La jueza de instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores N° 2 de La Rioja, Gisela Flamini, levantó la orden de detención contra Delfina Silva Zarranz, la madre de la niña Arcoíris, y dispuso un plazo de 24 horas para que intervenga en el caso el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, tras un operativo policial donde se buscó la revinculación forzada de la nena con su padre, alertó la defensora Marisa Graham.

«Nos apersonamos porque lo que estaba por suceder es una revinculación forzada: la separación de un niño o niña de su mamá o papá en contra de su voluntad, La nena (Arcoíris) estaba en una situación de mucha angustia y estrés», dijo hoy Graham, defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Anoche se suspendió la orden de allanamiento sobre el domicilio de Silva Zarranz, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, y no se hizo efectiva su detención, luego de que organizaciones, activistas, funcionarias y políticas que vienen acompañando a la niña y a su mamá se autoconvocaran frente a la casa, donde la División Delitos Contra Grupos Vulnerables de la Policía de la Ciudad intentaba cumplir el pedido de la jueza riojana.

La orden judicial reclamaba efectivizar la detención por «desobediencia a la autoridad e impedimento de contacto de hijos menores con sus padre no convivientes agravado en concurso real y acumulado».

Arcoíris, nombre ficticio para preservar su identidad, es una niña de 7 años que relató haber sido abusada por su abuelo paterno, a quien vio tras ser llevada por su padre, a pesar de recaer sobre él una prohibición judicial de acercarse a la nieta, en encuentros ocurridos en La Rioja.

La mamá de la niña hizo la primera denuncia por abuso sexual en 2018 y se sucedieron otras, hasta que decidió mudarse a la ciudad de Buenos Aires y pidió la intervención de la Justicia nacional.

El progenitor de la niña también hizo denuncias ante la Justicia riojana, y pidió revincularse con Arcoiris.

El operativo policial para cumplir con la orden de la jueza Flamini comenzó ayer a las 18 en un domicilio porteño, sin la presencia de «ninguna autoridad de los organismos de niñez», como debe ser cuando hay niñas y niños afectados por una decisión judicial, indicó una de las abogadas de la madre de Arcoíris, Aldana Ross.

Al domicilio se acercaron anoche la diputada nacional Mónica Macha (FdT); la legisladora porteña Ofelia Fernández (FdT); la defensora Graham; el defensor adjunto Juan Facundo Hernández; María Elena Naddeo, directora de Niñez y Género de la Defensoría del Pueblo porteña; además de alrededor de 50 personas autoconvocadas, y más tarde integrantes del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

«Fue una pesadilla que temimos muchas veces», dijo Alejandra Glatzel, integrante de la Mesa Justicia por Arcoíris, conformada para «abrazar a esta mamá protectora en la lucha por esta niña» y «generar las garantías para que Arcoíris pueda vivir una vida libre de violencias».

Sobre el hecho, la abogada Ross recordó que la niña estaba «en una situación totalmente estresante, donde gritaba, lloraba y no quería que la lleven a ningún lado».

«Decida lo que decida la Justicia, la revinculación no puede ser forzada. Hay que dar tiempo, tiene que ser respetado su proceso. No es un paquete que va de un lado a otro, y mucho menos con la fuerza policial. Tendría que haber estado presente desde el primer momento el Consejo, pero fueron comunicados tarde», resaltó Graham.

Por su parte, el defensor adjunto Hernández destacó «dos derechos fundamentales» de las infancias en los procesos judiciales: «Por un lado, el derecho a ser oída. Ella tiene que ser escuchada de manera correcta. Y en segundo lugar, evitar la violencia institucional».

Además insistió en la necesidad de que «la Justicia de La Rioja investigue» y que las causas penales sobre abusos en las infancias «deben ser investigadas en tiempo y forma y con diversas medidas de prueba, más allá del uso del cuerpo de la niña como es en este caso».

«No más determinaciones probatorias en el cuerpo de la niña, sino que tiene que haber otros elementos probatorios», sintetizó.

Actualmente «hay alrededor de 15 causas judiciales» vinculadas al caso Arcoíris originadas en La Rioja y en la ciudad de Buenos Aires, entre las que se encuentran denuncias de parte de su madre por violencias y abusos del progenitor y su familia, y de parte del padre por «impedimento de contacto», informó Elida Barrera, otra de las abogadas de la familia materna.

«Esto requiere de una articulación armoniosa de los distintos poderes judiciales donde no se revictimice a la niña», indicó el defensor adjunto Hernández.

Anoche, la jueza Flamini además de ordenar que se levante el allanamiento a Zarranz, dispuso 24 horas para que el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes intervenga con el objetivo de encontrar una solución favorable para la niña.

Sobre el futuro de Arcoíris, la abogada Ross detalló que «por lo menos de manera provisoria la niña estará junto a su mamá» y que «continúan vigentes las medidas de protección fijadas por la Justicia Nacional en lo civil de la Capital Federal en contra del progenitor» por lo que «tiene totalmente prohibido desde junio de 2022 todo tipo de contacto con la niña».

«También estamos a la espera de que el Poder Judicial de La Rioja avance con la resolución de las causas por abuso sexual en las cuales está denunciado el abuelo paterno de la niña», añadió, y advirtió que la Justicia riojana insiste en violar «los derechos humanos de Arcoíris» y en «la criminalización de Delfina como mujer y madre protectora».

Se identifica como madre protectora a mujeres que acuden a la Justicia para denunciar violencias contra sus hijos por parte de los padres. Muchas de ellas, como en este caso, son denunciadas por los progenitores y acusadas de mentir.

Las abogadas señalaron a su vez que la madre «se sometió a todas las pericias psicológicas y le dieron bien. No así el abuelo que se negó a hacerlo», mientras sobre la niña informaron que durante todo el año «estuvo yendo al colegio» y que «todos sus logros se verían afectados» si se lleva adelante la revinculación.

Ante esta situación pidieron que la ciudad de Buenos Aires «se reconozca como centro de vida de la niña».

«El Poder Judicial tiene que actuar conforme el interés superior de la niña, garantizarle una vida libre de violencias, bienestar y protección a su salud, a su integridad y su vida», concluyó Ross.