Por Ariel Zak

Más de 20 efectivos de la Gendarmería Nacional están citados a declarar como testigos desde el próximo lunes en la causa en la que se investiga el supuesto contrabando agravado de municiones desde la Argentina hacia Bolivia en diciembre de 2019, en los días en los que se produjo el golpe de Estado contra Evo Morales.

Los convocados a prestar testimonio integraron los dos grupos de gendarmes que fueron destacados en el Estado Plurinacional de Bolivia que sucedieron al comando Alacrán que viajó en noviembre de 2019 con en el mismo avión hércules C-130 en el que se trasladaron las municiones.

Serán dos rondas de testimoniales: la primera se extenderá entre el 21 de febrero y el 2 de marzo y abarcará a los integrantes de Gendarmería destacados en Bolivia entre el 10 de enero y el 1 de marzo del 2020; mientras que la segunda será del 7 al 16 de marzo e incluirá a los efectivos que estuvieron en La Paz entre el 28 de febrero y el 27 de junio.

Las convocatorias fueron dispuestas por el juez en lo Penal Económico, Alejandro Catania, en diciembre pasado cuando junto con una veintena de medidas de prueba a desarrollarse en la Argentina y en Bolivia con el objetivo de reconstruir el destino de las municiones antitumulto que salieron de este país con el supuesto propósito de utilizarse para defender la Embajada nacional y la residencia del embajador.

En esta primera ronda será oído el testimonio de 21 gendarmes, mientras que luego el magistrado deberá evaluar la convocatoria de aquellos miembros de esa fuerza que viajaron junto a las municiones el 13 de noviembre de 2019.

A partir de una investigación interna de la propia Gendarmería se pudo saber que las municiones transportadas a Bolivia no fueron utilizadas por el Personal de Gendarmería que fue desplazado a ese país, por lo que se presume que ahora el juez llegará a la misma información pero en el marco del expediente judicial.

La justicia busca determinar, además, qué fue descargado de aquel vuelo de noviembre de 2019, quién lo descargó, a dónde fue llevado y que documentación existe al respecto; por lo que aún espera recibir desde Bolivia toda la documentación respaldatoria de aquella información que ya se encuentra en el expediente porque fue aportada por los denunciantes.

Los hechos que dieron origen a esta investigación fueron denunciados el 12 de julio pasado a través de una presentación que llevaba la firma del ministro de Justicia, Martín Soria; la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.

Desde el pasado 16 de julio, en el expediente se encuentran imputados el expresidente Mauricio Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; al exdirector general de la Gendarmería Nacional, Gerardo José Otero; y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.

En dictámenes posteriores, el fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó también a los exfuncionarios del gobierno de Cambiemos Marcos Peña (jefe de Gabinete), Jorge Faurie (Canciller) y Fulvio Pompeo (secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación).

En el expediente también fue imputado por el fiscal Claudio Navas Rial el comandante de gendarmería Adolfo Héctor Caliba, señalado como quien coordinó con la policía boliviana el envío de elementos represivos durante los días en los que se produjo el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales.

Navas Rial acusó a Caliba «en razón del rol que éste habría desplegado en el aeropuerto del Alto, La Paz, en las tareas de recepción del personal de Gendarmería y de los armamentos y municiones aparentemente enviado».

Caliba fue el encargado de coordinar con la Policía de Bolivia todos los movimientos previos y posteriores a la llegada del vuelo: se ocupó de dirigir a una comitiva argentina, escoltada, hasta el aeropuerto y supervisó la carga y descarga del avión que nunca apagó su motor en la madrugada del 13 de noviembre de 2019; según surge de un informe elaborado por el Ministerio de Defensa que ya está incorporado a la causa.

El comandante Caliba es el mismo que el 17 de noviembre de 2019 le envió una nota al entonces director nacional de la Gendarmería, Gerardo Otero, en la que le informaba sobre distintas protestas que por esos días se llevaban a cabo en contra del gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez.

En esa nota, que también está en el expediente, le contó sobre una reunión convocada por la conducción de la policía boliviana de la que había participado ese mismo día: «El tema a tratar fue la posibilidad de colaborar cada institución con la provisión de agentes químicos contra disturbios, en razón que se les está acabando su stock; o bien orientar sobre mecanismos idóneos para una rápida adquisición».

Quienes siguen el expediente sospechan que Caliba es el «uniformado» al que se refirió días atrás el ministro de Gobierno de Estado Plurinacional de Bolivia, Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio, quien en una entrevista con el diario Página/12 afirmó que lo tenían extraoficialmente identificado, pero que estaban aún buscando grabaciones y documentación oficial.

En los depósitos de la Policía Boliviana se encontraron los siguientes elementos que, según las denuncias presentadas ante las justicia habían salido de Argentina y se habían desviado en su destino final: 26.900 cartuchos de perdigón de goma; 28 gases aerosol; 19 gases aerosol; 55 granadas gas CN; 53 granadas gas H; 19 granadas gas CS y dos granadas tipo béisbol; material producido por Fabricaciones Militares en Argentina.

«De acuerdo a los remitos de entrega de Fabricaciones Militares, se conoció que el lote de municiones AT 12/70 encontradas en Bolivia (Lote Nº08/2018) fue comercializado a Gendarmería Nacional en noviembre de 2018», se consignó en una de las presentaciones judiciales que realizó el Gobierno Nacional, según pudo reconstruir Télam.

«Esto significa que las municiones recibidas por la Policía Boliviana no pudieron tener otro origen que no sea el envío por parte de la Gendarmería, a través del desvío de una parte de las 70.000 balas de gomas que Gendarmería sacó del país el 12 de noviembre de 2019 con el argumento de defender la embajada en el Estado Plurinacional de Bolivia», se indicó en aquel escrito.

En la denuncia se señaló además que parte de ese material fue hallado en bolsos rotulados como «guantes», dando cuenta del obrar doloso y malintencionado para ocultar su verdadero contenido.

Para los denunciantes, según la información aportada esta tarde al expediente judicial «corrobora así que dicho material no fue destinado a proteger la Embajada Argentina en Bolivia, como se declaró originalmente y que tampoco se utilizó en ´ejercicios de entrenamiento’, como se intentó encubrir después».

El disparador del caso fue una nota hallada en Bolivia y firmada por el General de la Fuerza Aérea Boliviana Jorge Gonzalo Terceros Lara, en la que le agradecía al entonces embajador argentino en ese país, Álvarez García, el envío de 40.000 cartuchos AT 12/70, gases lacrimógenos y granadas de gas.