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Alberto Fernández anunció un bono de fin de año de 20 mil pesos para estatales
El jefe de Estado presentó la medida junto al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y los secretarios generales de UPCN, Andrés Rodríguez y de ATE, Hugo Godoy.
El presidente Alberto Fernández anunció este martes desde la residencia de Olivos un bono especial de fin de año para trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional (APN) de 20.000 pesos, que incluye a más 350 mil empleados que percibirán dicha suma no remunerativa con el salario de diciembre.
“Es una medida más para recomponer los ingresos de los estatales”, sostuvo el mandatario en el acto de anuncio y destacó: “Cumplimos con nuestro compromiso de que en 2021 los salarios le ganen a la inflación”.
Según se informó en un comunicado, el jefe de Estado oficializó el anuncio durante una reunión que mantuvo en Olivos con el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y los secretarios generales de la Unión Personal Civil de la Nación (Upcn), Andrés Rodríguez, y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Hugo Godoy.
Según indicaron fuentes oficiales, se trata de una suma fija no remunerativa, no bonificable, extraordinaria y por única vez que alcanza a un universo de 350.525 de agentes dependientes de las jurisdicciones y organismos del Poder Ejecutivo Nacional y tiene un impacto presupuestario de 8.763 millones de pesos.

Entre los trabajadores y trabajadoras de la APN alcanzados se encuentra el personal civil, de Fuerzas Armadas y de Seguridad de ministerios y organismos descentralizados o desconcentrados, tanto en planta permanente como contratados en designación transitoria.
«La medida también abarca al personal que al mes de noviembre de 2021 realizaba una jornada laboral inferior a la prevista para su cargo. En ese caso, percibirá la suma fija no remunerativa no bonificable extraordinaria en forma proporcional a la prestación de servicios efectivamente realizada», se informó.
En tanto, quedan excluidos del pago las autoridades superiores y equivalentes, al igual que las trabajadoras y trabajadores de las empresas públicas o de mayoría accionaria estatal, de la banca pública nacional y de las universidades nacionales.
«La definición busca dar respuesta a la caída sostenida que se registró en los ingresos de los trabajadores del sector entre 2018 y 2019, que rondó el 38%, un porcentaje mayor al del ámbito privado formal en el mismo período», se remarcó desde el Gobierno nacional.
«En 2021 se aceleró el sendero de la recuperación salarial a partir del segundo semestre hasta quedar 8 puntos por sobre la inflación estimada para el año, como resultado de los incrementos salariales de 18 por ciento entre enero y mayo (como cierre de la paritaria 2020-2021) y de 40 por ciento entre junio y diciembre (como inicio de la paritaria 2021-2022)», concluye la información brindada desde la Presidencia.
Minutos antes del anuncio, el titular de Upcn dijo que el bono de fin de año para estatales otorgado por el Poder Ejecutivo hubiese podido llegar “a la cifra de 25 mil pesos”, en caso de que el principal bloque opositor no hubiera tenido la “actitud bastante antidemocrática” de rechazar el proyecto de Presupuesto 2022 en el Congreso.
“Habíamos solicitado 25 mil pesos, pero finalmente se transformó en una cifra de 20 mil, lo cual de cualquier manera es una cifra importante que alivia a fin de año la realidad de la familia estatal”, señaló Rodríguez.
En esa misma línea, el secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) e integrante de la conducción de la CGT estimó que el bono “es positivo”, pero agregó que “lamentablemente esos 5 mil pesos de diferencia se producen por la inconsistencia de la oposición al no haber aprobado el presupuesto nacional porque estaba previsto que dentro de la nueva posibilidad del presupuesto se podía llegar a la cifra de 25 mil”
Por su parte, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Hugo “Cachorro” Godoy, celebró la concesión de un bono de fin de año para trabajadores estatales nacionales y dijo que, durante 2021, este sector le ganó a la inflación.
“Estamos satisfechos, trabajamos para que esto se concretara y el Presidente entendió la necesidad de reconocer el esfuerzo de los trabajadores estatales”, dijo Godoy al hablar esta mañana en El Destape Radio.
Godoy agregó que, con el pago de este bono, se logra “el objetivo de que los trabajadores del Estado nacional queden por encima de la inflación en el transcurso de este año”.
