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Estela De Carlotto y todo el arco político repudió el spot negacionista del Gobierno

Una multitudinaria marcha llegó a Plaza de Mayo y pidió por Memoria, Verdad y Justicia.

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Máximo Kirchner apuntó contra el Gobierno por el spot
El diputado nacional por el Frente de Todos, Máximo Kirchner, apuntó contra el Gobierno por el spot sobre el último gobierno militar.

“Desde la primera magistratura del Estado se pone en duda la tragedia argentina. Creo que eso nunca es bueno. Hay una situación de desprecio no solo por el pasado, las torturas, sino por el presente por la gente», lanzó el legislador.

Taty Almeida: «La persecución a los opositores vuelve a ser una práctica cotidiana»
La referente de Madres de Plaza Mayo-Línea Fundadora Taty Almeida aseguró que el Gobierno puso en marcha un protocolo represivo y que, al igual que durante la gestión de Mauricio Macri, la “persecución opositores» volvió «a ser una práctica cotidiana”.

“(El Gobierno) ha puesto en marcha un protocolo represivo, destinado a impedir el legítimo derecho a la protesta social”, lanzó Almeida en su discurso posterior al de la Estela de Carlotto y de Adolfo Pérez Esquivel.

En esa línea, continuó: “Así como hicieron Mauricio Macri y Patricia Bullrich, la persecución y difamación a los opositores políticos y sociales vuelve a ser una práctica cotidiana. Las defensas de personas detenidas en el país son expresión de la intimidación como política de Estado”.

Pérez Esquivel, contra el Gobierno: «Con el odio, la represión y el revanchismo no se puede construir»
El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel cruzó al Gobierno por el cuestionamiento de los 30 mil desaparecidos: “Con el odio, la represión y el revanchismo no se puede construir”.

“Le recordamos a este Gobierno que debe tener presente que con el odio, la represión y el revanchismo no se puede construir una sociedad más justa y fraterna», lanzó.

De Carlotto: «Las provocaciones de Milei y Villarruel violan todos los pactos internacionales»
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, aseguró que las «provocaciones» del presidente Javier Milei y la vice Victoria Villarruel violan “todos los pactos internacionales”. Lo hizo durante la lectura del documento que la institución elaboró junto a Madres de la Plaza de Mayo.

“Las constantes provocaciones del gobierno de Milei y Villarruel violan todos los pactos internacionales que tienen rango inconstitucional», lanzó de Carlotto en su intervención por el acto del Día de la Memoria.

En el inicio de la lectura, reafirmó que la participación de las fuerzas armadas en Rosario, Santa Fe, por la escala de violencia narco, es “contraria a su rol y pone en riesgo los derechos humanos de todos”.

En otra línea, Carlotto aseguró que los “principales civiles del terrorismo de Estado continúan, en su mayoría, impunes”. “Son el poder económico y empresarial del poder económico. Para ellos también exigimos juicio y castigo ¡ya!», resaltó.

Además, añadió: “Seguimos reclamando y preguntando dónde están los cuerpos de nuestros desaparecidos. ¿Dónde está Julio López”.

“La democracia argentina tiene una enorme deuda, restituir la identidad de unas 300 personas, la mayoría de ellas, nacidas en las maternidades clandestinas de la dictadura y que hoy son adultos de entre 43 y 49 años. Ayudemos entre todos a las Abuelas y a sus familias legítimas a encontrarlas”, agregó.

Las agrupaciones políticas y sociales llegan a Plaza de Mayo
Tras una caminata desde la ex Escuela Mecánico de la Armada, las organizaciones políticas y sociales llegan a la Plaza de Mayo con el objetivo de acompañar a las Madres y Abuelas, entre otros organismo de derechos humanos.

El equipo Argentino de Antropología Forense lanzó una nueva campaña de identificación
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) lanzó una nueva campaña de identificación de más de 600 cuerpos de víctimas de desaparición forzada, entre 1974 y 1983.

De esta manera, el EAAF se propone instar a aquellos ciudadanos que todavía tienen familiares desaparecidos. “Tenés derecho a saber si su cuerpo fue encontrado”, resalta el comunicado.

La muestra sanguínea es gratuita, confidencial y únicamente con fines identificatorios. La iniciativa fue lanzada hoy con motivo del Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

El EAAF es una institución insignia en la región y el mundo. Estuvo postulada al Premio Nobel de la Paz, en 2020.

