La catástrofe sísmica que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio continúa revelando la magnitud de su devastación semanas después. El gobierno presidido de manera interina por Delcy Rodríguez difundió este lunes un nuevo balance oficial que eleva a 6.438 la cantidad de personas fallecidas, 137 más que en el parte anterior. La plataforma Desaparecidos terremoto Venezuela contabilizó, en simultáneo, 29.521 personas aún sin paradero conocido, una cifra que convierte esta tragedia en una de las peores de la historia reciente de América Latina.

La magnitud de la crisis humanitaria

Más allá del número de fallecidos, el informe oficial expone la extensión del daño social y habitacional. Las autoridades venezolanas inspeccionaron 59.109 edificaciones para determinar su habitabilidad. El resultado es alarmante: solo 34.680 resultaron habitables, mientras que 13.733 presentan restricciones y 10.696 fueron declaradas en alto riesgo. Ese dato implica que decenas de miles de familias no pueden regresar a sus hogares, aun cuando sobrevivieron a los sismos.

En el plano sanitario, más de 86.000 personas recibieron atención médica tras los terremotos. La emergencia no se agotó con el rescate de sobrevivientes: entre quienes lograron salir de los edificios colapsados hay personas que requieren intervenciones quirúrgicas, rehabilitación prolongada y dispositivos para recuperar movilidad. La presión sobre un sistema de salud ya deteriorado por años de ajuste y escasez se volvió estructural.

Rodríguez entregó este lunes 48 nuevos apartamentos en Caracas como parte de una política habitacional de emergencia que, según el Ejecutivo, combina construcción de viviendas, alquileres en el mercado secundario, financiamiento y reparaciones de edificaciones para las familias afectadas. La cifra, sin embargo, es apenas simbólica frente a la escala del desplazamiento registrado. En total, el Gobierno venezolano entregó 335 viviendas a las familias afectadas desde que comenzó la crisis.

El interrogante argentino: ¿qué pasaría si el sismo ocurriera aquí?

La tragedia venezolana disparó un debate doméstico en Argentina sobre el nivel de preparación ante riesgos sísmicos. El diputado Ramiro Gutiérrez, del Frente Renovador, presentó un proyecto de resolución para que el Gobierno nacional informe el estado de implementación del Sistema de Alerta Temprana AlertAR, los plazos previstos para alcanzar cobertura nacional y las capacidades técnicas disponibles para detectar, medir y alertar a la población frente a terremotos y otras catástrofes.

«Una catástrofe no siempre puede evitarse, pero podemos reducir sus consecuencias si logramos anticiparnos. Argentina necesita un sistema capaz de detectar una amenaza y alertar, en el menor tiempo técnicamente posible, a la mayor cantidad de argentinos que puedan estar en peligro«, sostuvo Gutiérrez. El proyecto busca conocer cuándo AlertAR estará efectivamente operativo y con alcance nacional, qué grado de avance presenta su implementación, qué empresas de telefonía móvil estarán integradas al sistema y cuánto tiempo transcurrirá desde que un organismo detecte una amenaza hasta que el mensaje llegue a los teléfonos en la zona de riesgo.

La iniciativa no es caprichosa. Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el país clasifica su territorio en cinco zonas de peligrosidad sísmica, de la 0 a la 4. El sur de San Juan y el norte de Mendoza se ubican en el área de mayor peligrosidad, que alcanza a sectores urbanos densamente poblados. Argentina comparte con Venezuela, Colombia y Chile el riesgo de pertenecer a una de las regiones tectónicamente más activas del planeta.

La pregunta que el legislador formula no es retórica. Los dos terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio y el sismo de magnitud 7,4 que golpeó Colombia días después renovaron la urgencia de que los países latinoamericanos cuenten con sistemas de alerta eficaces, con cobertura real y tiempos de respuesta mínimos. En Argentina, esa infraestructura de protección civil sigue siendo una promesa pendiente.