Por otro lado, se conoció hoy que el Gobierno bonaerense, encabezado por Axel Kicillof, otorgará un bono de 8.000 pesos a los jubilados que perciben el haber mínimo, a quienes reciben pensiones sociales no contributivas y a destinatarios de programas sociales, se informó oficialmente.
A su vez, asistirá con un refuerzo de 3.000 pesos por niño o adolescente a instituciones sociales que trabajan con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.
La medida beneficiará a un universo de 176.144 personas, entre los que se encuentran niños, niñas y jóvenes, personas mayores, madres solas y personas con discapacidad; y también alcanza a más de 4.000 instituciones y centros que llevan adelante un rol social.
Desde el Gobierno bonaerense se aclaró que los titulares de ese derecho «no deberán hacer ningún trámite adicional para acceder al beneficio ya que se depositará en la misma cuenta donde reciben su prestación».
Córdoba
El TSJ de Córdoba liberó a Paola Ortiz tras 13 años presa por parir sola
El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba redujo la condena de prisión perpetua a 13 años y nueve meses, tiempo que la mujer ya cumplió, al incorporar perspectiva de género y reconocer el contexto de violencia, pobreza extrema y desprotección en que ocurrió el parto. El fallo marca un precedente en la justicia cordobesa y fue impulsado por más de diez organizaciones de derechos humanos y feministas.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba ordenó la libertad de Paola Verónica Ortiz, quien cumplía una condena a prisión perpetua desde 2015 por la muerte de su hija recién nacida. El máximo tribunal provincial fijó una pena de 13 años, 9 meses y 26 días, período que la mujer ya cumplió en detención, y resolvió su liberación inmediata. El hecho que motivó la causa ocurrió el 31 de octubre de 2012 en la localidad de Villa Nueva, Córdoba, cuando Ortiz atravesó un parto en absoluta soledad y sin asistencia médica.
Una condena perpetua ignoró el contexto
En el juicio original, la causa fue recalificada como homicidio calificado por el vínculo y derivó en la máxima pena prevista por el Código Penal. Sin embargo, el TSJ determinó que aquella sentencia ignoró las múltiples condiciones de vulnerabilidad que atravesaba la mujer al momento del hecho.
Las pericias incorporadas al expediente revelaron que Ortiz, que tenía 29 años en ese momento, presentaba un nivel intelectual inferior al promedio para su edad, antecedentes de abuso y abandono, y que al momento del parto se encontraba en un estado de desubjetivización que la llevó a actuar sin plena conciencia de sus actos.
El fallo también ponderó la violencia psicológica y económica que ejercía sobre ella su expareja, y el sometimiento al que la sometía su exsuegro, quien le exigía relaciones sexuales a cambio de un techo y la amenazaba ante la posibilidad de un embarazo con otro hombre. El TSJ cuestionó además que el juicio original la juzgara desde el mandato idealizado de la «buena madre» y que se le exigiera responsabilidad penal sin considerar que dio a luz sola, sin red de apoyo ni acceso al sistema de salud.
Perspectiva de género y estándares internacionales
Al reconsiderar la condena, el Tribunal aplicó un enfoque integral de género y los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre emergencias obstétricas en contexto de pobreza. El fallo no implicó una absolución, sino una reducción de la pena que, al coincidir con el tiempo ya cumplido, habilitó la liberación. El TSJ estableció así un precedente judicial relevante para el tratamiento de casos en que mujeres en situación de extrema vulnerabilidad enfrentan consecuencias penales derivadas de partos no asistidos.
Más de diez organizaciones impulsaron la revisión
La causa por la libertad de Paola Ortiz fue sostenida durante años por una articulación amplia de organizaciones feministas y de derechos humanos que se presentaron como amicus curiae ante el tribunal. Entre ellas figuran el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), la Asociación Civil Abogadas por Chaco, la Asociación Civil El Telar y Católicas por el Derecho a Decidir, entre otras. La campaña por su liberación se sostuvo bajo la denominación Mesa por la Libertad de Paola Ortiz y logró instalar el caso en la agenda pública como un paradigma de la criminalización de las mujeres pobres en el sistema judicial.
Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.
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