Rosario
Tras balaceras a escuelas, el ministro de Seguridad de Santa Fe convocó a gremios docentes
Tras la balacera al gerente de una empresa textil ocurrida ayer cuando llevaba a sus hijos a la escuela Medalla Milagrosa de Rosario, el ministro convocó a los docentes.
El ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, convocó para el próximo viernes a una reunión a los representantes de los sindicatos de docentes públicos y privados de la ciudad de Rosario, quienes le plantearán que las escuelas tienen que ser «un lugar seguro y de paz».
Tras la balacera al gerente de una empresa textil ocurrida ayer cuando llevaba a sus hijos a la escuela Medalla Milagrosa de Rosario, el ministro convocó a los docentes.
Antes de ese hecho se sucedieron tiroteos a escuelas y balaceras con mensajes intimidatorios, no dirigidos a los establecimientos escolares sino, en la mayoría de los casos, a organizaciones criminales.
Por su parte, el secretario general de la delegación Rosario del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), Martín Lucero, dijo hoy que llevarán al encuentro con el ministro «las preocupaciones e inquietudes» de los maestros.
«Las escuelas tienen dentro lo que más nos importa, a nuestros hijos. Tienen que seguir abiertas, ser un lugar seguro y de paz, pero eso lo tiene que garantizar el Estado», sostuvo Lucero en declaraciones a «Radio Dos» de Rosario.
El dirigente sindical señaló que las escuelas se convirtieron en el último tiempo en «un teatro de operaciones de hechos criminales» al ser utilizadas por organizaciones criminales para «ampliar su caja de resonancia».
La semana anterior, la escuela «San Luis Gonzaga» debió suspender el dictado de clases por una balacera ocurrida contra el edificio de la seccional 20da, ubicada cerca del establecimiento escolar.
Mientras que el fin de semana del 8 y 9 de abril dos escuelas fueron baleadas y en una dejaron un mensaje escrito a mano: «Con la mafia no se jode».
En otras ocasiones, los mensajes nombraron a personas detenidas y vinculadas a bandas narcocriminales que operan en la ciudad.
En tanto, el secretario general de la delegación Rosario de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé, docentes públicos), Juan Pablo Casiello, dijo hoy que no quieren «naturalizar los patrulleros delante de las escuelas, sería un problema y está lejos de ser la solución».
El dirigente dijo que la situación «demuestra la impunidad con la que se mueven estos grupos para mostrar que tienen libertad para hacer lo que quieran en los últimos reductos del Estado, como son las escuelas públicas».
«Hace falta que el poder político recupere el control de la calle, que hace rato lo ha perdido», agregó en declaraciones a la radio «La Ocho» de Rosario.
Policiales 🚨
Rosario: internaron a un nene con cocaína en sangre y detuvieron a sus progenitores
El chico, que sufrió convulsiones, fue asistido en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela el 8 de septiembre. La fiscalía imputó a sus padres por homicidio en grado de tentativa y suministro de estupefacientes a un menor.
La Justicia de Santa Fe investiga cómo un nene de Rosario terminó con cocaína en el organismo. El chico ingresó al Hospital de Niños Víctor J. Vilela con un cuadro de convulsiones y, tras estabilizarlo, los estudios que le practicaron detectaron la presencia de la sustancia. El hecho ocurrió el 8 de septiembre, pero recién se conoció en las últimas horas, cuando la Policía de Investigaciones (PDI) apretó el cerco y detuvo a los padres.
Los apresados son Pablo B. y Valeria C., ambos de 47 años y vecinos de Rosario. El hombre fue interceptado en la vía pública, en inmediaciones de San Martín y pasaje Pino; la mujer, en la zona de Italia al 2800. Las detenciones las dispuso la fiscal Vega, a cargo del expediente, y se concretaron este jueves. La acusación formal es «tentativa de homicidio agravada por el vínculo, en concurso ideal con el suministro gratuito de material estupefaciente, agravado por tratarse de un menor de edad», según informó la fiscalía.
Del hospital a la fiscalía
El punto de partida fue el propio centro de salud. Después de asistir al nene, las autoridades del Vilela dieron aviso y se abrió una pesquisa para establecer en qué circunstancias el chico habría entrado en contacto con la cocaína y determinar las eventuales responsabilidades. Tomó intervención el Departamento Operativo de Investigaciones y la Brigada Unidad de Violencia Altamente Lesiva (UVAL), ambos de la PDI. En el marco de los procedimientos, los investigadores secuestraron un teléfono celular que será sometido a peritajes e incorporado al expediente, una medida orientada a reconstruir los días previos a la internación.
El rigor obliga a separar el terreno de las certezas del de las presunciones. Que el nene tenga cocaína en el organismo es un dato comprobado por los análisis médicos y respaldado por el parte del hospital. Que sus padres sean los responsables es, por ahora, una hipótesis judicial en construcción: la calificación legal es provisoria, puede modificarse con el avance de las pericias y ninguno de los dos está condenado. Rige para ellos, como para cualquier imputado, la presunción de inocencia. Resta precisar, además, si el contacto con la sustancia fue directo, accidental o producto de otras circunstancias que expusieron la salud del chico.
Una escena que se repite y un Estado que llega tarde
Los casos de chicos intoxicados con cocaína no son una rareza estadística. En el servicio de Toxicología del hospital Pediátrico de Córdoba, entre 2013 y 2016 se atendieron 46 pacientes con síntomas de intoxicación por drogas y el 46 por ciento tenía menos de 3 años, según registró La Voz. «Nos llamó la atención que empezamos a tener en guardia nenes con síndromes de intoxicación por drogas, bebés pequeños, de 2 meses hasta los 3 años. Muchos de ellos, sobre todo los menores de 1 año, eran lactantes», explicó entonces Silvana Mercado, médica toxicóloga del establecimiento. En varios de esos cuadros, la sustancia llegaba por la leche materna o quedaba al alcance del bebé en ambientes donde los adultos consumían.
Rosario ya había vivido una escena parecida en abril de este año, cuando un nene de dos años fue internado en el Hospital de Niños Zona Norte con un análisis de orina positivo para cocaína. La madre apuntó contra el padre por haberle dado la droga para calmarlo. El patrón se repite y deja al descubierto lo que ninguna estadística alcanza a medir: la vulnerabilidad extrema de los más chicos en los hogares atravesados por el consumo problemático, donde la falta de trabajo, de vivienda y de acceso a la salud empuja a las familias al borde.
Ahí es donde el Estado tendría que estar antes de que un nene llegue a la guardia con convulsiones. No alcanza con la respuesta penal, que llega en diferido y solo cuando el daño ya está hecho. La prevención en consumos, el acompañamiento a las familias más golpeadas y el refuerzo de los equipos de niñez son la parte que se desfinancia primero cuando el ajuste aprieta, y después se paga con chicos intoxicados en un hospital público. Un pibe con cocaína en sangre no es solo un caso policial: es el fracaso de las políticas que debían protegerlo. La detención de los padres cierra una parte de la historia. La otra, la que pregunta qué hizo y qué dejó de hacer el aparato público para evitar que ese nene terminara así, sigue abierta.
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