Una abogada de la División Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, que estuvo en el lugar donde tres efectivos atacaron a balazos a Lucas González y a sus tres amigos en el barrio de Barracas el pasado 17 de noviembre, es la primera civil investigada por su presunta participación en el encubrimiento del hecho, ya que para el fiscal su permanencia allí coincidió con el momento en el que se adulteró la escena y además «no estaba asignada al procedimiento».
«No se entiende la causa por la que una funcionaria de la División de Asuntos Internos y Contenciosos de la Policía de la Ciudad con una experiencia de casi 4 años y medio (…) y avezada en leyes del derecho, y específicamente en materia del derecho penal (se desempeña en División Asuntos Penales), se presente en el lugar y permanezca durante el tiempo que lo hizo durante la serie de conductas ilícitas que se llevaban a cabo allí», consideró el fiscal de Instrucción Leonel Gómez Barbella al pedir la detención e indagatoria de la letrada.
No obstante, el juez de la causa, Martín Del Viso, no hizo por el momento lugar a la petición respecto de la letrada -ni de otros cinco policías a quienes el fiscal también pidió indagar-, por entender que «luce prematuro e impide, además, efectuar una correcta imposición de los hechos en todo su eventual alcance típico», de acuerdo al la resolución a la que también accedió esta agencia.
Según la fiscalía, la abogada fue situada entre las 10.30 y 11 en Perdriel y Alvarado por testigos que la identificaron como una mujer «rubia», «vestida de civil y con pollera» que estaba junto a «un hombre de camisa blanca» que «observaba permanentemente» el interior del auto Volkswagen Suran de los adolescentes que había sido baleado e «iba y venía todo el tiempo» y «daba vueltas alrededor» del vehículo.
«La actividad desplegada por la imputada conllevó a modificar, ocultar y falsificar elementos de prueba con el consecuente aseguro de la continuidad de la ejecución de los delitos realizados a partir del arribo del automotor de los adolescentes», consideró el representante del Ministerio Público Fiscal.
Al pedir su detención, Gómez Barbella hizo constar que «la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad informó que la abogada se encontraba de guardia de ‘asistencia letrada inmediata'» aunque «no estaba asignada al procedimiento». El fiscal destacó además que mientras ella estaba en el lugar, dos de los amigos de Lucas «permanecían esposados en el suelo» y «les fue ‘plantada’ el arma de cotillón» en el auto.
«Frente a ello, fácil es concluir que al rodado en cuestión no se encontraba resguardado de cualquier otra persona ajena al procedimiento, porque claro está, la abogada referenciada se trataba de una funcionaria justamente que por sus propias actividades no debería permanecer en el sitio. En tal sentido, su presencia únicamente se justifica en brindarles ‘ayuda o asesoramiento legal’ al resto de los encausados policías para poder realizar los hechos ilícitos ocultando cualquier extremo que permita que sean descubiertos y ante su amparo se permitieron semejantes sucesos», escribió el fiscal.
Para el Ministerio Público, «el fraguado de actuaciones policiales», «el sufrimiento infundido» a los amigos de Lucas, «la utilización de testigos policías falsos mediante esos testimonios guionados en el sumario labrado por la Policía Federal Argentina» y «las maniobras encubridoras desplegadas», «forman parte de la matriz y ‘modus operandi’ evidenciado en la pesquisa de la que la abogada evidentemente no fue ajena».
Debido a que el juez no hizo lugar por el momento que sea indagada, Gómez Barbella continuará reuniendo pruebas en busca de sustentar con más elementos su acusación y volver a pedir el arresto de esa imputada y de otros cinco policías a quienes también pidió interrogar en el marco de la causa, dijeron los voceros consultados.
