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Iniciaron excavaciones en una comisaría de Misiones en búsqueda de un hombre desaparecido

El procedimiento fue realizado por personal de Gendarmería y de otras dependencias federales por orden del juzgado federal de Posadas en la comisaría de Dos de Mayo, donde se presume que Golemba estuvo detenido según la declaración de testigos de identidad reservada.

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La Justicia Federal de Misiones ordenó el inicio de excavaciones en el predio de una comisaría de la localidad misionera de Dos de Mayo, en el marco de la causa por la desaparición de Mario Fabián Golemba, un joven agricultor que permanece desaparecido desde hace más de 14 años, en un presunto cado de «violencia institucional», informaron fuentes judiciales.

El procedimiento fue realizado por personal de Gendarmería y de otras dependencias federales por orden del juzgado federal de Posadas en la comisaría de Dos de Mayo, donde se presume que Golemba estuvo detenido según la declaración de testigos de identidad reservada.

Golemba, quien hoy tendría 41 años, fue visto por última vez el 27 de marzo de 2008, tras asistir a un turno con una nutricionista en la ciudad misionera de Oberá.

Los testigos que declararon ante el Juzgado de Instrucción 1 de Oberá, el primero que tuvo a su cargo la investigación, dijeron que en la seccional policial de esa localidad el hombre fue golpeado y torturado hasta su muerte.

En junio de 2021, la causa pasó a la justicia federal de Posadas, que comenzó una investigación por «desaparición forzada de persona».

Según el juzgado y la fiscalía, hay varios elementos para suponer que podría estar el cuerpo en esa zona y Gendarmería Nacional trabaja en el lugar con una retroexcavadora.

La jueza federal María Verónica Skanata ordenó una serie de allanamientos en Dos de Mayo y Oberá, que incluye las excavaciones en la comisaría.

La responsable de la Fiscalía Federal N°2 de Posadas, Silvina Gutiérrez, participa de los procedimientos junto a distintas fuerzas de seguridad, la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) y la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic) del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

También acompañan en las diligencias, familiares de Golemba junto a su representación jurídica.

En los procedimientos, intervienen personal de la Gendarmería Nacional (GNA), de la Policía Federal Argentina (PFA), de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) del Ministerio de Seguridad de la Nación. También participan especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense.

Al momento de su desaparición, Golemba tenía la tez blanca, medía 1,80 metros y era de contextura delgada, era un chico tímido, tenía un círculo estrecho de amigos, y trabajaba con su padre en una chacra de Dos de Mayo, 200 kilómetros al noreste de Posadas, y también en la despensa de la Cooperativa Yerbatera de esa localidad.

El 25 de abril pasado, el Ministerio de Seguridad de la Nación y a pedido de la fiscalía, incluyó a Golemba en el Programa BuscAR, y ofreció una recompensa de 1,5 millones de pesos para quienes aporten datos que permitan ubicarlo.

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Pity Álvarez: el fiscal pidió 18 años y 6 meses y su detención inmediata si es condenado

Sandro Abraldes descartó la legítima defensa, acusó al músico por la muerte de Cristian Díaz y la portación ilegal del arma, y pidió que quede detenido si lo condenan, al terminar la internación. La querella había pedido 11 años y 2 meses.

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El Argentino Diario-Pity Álvarez.

El fiscal general Sandro Abraldes pidió este miércoles 18 años y seis meses de prisión para Cristian “Pity” Álvarez por la muerte de Cristian Díaz y reclamó que, si hay condena, el tribunal ordene su detención inmediata, que quedará sujeta al fin de la internación involuntaria que cumple por orden de un juzgado civil. Abraldes, titular de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional N.° 27, alegó ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Hugo Navarro y Juan María Ramos Padilla.

