicio al Estado.

Durante su gestión presidencial, en 2018, el Gobierno de Cambiemos firmó un acuerdo con Ausol que extendió la concesión hasta 2030 y reconoció una supuesta “deuda del Estado” por 499 millones de dólares, generada —según el propio expediente— por “desequilibrios tarifarios”.

En 2021, el Gobierno nacional inició una demanda para declarar nulo ese acuerdo, señalando que implicó un beneficio ilegítimo para una empresa vinculada al expresidente.

La causa todavía se tramita, mientras la concesión sigue activa y la General Paz continúa bajo gestión privada.