La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la prisión preventiva de José Maiorano, director técnico del laboratorio HLB Pharma, en la causa que investiga la muerte de 111 personas tras la aplicación de fentanilo contaminado en hospitales públicos y privados del país.

La decisión fue adoptada por la Sala IV del máximo tribunal penal federal, integrada por Javier Hornos, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, quienes rechazaron por inadmisible el recurso presentado por la defensa del imputado.

Maiorano está procesado desde el 25 de septiembre de 2025 y detenido por orden del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, a cargo de una de las investigaciones sanitarias y penales más graves de los últimos años.

Una trama de negligencias con consecuencias fatales

Según consta en el expediente, el director técnico está imputado por adulteración de sustancias medicinales, delito que tuvo como resultado el fallecimiento de al menos 20 pacientes, en concurso real con la adulteración de medicamentos de un modo peligroso para la salud pública, en calidad de coautor.

La causa apunta al lote 31202 de fentanilo, un potente opioide de uso hospitalario, cuya orden de producción había sido emitida el 16 de diciembre de 2024 y que terminó contaminado durante el proceso de fabricación.

En ese entramado también aparece el dueño de HLB Pharma y Ramallo S.A., Ariel García Furfaro, a quien la Justicia le atribuye haber intervenido junto a al menos 16 integrantes del plantel de ambos laboratorios en decisiones clave vinculadas a la fabricación, distribución y comercialización del medicamento adulterado.

Alertas ignoradas y un sistema que falló

De acuerdo con el escrito judicial citado por fuentes del caso, las adulteraciones “derivaron de un proceso de fabricación con múltiples falencias, varias de ellas críticas, frente a una pluralidad de alertas que no fueron atendidas”.

Un combo letal: controles deficientes, omisiones empresariales y un medicamento destinado al uso público sanitario que terminó convertido en una trampa mortal.

La confirmación de la prisión preventiva marca un nuevo capítulo en una causa que expone, sin eufemismos, las grietas del control estatal y la responsabilidad penal de quienes manejan fármacos de alto riesgo.