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Control popular de precios: basta de dejar que nos metan la mano en el bolsillo
Rafael Klejzer es referente nacional del MP La DIgnidad y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular.

Por Rafael Klejzer
El control popular de precios en los supermercados que iniciamos el próximo lunes 23 de enero busca garantizar que se cumpla el acuerdo alcanzado con el Gobierno nacional. Hay veinte empresas productoras de alimentos que concentran el 80% de lo que comemos y son formadoras de precios junto con cinco cadenas de supermercados, es decir que veinticinco ejecutivos manejan el negocio de los alimentos en Argentina. Tienen de rehenes, en su pelea con el Estado para dolarizar sus excedentes y fugarlos a sus casas matrices, a todo un pueblo.
El Estado no puede permitir que un kilo de pan esté a 500 pesos. Hay un acuerdo de precios, independientemente de la caracterización que se haga del programa, hoy existe y hay que hacerlo cumplir. Si el Estado no tiene la vocación política de modificar la matriz productiva en el país hay que desatar las fuerzas para que todo el mundo: vecinos, vecinas, consumidores, organizaciones sociales, sindicatos y cooperativas controlen los precios. No podemos permitir que los alimentos valgan lo que valgan. No hay más margen para que sigan aumentando.
A veces la realidad mata cualquiera de los relatos, últimamente se intenta imponer una idea de grieta entre la política cuando la grieta es, en este caso, entre las empresas productoras de alimentos y los consumidores, las personas de a pie que no pueden planificar su vida porque el aumento general es constante.
Frente a esto, y a la incapacidad por parte del Estado de tomar una decisión política y frenar los aumentos, modificando la matriz productiva, impulsando nuevas leyes de control, generando mayor participación a los pequeños y medianos productores, es decir, aplicando una batería de medidas que apunten a estabilizar precios, es que vamos a ejercer nuestro derecho ciudadano de relevar el comportamiento de los supermercados.
En este esquema siguen ganando los mismos de siempre, la galopante inflación no se aguanta más y está desfasada de los ingresos que perciben las mayorías populares.
Esta situación se da en un escenario de giro a la derecha y de un analfabetismo político que hace responsable a los pobres de la pobreza y busca dilapidar los procesos emergentes que sueñan con un mundo nuevo. Para hacer frente a este intento de avanzada hay que desatar las fuerzas populares y patear el tablero.
CABA
Paro en la Línea A: Metrodelegados denuncia descuentos ilegales de Emova
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) paralizó el servicio desde las 19 hasta el cierre por descuentos salariales que califica de «indebidos e ilegales». La concesionaria Emova rechazó el reclamo y aseguró que la liquidación fue correcta.
Descuentos salariales que el sindicato califica de arbitrarios e ilegales dejaron sin servicio a la Línea A del subterráneo porteño desde las 19:00 del martes 6 de octubre de 2026 hasta el cierre nocturno. La medida de fuerza impactó sobre una de las líneas más transitadas del centro de la ciudad, que une el microcentro con el barrio de Flores a través de 18 estaciones bajo las avenidas De Mayo y Rivadavia.
La determinación fue adoptada por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP, conocida como Metrodelegados), que en un comunicado oficial señaló que la concesionaria Emova «realizó nuevamente descuentos de salario indebidos e ilegales que afectan a trabajadores y trabajadoras». El servicio retomó su funcionamiento normal el miércoles.
«Descontaron días a personas que trabajaron todos los días del mes»
El eje del conflicto es la liquidación de haberes de septiembre. Metrodelegados denunció que Emova efectuó deducciones sobre los salarios de trabajadores que, según el gremio, cumplieron sus funciones durante todos los días del mes. «Una vez más, Emova insiste en aplicar descuentos arbitrarios, descontando días de sueldo a personas que trabajaron todos los días del mes», sostuvo la organización en su comunicado.
El sindicato calificó esas deducciones como una ruptura de la paz social y exigió una solución inmediata: el cese de los descuentos cuestionados y la restitución de los montos ya descontados. «Exigimos el cese inmediato de los descuentos indebidos y el pago de las sumas correspondientes», expresaron desde la organización gremial, que definió el paro como «una medida de autodefensa».
La versión de Emova: «el reclamo carece de fundamento»
La empresa concesionaria salió a defender la liquidación y rechazó punto por punto los argumentos del gremio. Emova sostuvo que «los haberes fueron liquidados conforme los registros de asistencia del personal» y que «solamente se descontaron aquellos días en los que, conforme los registros existentes, las personas no han prestado los servicios correspondientes».
La compañía también cuestionó el alcance real del conflicto: según su versión, el reclamo «abarcaría a unos 20 trabajadores», lo que representa menos del 0,5% de los 4.700 empleados que trabajan en el subterráneo. Con ese argumento, Emova apuntó contra el gremio al afirmar que «el sindicato, en el marco de un proceso electoral interno, recurre a una medida que impide a miles de personas acceder a un servicio fundamental para el normal funcionamiento de la Ciudad».
La referencia al proceso electoral interno de Metrodelegados instaló en el debate una lectura política del conflicto: la empresa sugirió que la medida de fuerza responde más a la interna gremial que al fondo del reclamo salarial. El gremio no respondió esa imputación en su comunicado.
Emova también manifestó haber «cumplido con las instancias de diálogo en la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires» y aclaró que, pese a considerar correcta su liquidación, «la empresa se encuentra dispuesta a revisar las situaciones puntuales que así lo requieran».
Lo que tenés que saber:
- Metrodelegados (AGTSyP) paralizó la Línea A del subte desde las 19:00 del martes 6 de octubre hasta el cierre del servicio.
- El gremio denunció que Emova realizó descuentos salariales «indebidos e ilegales» a trabajadores que, según el sindicato, cumplieron sus funciones todos los días del mes.
- La concesionaria rechazó el reclamo y aseguró que la liquidación fue correcta; estimó que el conflicto involucra a menos del 0,5% del personal (unos 20 trabajadores de un total de 4.700).
- Emova vinculó la medida de fuerza con un proceso electoral interno del gremio, lo que el sindicato no respondió en su comunicado.
- El servicio retomó su funcionamiento habitual el miércoles.
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