Para quienes prestarse para el estudio pueden iniciar el trámite escribiendo a iniciativa@eaaf.org o llamando al 0800-345 3236.

Horacio Pietragalla: “Hay que discutir y responder a esas provocaciones, pero no ponernos nerviosos”
El exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla planteó la necesidad de “discutir y responder a esas provocaciones” que lanza el gobierno de Javier Milei, aunque pidió mantener la calma en la disputa.

En plena movilización, el referente de derechos humanos planteó que la movilización del 48º aniversario del Golpe Militar de 1976, la transita en un contexto distinto, con “un gobierno neoliberal, con un tinte negacionista, que relativiza los delitos de lesa humanidad como manifestó el Estado argentino en sus tres poderes”.

“Más allá de esta reivindicación que hacen el presidente y su vice, y uno piensa en los momentos en los que se daban las discusiones hace años atrás, hay algo totalmente distinto que hace la diferencia y hace que estas discusiones no tengan el mismo peso. Hay que discutir, y responder a esas provocaciones, pero no ponernos nerviosos”, remarcó sobre los discursos libertarios en torno a Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

En la misma línea, amplió: “Hoy no hay impunidad en nuestro país y eso se lo debemos a la lucha de los organismos de DDHH y por sobre todo a Néstor y Cristina (Kirchner) que tuvieron la valentía de radicar la impunidad de nuestro país y llevar adelante una política de Memoria, Verdad y Justicia que pusieron a la Argentina en un lugar privilegiado”.

“Por más que aparezcan sujetos que no están bien, que relativizan y hablan de excesos hoy están tras las rejas y hay y siguen habiendo condenas”, concluyó.

Mayra Mendoza: «Vamos a reconstruir nuestro proyecto político y vamos a volver a gobernar»
En el marco de la movilización en el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, cargó contra el gobierno que encabeza Javier Milei y habló de un “retroceso muy grande” en materia de derechos humanos.

“Le vamos a seguir poniendo el cuerpo, la cabeza, el corazón en las ideas, vamos a reconstruir nuestro proyecto político y vamos a volver a gobernar es una responsabilizada también con los 30 mil”, vaticinó desde la movilización desde la ExEsma a Plaza de Mayo.

En la misma línea, planteó que “hay 30 mil razones para caminar y para organizarnos cada día”, y aseguró que “en estos momentos de tanta violencia del negacionismo, de un intento tan marcado de querer darle un nuevo, pensado desde el mal, sentido al Nunca Mas nos llama a la reflexión”.

“Debemos hacer un ejercicio de memoria activa. Están haciendo algo muy perverso y un paralelismo de procesos políticos en democracia comparados a lo que fue la dictadura y amerita que la sociedad se comprometa”, arremetió respecto a los discursos libertarios

Asimismo, subrayó: “Que la solidaridad le pueda ganarle a la violencia. Hoy lamentablemente estamos viendo un retroceso muy grande”.

Críticas a Alberto Fernández
En otro pasaje de su breve entrevista, Mendoza cuestionó al expresidente Alberto Fernández al precisar que su gobierno, del cual formó parte, “no fue tan bueno” como esperaba y sostuvo que La Cámpora debió haberse mostrado más crítica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En un mensaje a la juventud, la intendenta de Quilmes afirmó: “Creo en los jóvenes, en los pibes y en el corazón. Estoy segura que si algo de esto que no es del todo bueno para ellos les llegó es porque nosotros no le hablamos antes, no pudimos acercarnos, porque somos más de la calle y los medios tradicionales que de las redes”, sostuvo.

“Hay ciertas cosas que uno tiene que reconoce, que el gobierno anterior de Alberto Fernández, del que formamos parte de alguna manera porque lo militamos y entendíamos que ese gobierno era bueno, lamentablemente no lo fue, no hubo oportunidades para los jóvenes, el salario se vio pulverizado, no se dio la discusión con el FMI como debería darse”.

La Cámpora concentra en la ExEsma
En el marco del Día de la Memoria, desde las 8, cientos de militantes de La Cámpora, sindicatos y organizaciones sociales kirchneristas se concentran en las inmediaciones de la ExEsma, ubicada en Avenida del Libertador 8151 para iniciar la movilización que culminará en Plaza de Mayo.

“Ni rencor ni odio: justicia y lucha”, reza la bandera de arrastre de la columna integrada también por referentes del espacio entre los que se destacan el diputado Máximo Kirchner; el senador Eduardo “Wado” de Pedro; la intendenta Mayra Mendoza; el dirigente del MTE, Juan Grabois, entre otros.

