El Gobierno de Javier Milei decidió que nadie pueda saber qué compra, a quién, en qué cantidad ni a qué costo para equipar a las Fuerzas Armadas. Las operaciones comerciales, las cantidades, los proveedores, los países de origen y los presupuestos quedaron bajo secreto militar.

La medida se oficializó este lunes en el Boletín Oficial mediante el Decreto 1205/2026, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Defensa, Carlos Presti. El texto dispone: “Declárase secreto militar en los términos del Decreto N° 9390/63” a las operaciones contractuales necesarias para ejecutar las adquisiciones identificadas en el expediente EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD, un número que por sí solo no revela qué se va a comprar.

Una norma de 1963 como llave maestra

El Ejecutivo se apoyó en el Decreto 9390 del 11 de octubre de 1963, dictado bajo el gobierno de facto de José María Guido. Esa norma permite clasificar como secreto militar asuntos vinculados con la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas, entre ellos las adquisiciones, fabricaciones y construcciones, con sus negociaciones y trámites, cuando revisten importancia fundamental para las capacidades militares. Fuentes oficiales argumentaron que la decisión busca preservar información que el Ministerio de Defensa considera sensible para la seguridad nacional.

La consecuencia práctica es concreta. Según explicó una fuente oficial, una vez declarado el secreto los organismos contratantes siguen los trámites de adquisición, pero quedan “exceptuados del cumplimiento de las disposiciones relativas a la publicidad y difusión” de las actuaciones. Es decir, las compras se hacen, pero nadie puede ver cómo.

Un recurso que Milei ya había usado

No es la primera vez que la gestión libertaria apela a esa norma. En abril de 2024, a través del Decreto 370/2024, declaró secreto militar una operación contractual de la Fuerza Aérea Argentina. En septiembre de 2024, con el Decreto 807/2024, extendió el secreto a la contratación y construcción de las obras de infraestructura y a la importación del material relacionado con la incorporación de un sistema de armas.

El mecanismo, que nació como excepción en 2024, se consolida ahora como método de contratación.

El reequipamiento, sin vidriera

El nuevo secreto se suma al Decreto de Necesidad y Urgencia 314/2026, publicado el 4 de mayo de 2026, que estableció el “Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino”. Un proyecto de resolución presentado en la Cámara de Diputados cuestionó que se haya recurrido a un DNU en lugar de enviar un proyecto de ley, y objetó las amplias facultades que ese decreto le otorga al Ministerio de Defensa para determinar requerimientos y realizar adquisiciones.

Con el secreto militar, la discrecionalidad que ya se le cuestionaba al plan se extiende a cada compra.

Malvinas de fondo

La decisión fue relacionada de inmediato con la tensión con el Reino Unido, a partir del brusco cambio de postura del Ejecutivo respecto de las Islas Malvinas. En los últimos meses el Gobierno había endurecido su posición con sanciones a empresas que operan en el área con licencias británicas, en el marco de la Ley 26.659.

El Gobierno sostiene que debe proteger información sensible, pero no informó qué se adquiere ni a quién. Mientras tanto, las compras quedan blindadas con una norma de un gobierno de facto, sin posibilidad de escrutinio público sobre cuánto cuestan ni de dónde provienen.

Lo que tenés que saber:

• El Decreto 1205/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, declaró secreto militar las operaciones contractuales de las adquisiciones identificadas en el expediente EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD.
• Lo firman Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti.
• Se basa en el Decreto 9390/63, de octubre de 1963, dictado bajo el gobierno de facto de José María Guido.
• Los organismos contratantes quedan exceptuados de las normas de publicidad y difusión de las actuaciones.
• Milei ya había invocado el mecanismo en 2024, con los decretos 370 y 807.