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Abuso infantil: alertan que agravar penas por denuncias falsas desalienta

En el Día Mundial de la Prevención del Abuso Sexual, especialistas advirtieron que la amenaza de sanciones puede frenar las denuncias. Los datos: los casos crecieron 91% en cinco años y de cada 1.000 abusos apenas uno termina en condena.

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Prevención del abuso sexual de niñas y niños

Los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes aumentaron 91% en cinco años, según datos de la línea 137 difundidos en el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual.

En el Hospital de Clínicas, 8 de cada 10 personas que consultan en el servicio de Sexología dicen que fueron abusadas en su infancia o adolescencia. Se estima que solo el 10% de los abusos se denuncia y que, de esos casos, al menos la mitad se archiva y apenas uno recibe condena. Según una proyección de Red por la Infancia difundida por el CEPASI, en el país hay cerca de 2.000.000 de chicas y chicos víctimas de violencia sexual.

El riesgo de agravar penas

Un proyecto presentado en el Congreso propone agravar las sanciones para quienes formulen denuncias falsas. En el último Congreso Interdisciplinario de Salud y Justicia, expositores de la UFIDISNN y la psiquiatra Silvia Ongini advirtieron que esa amenaza puede generar temor y convertirse en un obstáculo para que, ante la sospecha de abuso, se actúe a tiempo. «La mayoría de las veces ocurre dentro del entorno de la persona abusada que, cuando quiere hacer la denuncia, suele tener temor a recurrir a la Justicia», explicó Ongini. Un estudio indica que 3,8% de las denuncias son falsas según evaluación psiquiátrica forense.

Cómo prevenir

La especialista recomendó acompañar a chicos y adolescentes en la apropiación de su cuerpo, pedir asesoramiento a los pediatras, respetar sus negativas, darles herramientas desde los colegios y reconocer la gravedad de las violencias en entornos digitales, muchas veces minimizadas. «Cuando se detectan síntomas de abuso, su detección temprana da la posibilidad de impedir que continúe», dijo, y pidió evitar interrogatorios y revictimización.

Lo que tenés que saber

  • Los casos de abuso sexual infantil crecieron 91% en cinco años según la línea 137.
  • Se estima que hay 2 millones de chicas y chicos víctimas en el país.
  • Solo el 10% de los abusos se denuncia y de cada 1.000 casos apenas uno termina en condena.
  • Especialistas advirtieron que agravar penas por denuncias falsas puede desalentar las denuncias.
  • 3,8% de las denuncias son falsas, según evaluación psiquiátrica forense.

DDHH

Abstenerse frente a la violencia machista no es neutralidad: el Colegio Público de la Abogacía advierte al Gobierno de Milei

El Colegio Público de la Abogacía advirtió que la abstención en una resolución respaldada por 175 países es un retroceso y que la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó. Los tratados sobre derechos de las mujeres, recordó, obligan al Estado más allá del gobierno de turno.

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175 países respaldaron en Naciones Unidas una resolución para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, y la Argentina decidió abstenerse. Esa decisión del Gobierno nacional abrió un nuevo cuestionamiento desde el mundo del derecho.

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) expresó este miércoles su preocupación por la decisión del Gobierno nacional, en un pronunciamiento institucional en el que remarcó que el país fue el único Estado latinoamericano que no acompañó la iniciativa.

Un consenso al que el país le dio la espalda

La entidad que reúne a las abogadas y los abogados de la Capital Federal sostuvo que «resulta inadmisible que nuestro país se aparte de un consenso internacional tan amplio» en una materia que compromete derechos humanos fundamentales. Para el Colegio, la posición argentina representa un retroceso que merece un claro cuestionamiento.

Además, la institución advirtió que las eventuales diferencias sobre la redacción o el alcance de una resolución no pueden servir de fundamento para desentenderse del compromiso internacional de combatir esta forma de violencia.

Obligaciones que no se renegocian con cada gobierno

Los compromisos en materia de igualdad y de protección de los derechos de las mujeres obligan al Estado argentino y no pueden quedar sujetos a las posiciones ideológicas ni a las prioridades políticas de los gobiernos de turno.

El Colegio recordó que la Argentina asumió obligaciones expresas a través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que tiene jerarquía constitucional, y de la Convención de Belém do Pará.

Según el pronunciamiento, la violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación de los derechos humanos que exige políticas públicas efectivas, instituciones comprometidas y una acción sostenida del Estado. No se trata de preferencias políticas, subrayó, sino de garantizar derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

Una deuda que el feminismo ya puso sobre la mesa

La advertencia llega a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en un país donde el movimiento feminista instaló la violencia machista como problema público desde la primera marcha de Ni Una Menos, en 2015. La Argentina cuenta además con la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres, vigente desde 2009.

Abstenerse, en ese marco, no es una posición neutral: es correrse de un acuerdo que el resto de la región sí sostuvo. Para quienes sobreviven a la violencia y para quienes sostienen redes de acompañamiento, el mensaje que llega desde el Estado importa tanto como el texto de cualquier resolución.

Un antecedente que pesa

No es la primera vez que la diplomacia argentina queda aislada en este terreno. En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en el entorno digital, que se aprobó con 170 votos a favor y 13 abstenciones. En aquel momento, el PRO, la UCR y Unión por la Patria cuestionaron la decisión.

El Colegio Público de la Abogacía reafirmó su compromiso con la igualdad, la defensa de los derechos de las mujeres y la vigencia efectiva de las garantías constitucionales. «No hay lugar para la indiferencia ni para la ambigüedad», sostuvo, y agregó que el Estado argentino tiene el deber de proteger esos derechos y de sostener ese compromiso ante la comunidad internacional.

Lo que tenés que saber

  • El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación por la abstención argentina en una resolución de la ONU contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.
  • La iniciativa tuvo el respaldo de 175 países y la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó.
  • El Colegio recordó que la CEDAW, con jerarquía constitucional, y la Convención de Belém do Pará obligan al Estado argentino.
  • En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de otra resolución de la ONU sobre violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital.
  • El pronunciamiento se conoció a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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