DDHH
Abuelas de Plaza de Mayo lanza campaña solidaria a 48 años de su creación
La organización busca «sumar donantes», «visibilizar su trabajo» y continuar la búsqueda de más de 300 nietos desaparecidos. La iniciativa «Soy de Abuelas» se extenderá hasta el 22 de octubre, Día Nacional del Derecho a la Identidad.
⬛ La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo lanzó la campaña «Soy de Abuelas» en el marco de la conmemoración de los 48 años de su creación, que se cumplirán el próximo 22 de octubre. La iniciativa busca fortalecer la histórica lucha por la búsqueda de los nietos apropiados durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).
Según informó la organización en un comunicado oficial, la campaña se desarrollará desde el 22 de septiembre hasta el 22 de octubre, Día Nacional del Derecho a la Identidad, con el objetivo de «sumar nuevos donantes mensuales», «visibilizar su trabajo» y continuar con el encuentro «de los más de 300 nietos y nietas apropiados».
Un legado de casi cinco décadas de búsqueda
«Desde el 22 de septiembre y hasta el 22 de octubre, Día Nacional del Derecho a la Identidad, realizaremos esta campaña para visibilizar nuestro trabajo, la especificidad de las herramientas construidas por Abuelas de Plaza de Mayo y el valor social de nuestra tarea, que hoy necesita ser acompañada también económicamente por la sociedad», señalaron desde la Asociación.
La organización recordó que desde octubre de 1977 «encontró a 140 nietos y nietas apropiados durante la última dictadura cívico militar» y también contribuyó a que «muchas personas puedan conocer su origen biológico». En este sentido, destacaron: «Hemos consolidado y generado las herramientas en torno al derecho a la identidad».
Compromiso ciudadano y apoyo económico
La campaña «Soy de Abuelas» invita a los ciudadanos a «seguirse comprometiendo con la búsqueda», acompañar «a quienes dudan de su origen» y aportar toda la información que puedan «sobre posibles hijos e hijas de personas desaparecidas».
Además, la iniciativa incorpora por primera vez un componente de financiamiento ciudadano, permitiendo que las personas se sumen con un aporte económico «desde $4.800 pesos mensuales para sostener esta tarea».
«Donar es fácil: Ingresá al link desde Argentina o el exterior y convertite en donante de Abuelas. Quienes se sumen entre el 22 de septiembre y el 22 de octubre, podrán pasar a buscar su sticker de ‘Soy de Abuelas’ por nuestras filiales de la asociación y así llevar el distintivo de esta familia que sigue buscando, hasta encontrar al último nieta o nieto», concluyeron desde la Asociación.
La lucha continúa
A 48 años de su creación, Abuelas de Plaza de Mayo mantiene vigente su compromiso histórico con la memoria, la verdad y la justicia. La búsqueda de los más de 300 nietos que aún faltan encontrar representa uno de los desafíos más significativos en materia de derechos humanos en Argentina.
Puntos clave:
• Abuelas de Plaza de Mayo cumple 48 años el 22 de octubre próximo
• La campaña «Soy de Abuelas» busca sumar donantes y visibilizar el trabajo de la organización
• Desde 1977, la Asociación encontró a 140 nietos apropiados durante la dictadura
• Aún quedan más de 300 nietos por encontrar
• El aporte mínimo para sumarse como donante es de $4.800 mensuales
DDHH
Myanmar cometió genocidio: la CIJ responsabilizó por primera vez a un Estado
El máximo tribunal de la ONU concluyó que las fuerzas birmanas mataron a unos 10.000 rohinyás en 2017 y empujaron a 700.000 al exilio. Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y garantizar el regreso de los desplazados.
Unos 10.000 rohinyás asesinados, alrededor de 700.000 expulsados hacia Bangladés y cerca de 400 aldeas arrasadas: con esas cifras sobre la mesa, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó este jueves que Myanmar cometió genocidio contra esa minoría musulmana durante las operaciones militares de 2017. Es la primera vez en su historia que el máximo tribunal de Naciones Unidas declara a un Estado responsable de haber cometido ese crimen.
