Investigación 🔎
Fentanilo letal: liberan a la madre de García Furfaro y se prepara la indagatoria al empresario
Nilda Furfaro obtuvo prisión domiciliaria tras su declaración, mientras que este viernes será el turno de su hijo, el titular de HLB Pharma, en los Tribunales de La Plata.
La Justicia Federal otorgó la prisión domiciliaria a Nilda Furfaro, madre del empresario Ariel García Furfaro y accionista de los laboratorios investigados por las muertes vinculadas al fentanilo contaminado. La medida se resolvió este jueves, tras iniciarse las indagatorias en la causa que mantiene en vilo al sistema de salud nacional.
Nilda Furfaro, de 68 años, es vicepresidenta de HLB Pharma y obtuvo la prisión domiciliaria luego de su declaración en la causa donde fue detenida por las muertes como consecuencia del fentanilo contaminado. La medida fue concedida mientras su defensa aguarda la resolución definitiva sobre el pedido de excarcelación que presentó durante la audiencia.
Avances en las indagatorias
Las audiencias comenzaron este jueves en los Tribunales de La Plata, a cargo del juez federal Ernesto Kreplak. Además de Nilda Furfaro, también fue beneficiado con prisión domiciliaria uno de los técnicos que el miércoles por la noche fue detenido tras un allanamiento en su domicilio, según confirmó la agencia Noticias Argentinas.
Para este viernes está programada la indagatoria de Ariel García Furfaro, el empresario titular de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo S.A., quien se entregó en la alcaidía de Ezeiza tras conocerse la orden de detención en su contra.
Una causa que puede derivar en 25 años de prisión
La Justicia concretó el arresto del titular de las empresas acusadas por las 96 muertes vinculadas con la droga. Los imputados enfrentan acusaciones que, según fuentes judiciales consultadas, podrían derivar en condenas de hasta 25 años de prisión.
El operativo de detenciones se concretó el miércoles por la noche y abarcó a 24 personas sospechosas para el juez Kreplak de tener algún tipo de relación en la elaboración y venta del fentanilo mortal, todas con inhibición de bienes y prohibición de salir del país.
La estructura familiar del laboratorio
Nilda Furfaro, de 68 años, es jubilada y fue detenida en su departamento de la calle Yerbal al 1000 por ser accionista y vicepresidenta del laboratorio HLB Pharma. Junto a ella fueron arrestados sus otros hijos Diego y Damián García Furfaro, así como la abuela de la familia, conformando un entramado societario que ahora está bajo la lupa judicial.
El laboratorio es señalado por la distribución del medicamento adulterado que ocasionó, hasta el momento, la muerte de 96 personas en hospitales de todo el país, en lo que se considera una de las tragedias sanitarias más graves de los últimos años.
La investigación continúa su curso mientras la Justicia busca determinar las responsabilidades de cada uno de los imputados en esta causa que mantiene en alerta al sistema de salud argentino.
Puntos clave:
- Nilda Furfaro, madre del empresario y vicepresidenta de HLB Pharma, obtuvo prisión domiciliaria
- Este viernes será indagado Ariel García Furfaro en los Tribunales de La Plata
- Los imputados enfrentan acusaciones por 96 muertes vinculadas al fentanilo contaminado
- La causa podría derivar en condenas de hasta 25 años de prisión
- Un total de 24 personas están bajo sospecha con inhibición de bienes
Investigación 🔎
La Corte dejó firme la condena del exjuez Reynoso por servir al Patrón del Norte
El exjuez federal de Orán recibió dinero del narco Delfín Castedo para dictar fallos a su favor, incluida una indagatoria fraguada con un impostor. Ya tenía otra condena firme a 13 años y ahora la Fiscalía irá por la unificación de penas.
Un narco prófugo, buscado como autor intelectual de un crimen, consiguió que un juez federal le concediera una eximición de prisión con una indagatoria en la que ni siquiera estuvo presente. La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a cinco años de prisión del exjuez Raúl Reynoso por cobrar para beneficiar a Delfín Castedo, conocido como «El Patrón del Norte».