El fiscal consideró a Álvarez responsable de dos delitos: homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil. Díaz murió el 12 de julio de 2018 en el barrio Cardenal Samoré, de Villa Lugano. El acusado no se conectó a la audiencia. Está internado desde el 2 de octubre en una clínica psiquiátrica de Castelar y, según informó el director del lugar al tribunal, no quiso participar porque se consideraba bien representado. Sus defensores, Javier Baños y Sebastián Queijeiro, siguieron el alegato por vía remota.

Cuatro disparos y ninguna agresión previa

Según la reconstrucción de la Fiscalía, cerca de la 1.30 Álvarez y Díaz discutieron frente al acceso de una de las torres del complejo. El músico sacó una pistola del bolsillo derecho de su campera y le disparó a Díaz en la cabeza. Con la víctima en el piso, efectuó tres disparos más hacia la misma zona. Después huyó, descartó el arma en una alcantarilla y se entregó en una comisaría de Villa Lugano a la mañana siguiente.

Abraldes se apoyó en los peritos, que ubicaron los disparos a muy corta distancia, entre 60 y 80 centímetros, y en la forense, que concluyó que todos fueron vitales. “Álvarez quiso matar a la víctima, le disparó primero para matarlo y ya en el suelo, se aseguró de que muriera”, sostuvo el fiscal. Recordó además que el amigo de Díaz, testigo presencial, aclaró que la víctima no estaba armada.

El fiscal descartó la legítima defensa porque, dijo, no hubo una agresión ilegítima contra el acusado. “Álvarez jugó a ser Dios. Se pudrió de Díaz y decidió que no tenía que vivir más”, afirmó. También rechazó la versión de la indagatoria, en la que el músico dijo haberse sentido “atrapado o acorralado”, y exhibió frases que Álvarez dio en entrevistas años antes del crimen, como “ando armado porque todos andan armados”. Recordó que no tenía permiso para tener ni portar armas. Proyectó, además, un video del músico en la entrada de un boliche de Ramos Mejía, donde camina con normalidad, contra los testimonios de allegados que dijeron que una operación de cadera se lo impedía.

Abraldes también descartó la inimputabilidad. Citó a los profesionales que lo examinaron en 2018, quienes no hallaron afectación de su capacidad para entender o dirigir sus acciones.

Una pena en la mitad de la escala

El homicidio con arma de fuego tiene en el Código Penal una escala de 10 años y 8 meses a 25 años de prisión, por la combinación de los artículos 79 y 41 bis. El pedido de la Fiscalía se ubica cerca de la mitad de ese rango; el de la querella, de 11 años y 2 meses, quedó apenas por encima del mínimo. Como agravantes, el fiscal valoró el escaso valor que el acusado le dio a la vida de Díaz, la reiteración de los disparos y su experiencia con armas. Como atenuantes, el arrepentimiento y el pedido de disculpas a la familia.

La diferencia con la querella también alcanza a la forma de cumplimiento. El 6 de noviembre, Fabián Améndola había pedido arresto domiciliario con salidas laborales. Abraldes, en cambio, reclamó la detención: “Sin afectar la presunción de inocencia, la condena modifica cualitativamente la situación del acusado”. Y cerró: “En un Estado de Derecho, la ley manda para todos”.

El viernes 13, al mediodía, alegarán Baños y Queijeiro. El veredicto todavía no tiene fecha confirmada. Hasta la sentencia, Álvarez conserva la presunción de inocencia.

Lo que tenés que saber:

  • El fiscal general Sandro Abraldes pidió 18 años y seis meses de prisión para Pity Álvarez por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil.
  • Reclamó su detención inmediata si es condenado, sujeta al fin de la internación involuntaria que cumple desde el 2 de octubre en una clínica de Castelar.
  • Descartó la legítima defensa: según los peritos, los cuatro disparos fueron a entre 60 y 80 centímetros y tres se efectuaron con Díaz en el piso.
  • La querella había pedido el 6 de noviembre 11 años y 2 meses, con arresto domiciliario y salidas laborales; la escala va de 10 años y 8 meses a 25 años.
  • La defensa alegará el viernes 13; el veredicto no tiene fecha confirmada.
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