El fallo, de 191 páginas, fue leído durante casi tres horas en La Haya por el presidente del tribunal, el juez japonés Yuji Iwasawa, en la causa que Gambia inició en noviembre de 2019 por violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. «La República de la Unión de Myanmar ha cometido genocidio contra el grupo rohinyá en el norte del estado de Rajine», afirmó Iwasawa. La decisión se adoptó por nueve votos contra seis y es definitiva, obligatoria para las partes e inapelable.
Qué dio por probado la Corte
El tribunal consideró respaldada por el expediente la estimación de unos 10.000 muertos, que surge de una misión independiente de la ONU, y concluyó que las fuerzas de seguridad y otros órganos del Estado cometieron actos prohibidos por los incisos a, b y d del artículo II de la Convención: matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental y medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo. También determinó que Myanmar no previno ni castigó el genocidio.
Iwasawa describió la «violencia extrema» del ejército contra las comunidades rohinyás del estado de Rajine y sostuvo que el asesinato de bebés respalda la inferencia de que las fuerzas de seguridad buscaban impedir nacimientos dentro del grupo. Según el tribunal, cerca de 400 de las casi 1.000 aldeas de tres municipios del norte, alrededor del 40%, fueron destruidas total o parcialmente durante y después de 2017, y sobre los terrenos despejados se levantaron construcciones a toda velocidad.
Lo que deberá hacer Myanmar
La sentencia ordenó a Myanmar adecuar su legislación a las obligaciones de la Convención, investigar y, cuando corresponda, juzgar y castigar a los sospechosos, ofrecer garantías de no repetición, permitir el regreso «seguro, voluntario y digno» de los desplazados y la reunificación de las familias, e indemnizar al grupo rohinyá y a sus integrantes. El monto se fijará en una etapa posterior, y el Estado birmano tendrá dos años para informar qué medidas de restitución adoptó y qué compensación propone.
El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el fallo como un «poderoso reconocimiento a las víctimas rohinyá del genocidio» y sostuvo que terminar con la impunidad es indispensable para la reconciliación en Myanmar. Pero la CIJ no tiene medios propios para hacer cumplir sus decisiones, y el comandante que encabezó aquella ofensiva, Min Aung Hlaing, es el mismo que lideró el golpe de Estado de 2021.
Un techo que se rompió
El caso recorrió un largo camino: en enero de 2020 la Corte ordenó medidas provisionales para proteger a los rohinyás, en julio de 2022 rechazó las objeciones de Myanmar y se declaró competente, y en enero de este año escuchó tres semanas de alegatos, en los que el representante birmano Ko Ko Hlaing defendió la campaña militar como una respuesta a ataques de milicianos rohinyás.
El fallo marca un antes y un después en el derecho internacional: en Bosnia contra Serbia, en 2007, la Corte solo había condenado a un Estado por no prevenir un genocidio, el de Srebrenica, pero no por cometerlo. En Croacia contra Serbia, en 2015, rechazó las dos demandas por no haberse probado la intención específica de destruir a un grupo.
El capítulo argentino
La causa tiene un correlato directo en Comodoro Py. En noviembre de 2019, organizaciones rohinyás junto a organismos argentinos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y la organización del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una denuncia ante el juzgado de María Romilda Servini invocando el principio de jurisdicción universal. El 13 de febrero de 2025, la jueza dictó órdenes de detención contra 25 funcionarios militares y civiles birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing y la ex consejera de Estado Aung San Suu Kyi. La sentencia de La Haya le da un respaldo inédito a una investigación que la Justicia argentina abrió cuando pocos países se animaban.
Lo que tenés que saber
- La CIJ declaró a Myanmar responsable de genocidio contra los rohinyás en 2017, por nueve votos contra seis.
- Es la primera vez que el tribunal determina que un Estado cometió genocidio.
- Se estiman unos 10.000 muertos, 700.000 desplazados y unas 400 aldeas destruidas.
- Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y permitir el regreso de los desplazados; Myanmar tiene dos años para informar.
- En la Argentina, la jueza Servini ordenó en 2025 la detención de 25 funcionarios birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing.
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