El juez federal Gustavo Zapata rechazó el pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa de Konstantin Rudnev, el ciudadano ruso acusado de liderar una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual en San Carlos de Bariloche.

Rudnev, de 56 años, único detenido en la causa, había solicitado el beneficio por supuestos problemas de salud. Sin embargo, el magistrado desestimó el reclamo luego de que médicos del Servicio Penitenciario Federal confirmaran que el imputado no padecía enfermedades graves ni requería atención médica fuera del penal. «Cada vez que solicitó asistencia, fue atendido por un profesional», indicaron fuentes judiciales.

La defensa presentó un recurso y se espera que una cámara federal defina en los próximos días si la resolución de Zapata se sostiene o es revocada. Mientras tanto, Rudnev permanece detenido, acusado de ser el líder de una organización criminal internacional con base en la Patagonia.

La “secta de Sirio”: explotación espiritual y abuso sexual

Según la investigación del Juzgado Federal de Bariloche, Rudnev dirigía una estructura coercitiva y jerárquica que captaba mujeres vulnerables en Europa del Este con promesas de iluminación espiritual. Una vez en la Argentina, eran sometidas a situaciones de servidumbre, abuso psicológico y explotación sexual.

El grupo funcionaba bajo una doctrina delirante: Rudnev se hacía llamar “Gran Chamán Shri Dzhnan Avatar Muni” o “extraterrestre de Sirio”. Según el expediente, mantenía a sus seguidoras bajo privaciones extremas, obligándolas a trabajar hasta cuatro horas diarias con muy poca comida.

Una testigo relató que cuando las mujeres comenzaban a perder los dientes, el líder les decía: “Estás renaciendo como un hombre de la sexta raza que no necesita dientes, porque se alimenta de energía divina”.

Antecedentes penales y vínculos internacionales

El expediente argentino no fue el primero en denunciar la peligrosidad de Rudnev. En 2013, el Tribunal de Novosibirsk (Rusia) lo condenó a once años de prisión por abuso sexual y desapariciones de personas en Montenegro, una república de la ex Yugoslavia.

Tras cumplir condena en Europa, Rudnev se instaló en la Patagonia, donde reactivó su red bajo una fachada pseudoespiritual. La organización, que operaba en casas alquiladas y zonas rurales de Bariloche, ya había sido detectada por organismos internacionales como la ONG Human Rights Without Frontiers, que lo incluyó en informes sobre sectas peligrosas en Europa del Este.

Falsedad ideológica y trata de personas

El juez también imputó a 19 mujeres y un hombre —todos excarcelados— por integrar la estructura criminal. Además, uno de los cargos más sensibles fue el de falsedad ideológica, atribuido a una de las colaboradoras, quien habría intentado modificar datos en la partida de nacimiento de un menor, con el objetivo de conseguir un DNI argentino con identidad falsa.

El caso puso en alerta a las fiscalías especializadas en trata de personas, que advirtieron sobre el uso de herramientas burocráticas para facilitar la permanencia irregular de víctimas o niños nacidos en el contexto de estas redes.

Un caso que expone las fisuras del control migratorio y judicial

La llegada de Rudnev a la Argentina, luego de su liberación en Rusia, abrió interrogantes sobre los mecanismos de control migratorio y cooperación judicial entre países. A pesar de sus antecedentes penales por delitos graves, logró instalarse sin mayores restricciones en una zona turística clave como Bariloche.

El caso también reavivó el debate sobre la respuesta estatal frente a las organizaciones coercitivas, en un país donde, según estimaciones de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), existen más de 1.200 investigaciones abiertas por explotación sexual y laboral desde 2015.