No hay prueba histórica de que Manuel Adorni fuera dueño de las ocho billeteras de bitcoin con las que justificó su patrimonio, según los informes técnicos de la Policía Federal que cita el propio fiscal. Y aun así, esa versión alcanzó para que Gerardo Pollicita no pudiera sostener la acusación por enriquecimiento ilícito.

El viernes 6 de noviembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó su dictamen ante el juez federal Ariel Lijo, en la causa abierta por una denuncia de la diputada Marcela Pagano contra el exjefe de Gabinete, que renunció el 27 de junio y fue reemplazado por Diego Santilli. Pollicita pidió que Lijo declare la incompetencia del fuero federal y remita el expediente a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, para investigar una posible evasión tributaria. No es un sobreseimiento: la decisión final quedó en manos de Lijo.

Una explicación sin comprobantes

La defensa respondió el 20 de septiembre al requerimiento de justificación patrimonial que Pollicita había enviado en agosto, con un plazo de 15 días. Según ese escrito, Adorni invirtió unos 200.000 dólares en bitcoin, en compras presenciales y en efectivo, repartidos en ocho billeteras con actividad entre 2014 y 2018, y al liquidarlos obtuvo 591.544,61 dólares, que guardó fuera del sistema bancario.

Una verificación criptográfica posterior confirmó que las claves de las ocho billeteras están hoy en poder de la defensa. Pero los técnicos aclararon que una firma válida hecha hoy demuestra acceso actual, no cuándo empezó ese acceso ni que fuera exclusivo, y que la red Bitcoin no guarda la identidad de quien hizo los movimientos.

Con ese cuadro, el fiscal sostuvo que la tenencia de 565.000 dólares que Adorni declaró al inicio de 2023 «no pudo ser desvirtuada por esta Fiscalía», y no encontró un vínculo con un acto funcional ni con una fuente ilícita asociada a la función. El fiscal no certificó que la inversión en bitcoin existió: concluyó que no pudo demostrar lo contrario.

Lo que el fiscal sí marcó como irregular

Pollicita no dio por cerrado el capítulo. Planteó que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales permanecieron años fuera de las declaraciones juradas, y recordó que la propia defensa reconoció que las rectificativas incorporaron «materia antes no declarada». Según el dictamen, los ahorros del matrimonio se conservaron en efectivo «por fuera del sistema bancario y del radar de ARCA».

Por eso propuso que el fuero Penal Económico determine, ejercicio por ejercicio, si hubo evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos, y pidió revisar la actuación de la escribana que intervino en las escrituras.

El cambio de figura favorece a la defensa, según consignó la prensa local: el enriquecimiento ilícito prevé prisión de 2 a 6 años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, mientras que en una causa por evasión el pago de la deuda tributaria podría extinguir la acción penal.

La lectura política: ¿el Papa como telón?

El dictamen se conoció el viernes 6, dos días antes de que León XIV llegara al país, y la oposición no tardó en vincular ambos hechos. La exvicepresidenta de la UIF y exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico, escribió en X: «USAN AL SANTO PADRE PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DE ADORNI». Sostuvo que, con el país pendiente de la llegada del Pontífice, el fiscal pidió convertir la causa en un asunto tributario, de los que se arreglan pagando.

El presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, escribió «ES JODA» en la misma red, ironizó con que el cambio de vida del exfuncionario se explique con un pendrive con criptomonedas y enumeró más de 400.000 dólares en efectivo para comprar propiedades y pagar obras, además de viajes y vuelos privados. La diputada Mónica Frade sostuvo que «el fiscal no tenía que acreditar nada», porque el enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba y es el acusado quien debe justificar su patrimonio.

El abogado Gregorio Dalbón, defensor de Cristina Fernández de Kirchner, unió la causa con $LIBRA y escribió: «Misma semana. Mismo Gobierno. Mismo final feliz». En rigor, el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y de otros nueve imputados en $LIBRA lo dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi el 23 de octubre, a pedido del fiscal Eduardo Taiano. La acusación de que se usa la visita del Papa para desviar la atención pertenece al terreno político y ninguna instancia oficial la confirmó.

Pagano pidió que Lijo rechace el cambio de fuero

La diputada Pagano, autora de la denuncia original, escribió en X que amplió la presentación con datos nuevos del Banco Central. Según su escrito, la cuenta de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en el Banco Galicia registró gastos de entre 13 y 18 millones de pesos por mes entre junio y septiembre, cuando su marido ya había dejado el cargo. Pidió que Lijo rechace la incompetencia, oficie a bancos y a ARCA, cite a Adorni a indagatoria y habilite la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

Pagano recordó además que el enriquecimiento ilícito puede investigarse hasta dos años después de concluida la función pública, un período que, según sostiene, la fiscalía no analizó: el tramo evaluado fue del 14 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2026. Ahora Lijo deberá resolver si acepta la incompetencia y envía el expediente al fuero Penal Económico, o si mantiene la causa en Comodoro Py. El dictamen no cierra el expediente, pero cambia la pregunta: de cómo se explica el patrimonio de un funcionario a si saldó sus cuentas con el fisco.

Lo que tenés que saber

• El 6 de noviembre, el fiscal Pollicita dictaminó que no hay elementos para sostener el enriquecimiento ilícito de Adorni y pidió pasar la causa al fuero Penal Económico.
• No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe decidir si acepta la incompetencia del fuero federal.
• El fiscal no pudo descartar que los 591.544,61 dólares vinieran de bitcoin de 2014 a 2018, pero los informes técnicos no acreditan la titularidad histórica de las ocho billeteras.
• Talerico, Ferraro, Frade y Dalbón cuestionaron el dictamen; la acusación de que se usa la visita del Papa para desviar la atención es política y no está confirmada.
• Pagano amplió la denuncia con datos del Banco Central y pidió que Lijo rechace el cambio de fuero.