La conductora y modelo Julieta Prandi volvió a exponer la desprotección judicial que atraviesan muchas mujeres incluso después de una condena penal.

A través de sus redes sociales, reclamó que la Justicia de San Isidro haga cumplir el pago de la cuota alimentaria que su exesposo, Claudio Contardi, adeuda desde hace cuatro años. Contardi fue condenado a 19 años de prisión por violación y daño psicológico.

“¿Sería mucha molestia que, después de reclamar alimentos durante cuatro años, finalmente tomen las medidas correspondientes para que mis hijos reciban su cuota? Vengo haciéndome cargo de todo desde siempre”, escribió Prandi en su cuenta de X, en un mensaje dirigido al Juzgado N.º 2 de San Isidro. Y agregó, con ironía y hartazgo: “Muchas gracias, señora jueza. Usted entenderá que no es justo que una madre sostenga todo de por vida”.

Según detalló la propia conductora, el expediente por alimentos se inició el 29 de marzo de 2022 y, pese al tiempo transcurrido y a la condena penal firme contra el progenitor, la obligación básica de manutención sigue sin cumplirse. El reclamo vuelve a poner sobre la mesa una práctica extendida: la impunidad civil que persiste aun cuando la violencia fue probada en sede penal.

Violencia, sometimiento y control

Contardi fue condenado por violar a Prandi en reiteradas ocasiones entre 2015 y 2018, cuando estaban casados. La investigación comenzó recién en 2021, tras la denuncia presentada por la víctima ante la UFI N.º 4 de Escobar. En su declaración, Prandi reconstruyó un entramado de violencia física, sexual, psicológica y económica.

Relató que, tras mudarse a un country de Escobar, su entonces pareja la aisló de familiares y amistades, le prohibió manejar, la obligó a cambiar su número de teléfono y controlaba cada uno de sus movimientos. Los abusos comenzaron poco después del nacimiento del primer hijo y se profundizaron tras el parto, con agresiones sexuales forzadas, humillaciones y amenazas constantes.

En el expediente judicial también se describen prácticas de manipulación extrema: Contardi se presentaba como “pai” de la religión umbanda, la sometía a un control permanente bajo la amenaza de “rituales” y llegó a convencerla falsamente de que padecía cáncer. Las amenazas incluían frases como “no te dejo un solo hueso sano” y “vas a recibir una corona”.

La deuda que la Justicia no resuelve

El reclamo de Prandi no es sólo personal. Vuelve a evidenciar una falla estructural: la dificultad, o la falta de voluntad, del sistema judicial para garantizar el derecho alimentario de niñas y niños, aun cuando el progenitor está condenado por delitos gravísimos. La violencia no termina con la sentencia penal; se prolonga cuando el Estado no hace cumplir las obligaciones básicas y traslada todo el peso económico y emocional a las madres.

Cuatro años sin cuota alimentaria, con un expediente abierto y una condena firme, no son una excepción. Son parte de un patrón que sigue dejando a mujeres y a sus hijes a la intemperie, mientras la Justicia mira para otro lado.