Por segunda vez en menos de un año, el Senado sancionó la ley que actualiza el financiamiento de universidades nacionales, hospitales universitarios, ciencia y tecnología. Con 58 votos afirmativos, 10 en contra y 3 abstenciones, la iniciativa contó con un respaldo abrumador que deja al Ejecutivo frente a un escenario repetido: el posible veto presidencial.

Mayorías amplias y grietas opositoras

La oposición logró adelantar el debate y sortear el reglamento del Senado, que exige siete días entre el dictamen y el tratamiento en el recinto. El acuerdo interbloques permitió consolidar una mayoría de dos tercios, con el voto de Unión por la Patria, sectores radicales y provinciales.

Entre los rechazos estuvieron los seis senadores libertarios, Martín Goerling (PRO), la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, Francisco Paoltroni y Carolina Losada, quien en 2024 había votado a favor de un proyecto similar. Juan Carlos Romero, Victoria Huala y Andrea Cristina se abstuvieron.

El senador Maximiliano Abad fue contundente: “Gobernar sin presupuesto es como navegar sin brújula”, en alusión directa al Ejecutivo.

Una actualización atada a la inflación

Qué dice la ley

Reajuste de partidas presupuestarias al 1° de enero de 2025, según la inflación de 2023 y 2024.

Incrementos bimestrales hasta fin de año en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023, con actualizaciones mensuales posteriores.

Fondos específicos para becas estudiantiles, investigación y hospitales universitarios.

El radical Víctor Zimmerman apoyó el esquema: “Es muy oportuno que lo remunerativo acompañe el impacto de la inflación”.

Resistencia oficial y el fantasma del veto

El Gobierno ya dejó clara su posición. Tras la media sanción en Diputados, La Libertad Avanza publicó en X: “El superávit fiscal no se negocia”, interpretado como un adelanto del veto presidencial.

Según la CONADU, la inversión en educación superior cayó al 0,43% del PBI, frente al histórico 0,80%. El año pasado, un proyecto similar fue vetado y su costo fiscal estimado rondaba el 0,14% del PBI. Esta vez no hubo evaluación técnica de la Oficina de Presupuesto del Congreso, aunque se espera un impacto similar.

Congreso versus Casa Rosada

La oposición busca exhibir fuerza anticipada con votaciones que superen los dos tercios. El objetivo es es dejar en evidencia el aislamiento del Ejecutivo y defender la continuidad del sistema universitario público.

Todo indica que Milei insistirá con el veto, en línea con su estrategia de ajuste fiscal. Pero la señal del Congreso fue inequívoca: el financiamiento de la universidad pública sigue siendo una prioridad para la mayoría política, más allá de las diferencias partidarias.