A minutos de salir, los militantes caminarán 13 kilómetros en conmemoración a los 30. 000 detenidos y desaparecidos por la dictadura cívico militar de 1976 que iniciará en Avenida Libertador y doblarán por Bullrich camino a Santa Fe hasta Callao, y por 9 de julio y Diagonal Norte hasta las puertas de Casa Rosada, donde acompañarán el acto de Madres, Abuelas y organismos de derechos humanos.

La movilización es transmitida, como suele suceder, por el canal de YouTube de la agrupación, desde donde irán compartiendo el testimonio de distintos participantes de la manifestación.

Con críticas a los discursos del presidente Javier Milei, al que califican “negacionista” del proceso dictatorial encabezado por la Junta Militar y el presidente de facto Jorge Rafael Videla, el peronismo da sus primeros pasos para culminar en la lectura de un documento conjunto.

En el marco del 48º aniversario del Golpe Militar de 1976, el peronismo, la izquierda, agrupaciones de Derechos Humanos y centrales obreras movilizarán a lo largo del día en conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

A pesar de haber acuerdo en el número de desaparecidos por la dictadura cívico-militar presidida por la Junta Militar y un presidente de facto Jorge Rafael Videla, cuestionado por el Gobierno de Javier Milei, las agrupaciones y movimientos políticos marcharán por los 30.000 detenidos desaparecidos de forma fragmentada.

Por la mañana, La Cámpora y organizaciones kirchneristas se concentrarán desde la ExEsma hacia Plaza de Mayo, horas más tarde, lo hará el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y agrupaciones de izquierda desde Avenida de Mayo hacia la plaza.

DDHH

Primero la ley, después el plan: el Gobierno recién ahora creó el programa para aplicar la baja de imputabilidad

Veinte días después de que entrara en vigencia la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, el Ministerio de Justicia creó por resolución el programa para implementarla. Su conducción, igual que la del nuevo plan contra la ciberdelincuencia, quedó en manos de asesores designados ad honorem.

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El Argentino Diario-Ministro de Justicia-Juan Bautista Mahiques.
Régimen Penal Juvenil: rige desde el 5 de septiembre pero recién ahora tiene programa de implementación.

La ley que permite juzgar penalmente a chicos y chicas de 14 años rige desde el 5 de septiembre, pero recién este viernes el Gobierno nacional creó el programa encargado de ponerla en marcha. El Estado habilitó primero el castigo y recién ahora empieza a construir la estructura que debía acompañarlo. Y lo hizo con una coordinación que no cobra por su tarea.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmó las Resoluciones 483/2026 y 484/2026, publicadas en el Boletín Oficial. La segunda creó el Programa de implementación del Régimen Penal Juvenil en el ámbito de la Dirección de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, que depende de la Subsecretaría de Política Criminal de la Secretaría de Justicia. La primera creó el Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB). En ambos casos, la conducción quedó a cargo de asesores designados «ad honorem».

Un programa que llega cuando la ley ya se aplica

Según la Resolución 484/2026, el programa «estará a cargo de un Coordinador, a quien le corresponderá la conducción y supervisión de las acciones y líneas de trabajo ejecutadas en su marco». Esas funciones fueron asignadas, sin remuneración, a la asesora Débora Eliana Di Girolamo.

Entre sus objetivos, la norma enumera «concertar la implementación integral del Régimen Penal Juvenil en el ámbito de la competencia nacional ordinaria y federal», impulsar la «centralidad y tutela efectiva de las víctimas en el proceso», contribuir a la formación especializada de los operadores judiciales y fortalecer la articulación entre ministerios, instituciones y jurisdicciones.

El texto también fija como meta «promover el diseño y gestión de un sistema de producción, compilación y sistematización de información estadística e institucional, para la evaluación de resultados de política criminal juvenil». Dicho de otro modo, las herramientas para medir si la reforma sirve para algo todavía están por diseñarse, cuando la ley ya lleva tres semanas en vigencia.

Las líneas de acción previstas son tres: la gestión del Cuerpo de Supervisores, con la «coordinación, supervisión técnica y estandarización de los protocolos de intervención» del personal que seguirá las medidas dispuestas; la atención y protección integral de las víctimas; y la formación y capacitación especializada de quienes intervienen en el sistema penal juvenil.