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso de queja de la defensa por falta de fundamentación autónoma. Con esa decisión quedó firme la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta, que condenó al exmagistrado de Orán por cohecho pasivo en concurso ideal con falsedad ideológica de documento público y concusión, a cinco años de prisión, una multa de 90.000 pesos e inhabilitación absoluta por el término de la condena. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ya había confirmado el fallo en junio de 2025.
La indagatoria del impostor
Según se acreditó en la causa, Reynoso recibió dinero de Castedo y de su abogado defensor a cambio de resoluciones contrarias a derecho. El punto central de la investigación fue una declaración indagatoria atribuida al narco en diciembre de 2013, cuando estaba prófugo y tenía pedido de captura por la autoría intelectual del asesinato de Liliana Ledesma, ocurrido en 2006 en Salvador Mazza.
De acuerdo con la reconstrucción judicial que difundió la prensa salteña, Castedo no estuvo en aquella audiencia: en su lugar se presentó otra persona, que declaró y firmó con su identidad. Los peritajes caligráficos de Gendarmería Nacional determinaron que la firma no pertenecía al narcotraficante. Con esa declaración trucha, el juez le otorgó una segunda eximición de prisión y, en noviembre de 2014, lo procesó sin prisión preventiva.
La lista de favores empezó antes. En febrero de 2007, Reynoso había imputado a Castedo por asociación ilícita y lavado de activos y había ordenado su detención; en 2008, el prófugo se presentó a pedir la excarcelación y el juez se la concedió con el argumento de que estaba a derecho por haberla solicitado. Para la fiscalía, ese fue el primer acto de prevaricato, y el propio Castedo declaró que pagó por ese beneficio. La acusación vinculó los fallos con un soborno estimado en 40.000 dólares, gestionado a través del abogado Luciano Ciscato.
Cobros a un comerciante
La condena también incluye las exigencias de dinero al comerciante Pablo Elías Torres. Reynoso le habría reclamado pagos para autorizar el ingreso de mercaderías al país sorteando las restricciones vigentes; según se tuvo por probado en el juicio, el mecanismo contemplaba destinar el 5% de las utilidades del comerciante a una fundación presidida por un cuñado del entonces juez.
En el mismo expediente, Ciscato fue condenado a dos años y seis meses de prisión en suspenso y Castedo recibió tres años como coautor de cohecho activo.
Dos condenas firmes y una causa pendiente
No es la primera vez que la Justicia condena a Reynoso. En marzo de 2019, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta le impuso 13 años de prisión por concusión y prevaricato, en una causa que expuso un esquema de cobros a cambio de resoluciones favorables a imputados por narcotráfico y contrabando en el Juzgado Federal de Orán. Esa sentencia quedó firme en marzo de 2024 y ese mismo año el exjuez obtuvo la libertad condicional, tras más de ocho años de detención entre el penal de Güemes y el régimen domiciliario.
Con la segunda condena firme, la Fiscalía prevé pedir la unificación de penas, una definición que determinará si el exmagistrado vuelve a prisión. Además, Reynoso sigue con un tercer frente abierto: la causa por un presunto soborno de 150.000 dólares para favorecer a René Antonio «Choco» Arancibia, que permanece pendiente de juicio oral.
El caso Reynoso es la radiografía de cómo el narcotráfico puede comprar justicia en la frontera norte, y de lo que tarda el sistema en ponerle un límite.
Lo que tenés que saber:
- La Corte Suprema dejó firme la condena a cinco años de prisión del exjuez federal de Orán Raúl Reynoso.
- Fue condenado por cohecho pasivo, falsedad ideológica y concusión por beneficiar al narco Delfín Castedo, «El Patrón del Norte».
- Una de las resoluciones se basó en una indagatoria de 2013 en la que se presentó otra persona en lugar de Castedo.
- Reynoso ya tenía una condena firme a 13 años desde marzo de 2024 y estaba en libertad condicional.
- La Fiscalía prevé pedir la unificación de penas; resta un tercer juicio por un presunto soborno de 150.000 dólares.
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