Chaco
Chaco negó que el fentanilo hallado en basurero sea del lote adulterado
El ministro Sergio Rodríguez confirmó que las dosis encontradas en Resistencia fueron adquiridas en 2022 por otro proveedor. Descartó vínculos con los medicamentos contaminados del laboratorio HLB Pharma.
El Ministerio de Salud de Chaco salió este miércoles a despejar dudas sobre las ampollas de fentanilo encontradas en un basurero de Resistencia, tras confirmar que no pertenecen al lote adulterado que mantiene en vilo al sistema sanitario nacional. El hallazgo había generado alarma por la posible conexión con los medicamentos contaminados producidos por el laboratorio HLB Pharma.
En conferencia de prensa, el ministro provincial Sergio Rodríguez fue categórico: «Ese lote no fue producido por HLB Pharma. Sabemos quién fue el proveedor, el laboratorio, y cuándo se distribuyó el último remanente», explicó el funcionario tras recibir los resultados del análisis realizado por el Instituto de Ciencias Forenses.
El hallazgo en el barrio Complejo Malvinas
El descubrimiento de las ampollas ocurrió el martes por la noche cuando efectivos del Departamento de Bomberos acudieron al barrio Complejo Malvinas de Resistencia por una alerta sobre la presencia del opioide en un basurero. La aparición de estas dosis generó inmediata preocupación por la posible vinculación con el escándalo sanitario que involucra a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., vinculados al empresario Ariel García Furfaro.
Los medicamentos contaminados de estos laboratorios provocaron la muerte de al menos 15 pacientes en hospitales de todo el país y mantienen bajo investigación judicial a varios funcionarios y empresarios del sector farmacéutico.
Falta de trazabilidad en la gestión anterior
Rodríguez aprovechó la conferencia para señalar las deficiencias heredadas en el control de medicamentos. «Al asumir esta gestión, el volumen casi total ya no estaba disponible en los depósitos», reveló sobre las dosis de fentanilo adquiridas en 2022.
El ministro también cuestionó la falta de sistemas de control previos: «Al inicio de la actual administración no existía un sistema unificado de gestión de insumos, lo que dificultaba la trazabilidad». Según explicó, «desde mediados del año pasado logramos integrar los distintos sistemas, lo que nos permitió mejorar el seguimiento de los medicamentos».
Nuevos proveedores para evitar riesgos
El funcionario chaqueño enfatizó los cambios implementados en la adquisición de medicamentos: «Se trata de fentanilo producido por un laboratorio con proveedor identificado. Todo el fentanilo adquirido durante nuestra gestión provino de otros proveedores», subrayó, marcando distancia con los laboratorios involucrados en el escándalo nacional.
La aclaración del gobierno chaqueño busca tranquilizar tanto al personal sanitario como a los pacientes, en un contexto donde la confianza en el sistema de medicamentos se encuentra severamente afectada por las muertes vinculadas a los productos adulterados.
Puntos clave:
- Las ampollas halladas en Resistencia fueron adquiridas por Chaco en 2022 y no pertenecen al lote contaminado de HLB Pharma
- El Instituto de Ciencias Forenses confirmó que el proveedor está identificado y es diferente al de los medicamentos adulterados
- La gestión actual implementó sistemas unificados de trazabilidad desde mediados de 2024
- Chaco cambió de proveedores de fentanilo para evitar vínculos con los laboratorios investigados
- El hallazgo ocurrió en el barrio Complejo Malvinas tras una alerta ciudadana
Chaco
Juzgan a 10 policías de Chaco por atacar a jóvenes qom; ocho siguen en servicio
El juicio oral por la irrupción ilegal en una vivienda del barrio Banderas Argentinas y los malos tratos posteriores contra cuatro jóvenes comenzó a principios de octubre y se prevé que termine a mediados de noviembre. A seis años de los hechos, las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
Ocho de los diez policías de Chaco que son juzgados por el ataque a jóvenes de la comunidad qom en Fontana nunca dejaron sus cargos. Así lo explicó Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, quien precisó que solo dos de los imputados no cumplen funciones en la fuerza y que el resto continúa dentro de la Policía provincial.
Los diez efectivos de la Policía de Chaco son juzgados por la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia por los hechos ocurridos en la madrugada del 31 de mayo de 2020, en el barrio Banderas Argentinas de la localidad de Fontana. Las acusaciones están vinculadas al “uso ilegítimo de la fuerza” y a la detención arbitraria de cuatro jóvenes, entre ellos una adolescente. El debate oral comenzó a principios de octubre y se prevé que finalice a mediados de noviembre.
Una irrupción sin orden judicial
Según la acusación, los efectivos ingresaron a la vivienda de las víctimas de forma violenta y sin orden judicial, con forcejeos, empujones, golpes de puño, patadas y armas de fuego. Garone indicó que esa madrugada los policías entraron sin orden de allanamiento a tres domicilios del barrio y se llevaron detenidos a los cuatro jóvenes, mientras los insultaban y hacían referencia a su pertenencia a una comunidad indígena. Amnistía admitió que, hasta el momento, no se conocen los motivos que esgrimieron los efectivos para justificar el ingreso.
Ya detenidos, de acuerdo con la denuncia, los policías continuaron con torturas y malos tratos que las cámaras de la comisaría captaron de manera parcial y que dejaron heridas graves en los jóvenes.
El daño que constataron las pericias
Amnistía realizó en 2021 una misión en Fontana, donde mantuvo extensas entrevistas con la familia Saravia, recogió testimonios y documentó el caso. Garone sostuvo que la afectación fue determinante en cada uno de los jóvenes detenidos. Las pericias psicológicas de la Oficina de Servicio Social del Poder Judicial de Chaco arrojaron conclusiones unánimes: todas las víctimas sufrían estrés postraumático. Por ese motivo, las psicólogas determinaron que debían recibir tratamiento psicológico como consecuencia de lo que la organización define como graves hechos de violencia institucional.
Seis años de espera y una pregunta abierta
En 2022, Amnistía Internacional Argentina se presentó como amicus curiae en el proceso y remarcó que es “obligación del Estado” prevenir, investigar y sancionar de manera apropiada la tortura y el abuso físico y psicológico denunciados, con un “especial ensañamiento” por la pertenencia de las víctimas a la comunidad qom.
El juicio llega seis años después de los hechos. Según informó la prensa local, una de las acusadas había sido ascendida por el gobernador Leandro Zdero en 2025, cuando ya estaba vinculada a la causa, y enfrenta cargos por encubrimiento agravado y detención ilegal. Rige la presunción de inocencia para los diez imputados y será el tribunal el que determine las responsabilidades. Aun así, que ocho de los diez acusados sigan en funciones, y que una de ellas haya sido promovida, deja expuesta una pregunta incómoda sobre la respuesta institucional que recibió una causa de violencia contra un pueblo originario.
Lo que tenés que saber:
- Diez policías de Chaco son juzgados en Resistencia por los hechos del 31 de mayo de 2020 en Fontana.
- Según Amnistía Internacional, solo dos de los diez imputados no cumplen funciones en la fuerza.
- Las víctimas son cuatro jóvenes de la comunidad qom, entre ellos una adolescente.
- Las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
- El debate comenzó a principios de octubre y se prevé que concluya a mediados de noviembre.
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