Otro de los objetivos declarados es promover intervenciones «basadas en evidencia orientadas a la reducción de la reincidencia delictiva». La paradoja salta a la vista: durante el debate legislativo, especialistas y organismos internacionales advirtieron que bajar la edad de imputabilidad no reduce el delito y que puede profundizar la exclusión y la propia reincidencia. El Gobierno invoca ahora la evidencia para gestionar una ley que se sancionó a contramano de ella.

De la sanción en el Senado a los tribunales

La Ley 27.801 fue aprobada de manera definitiva por el Senado el 27 de febrero, con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, y se publicó en el Boletín Oficial el 9 de marzo. Reemplazó al decreto ley 22.278, el Régimen Penal de la Minoridad dictado en 1980, durante la última dictadura, y bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, con penas de hasta 15 años de privación de la libertad. La propia norma fijó su entrada en vigencia a los 180 días de su publicación, plazo que se cumplió el 5 de septiembre.

Luego, el Poder Ejecutivo la reglamentó mediante el Decreto 875/2026, que designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal y lo facultó a dictar las normas complementarias para instrumentar el régimen. Las resoluciones de este viernes son la traducción administrativa de esa delegación.

El día que la ley empezó a regir, la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, celebró en sus redes: «Desde hoy no importa la edad: si delinquís, las pagás». El eslogan llegó a tiempo; el programa para aplicar la ley, tres semanas tarde.

La implementación ya generó choques en la Justicia. En Lomas de Zamora, la jueza de Responsabilidad Juvenil Marta Pascual había hecho lugar a un habeas corpus que suspendía la aplicación del nuevo régimen en la provincia de Buenos Aires, al considerar que no estaban dadas las condiciones para ponerlo en marcha. El 15 de septiembre, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de ese departamento judicial revocó ese fallo tras una apelación fiscal. En la Ciudad de Buenos Aires, la jueza Laura De Marinis declaró inconstitucional el artículo 1° de la Ley 27.801 y sobreseyó a un chico de 14 años acusado de un intento de robo; la decisión fue apelada por el Ministerio Público Fiscal porteño.

Ciberdelito y evidencia digital, con puertas abiertas a privados

La Resolución 483/2026 creó el PRONACIB en la órbita de la Subsecretaría de Política Criminal. Según el texto oficial, el programa «estará a cargo de un Coordinador, quien tendrá a su cargo la coordinación y el seguimiento de las acciones desarrolladas» en su marco. Para ese rol fue designado, también «ad honorem», el asesor de la Subsecretaría Mariano Tomás Rivas.

La norma habilita al PRONACIB a «constituir mesas interinstitucionales de articulación, de carácter general o especializado, con organismos, autoridades y actores públicos o privados». En un terreno tan sensible como la evidencia digital, la participación de actores privados abre preguntas sobre límites y controles que las resoluciones no responden.

Gestión ad honorem, castigo a tiempo completo

Las dos resoluciones comparten un rasgo: programas de alcance nacional, con objetivos ambiciosos, cuya coordinación descansa en asesores que no perciben remuneración por esa función. En el caso del Régimen Penal Juvenil, esa estructura deberá supervisar al cuerpo de profesionales que seguirá a los adolescentes sometidos a proceso, capacitar a los operadores y asistir a las víctimas.

La baja de la edad de imputabilidad se vendió como una respuesta inmediata a la inseguridad, pero su puesta en marcha revela improvisación. Mientras el oficialismo celebró la vigencia de la ley con consignas, la arquitectura institucional para aplicarla se arma por resolución, con la norma ya en funcionamiento y jueces que advirtieron que las condiciones no estaban dadas. Los que quedan en el medio son chicos y chicas de 14 y 15 años.

Lo que tenés que saber:

  • El Ministerio de Justicia creó el Programa de implementación del Régimen Penal Juvenil mediante la Resolución 484/2026, veinte días después de que la Ley 27.801 entrara en vigencia.
  • La coordinación del programa quedó a cargo de la asesora Débora Eliana Di Girolamo, designada ad honorem.
  • La Resolución 483/2026 creó el PRONACIB, dedicado a ciberdelincuencia y evidencia digital, coordinado ad honorem por Mariano Tomás Rivas y habilitado a articular con actores privados.
  • La Ley 27.801 baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y prevé penas de hasta 15 años de privación de la libertad.
  • La aplicación del régimen ya fue cuestionada por las juezas Marta Pascual, en Lomas de Zamora, y Laura De Marinis, en la Ciudad de Buenos Aires.
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