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Espionaje

Temerario: Macri presentó otro pedido de autorización para irse, esta vez, a Miami

El nuevo pedido de autorización para salir del país fue presentado por la defensa del procesado expresidente antes de que se le respondiera otro planteo formulado días atrás con el objetivo de que se le habilite un viaje a Uruguay, previsto para los días 8 y 9 de marzo.

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El expresidente Mauricio Macri presentó este miércoles otro pedido de autorización judicial para salir del país, esta vez con la excusa de cumplir con una invitación que le fuera formulada para viajar en marzo a Miami, Estados Unidos, para dar un curso en la Universidad Internacional de Florida.

La presentación fue formulada por el abogado del exmandatario, Pablo Lanusse, ante el juzgado a cargo del magistrado Julián Ercolini donde tramita la causa en la que se investiga el supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes fallecidos en el submarino ARA San Juan.

El nuevo pedido de autorización para salir del país fue presentado por la defensa del procesado expresidente antes de que se le respondiera otro planteo formulado días atrás con el objetivo de que se le habilite un viaje a Uruguay, previsto para los días 8 y 9 de marzo.

«Macri recibió invitación para participar como Senior Leadership Fellow en The Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University (…) En el marco de las actividades de ese programa, mi ahijado procesal necesita concurrir a la ciudad de Miami, Estados Unidos de Norteamérica desde el 13 al 18 de marzo de 2022», detalló su abogado en el escrito.

«El arraigo del Sr. Macri se encuentra sobradamente acreditado, tanto familiar, como social y laboral, quedando claro también, que el viaje que se informa y cuya autorización se solicita, no significa riesgo alguno para el normal desarrollo de esta causa», aseguró Lanusse al reclamar que se le conceda el permiso solicitado para el expresidente.

Ante el nuevo pedido, la querella de familiares de tripulantes del submarino ARA San juan que encabeza la abogada Valeria Carreras anticipó que manifestará su oposición, y señaló que el exmandatario está haciendo alarde del poder del que goza en calidad de expresidente.

«Vamos a oponernos no solo a la salida del país con destino a Miami, sino que vamos a exponer el modo en que está alardeando su poder el expresidente Macri», sostuvo Carreras y dijo que «el procesado tiene el tupé de referirse a un ciclo lectivo al que concurrirá, que está iniciado en enero y culmina en abril. En ésta autorización se vuelve a reír de todos».

Asimismo, enfatizó que «esta querella solo tiene la ley y la obligación de dejar por escrito cada oposición motivada y fundada, porque si la historia la escriben los que ‘mandan’ quiere decir qué hay otra historia».

El pasado 1 de diciembre Macri fue procesado por el juez federal de Dolores, Martín Bava, por el espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino desaparecido durante el Gobierno de Cambiemos, resolución que fue apelada por la defensa del expresidente.

A principios de febrero Bava remitió a los tribunales federales porteños las causas en las que se investigan esas supuestas maniobras y aquellas desplegadas desde las denominadas bases AMBA de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la causa quedó en manos del juez Ercolini.

Espionaje

Milei le dio un nuevo estatuto a la SIDE por Decreto

El Gobierno libertario lo presenta como una supuesta medida de profesionalización, pero la falta de debate legislativo y el poder discrecional que conserva el Ejecutivo sobre el organismo generan preguntas que el decreto no responde.

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El Argentino Diario-Casa Rosada-Casa de Gobierno-Presidencia.

El Gobierno Nacional «reorganizó» por decreto el régimen laboral de los agentes de inteligencia del Estado. A través del Decreto 1021/2026, publicado en el Boletín Oficial, aprobó un nuevo estatuto para el personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) que reemplaza las normas anteriores y establece un esquema integral de carrera, formación, remuneraciones y condiciones de egreso para quienes integran el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN).

La medida fue presentada por el Ejecutivo como un paso hacia la profesionalización del organismo, con el argumento de consolidar un cuerpo de trabajadores especializados capaz de mantener continuidad más allá de los cambios políticos. Sin embargo, el mecanismo elegido, un decreto presidencial sin intervención del Poder Legislativo, resulta coherente con el estilo de gestión de La Libertad Avanza: concentración de decisiones en el Ejecutivo, velocidad normativa y escaso control parlamentario sobre áreas sensibles del Estado.

Qué establece el estatuto

El nuevo régimen fija que el ingreso y la promoción dentro de la SIDE deberán contemplar criterios técnicos, éticos y profesionales. La capacitación permanente queda establecida como uno de los ejes centrales del desarrollo de los agentes, con actividades orientadas a actualizar y fortalecer conocimientos y competencias en materia de inteligencia. El estatuto dispone además la creación de un plan de carrera con formación técnica, humana y profesional, basado en principios de idoneidad, transparencia, igualdad de oportunidades, mérito y profesionalización.

La normativa también busca vincular los salarios con las responsabilidades de cada agente. Las remuneraciones deberán guardar correspondencia con las capacidades técnicas, las funciones y los grados jerárquicos, para evitar diferencias discrecionales entre trabajadores con funciones, trayectoria y antigüedad similares; una formulación que, en la práctica, quedará sujeta a la reglamentación interna del organismo.

Derechos y condiciones de egreso

Entre los principales derechos reconocidos figura la estabilidad laboral para quienes integren la planta permanente una vez confirmados en sus cargos. La desvinculación solo podrá producirse por las causas y mediante los procedimientos establecidos por el propio estatuto. Los agentes tendrán derecho a percibir remuneraciones acordes a las escalas de su categoría, además de bonificaciones, compensaciones y otros conceptos, junto con acceso a capacitación, licencias, asignaciones familiares, obra social y beneficio jubilatorio.

El régimen contempla mecanismos para presentar consultas y reclamos cuando un trabajador considere que sus derechos fueron afectados, y establece distintas modalidades de promoción: por ascenso ordinario, por méritos extraordinarios o mediante ascenso post mortem. También reconoce el principio de igualdad de oportunidades dentro de la carrera y prohíbe tratos diferenciados por motivos ajenos a la aptitud y conducta profesional.

Un decreto en una zona de sombras

El estatuto llega en un contexto en el que la SIDE acumula cuestionamientos. El organismo, que funciona bajo la órbita directa de la Presidencia, está en el centro de varias investigaciones vinculadas a la gestión libertaria. El decreto regula el vínculo laboral de los agentes pero no toca la estructura de control político sobre el organismo ni los mecanismos de supervisión externa, que en Argentina han sido históricamente insuficientes.

La decisión de avanzar por decreto, sin debate parlamentario, en un área tan sensible como la inteligencia del Estado, se inscribe en una tendencia que la oposición ya denunció en otros ámbitos: la de legislar por la vía rápida para evitar el escrutinio de las cámaras. El estatuto puede leer como modernización institucional o como consolidación del poder discrecional del Ejecutivo sobre el aparato de inteligencia, según quién lo lea.

Lo que tenés que saber

  • El Decreto 1021/2026, publicado en el Boletín Oficial, aprueba un nuevo estatuto para el personal de la SIDE.
  • La norma establece criterios de ingreso por mérito, plan de carrera, capacitación permanente y remuneraciones acordes a funciones y jerarquía.
  • Reconoce estabilidad laboral para la planta permanente y fija mecanismos formales para la desvinculación y para presentar reclamos.
  • La medida fue adoptada por decreto, sin intervención del Congreso, en un área históricamente sensible como la inteligencia del Estado.
  • El estatuto no modifica la estructura de control político sobre el organismo ni refuerza los mecanismos de supervisión externa.
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