Familiares de víctimas y sobrevivientes de la represión que el Gobierno de Fernando de La Rúa ejerció durante el estallido social que determinó su caída afirman hoy, a 21 años de esos hechos, que «no hubo justicia» para las 38 personas que murieron como consecuencia del accionar de la fuerzas de seguridad el 19 y 20 de diciembre de 2001 en varias ciudades.

«Que nunca más un Gobierno democrático atente contra la población civil», es la idea que engloba los sentimientos de la sobreviviente Susana González; Marta Almirón (madre del joven fallecido Carlos Almirón) y Camila Riva (hija del joven fallecido Gastón Riva).

En ese sentido también se expresó el abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) Rodrigo Borda, que representa a las querellas de las familias de Riva y de Diego Lamagna, asesinado el 20 de diciembre en pleno centro porteño.

«Hoy no hay ningún detenido por la matanza que reprimió el estallido social y económico que marcó el fin del modelo neoliberal de los expresidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa», señaló Borda en declaraciones.

El letrado añadió que en la actualidad y «desde diciembre del año pasado, está en la Corte Suprema de Justicia –pendiente de resolución– la ratificación de las condenas efectivas de Enrique Mathov (exsecretario de Seguridad); y de Rubén Santos (exjefe de la Policía Federal) que fueron confirmadas por la Cámara Federal de Casación Penal el 13 de diciembre del 2021».

Los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma ratificaron la condena a 4 años y 3 meses de prisión para Mathov, más ocho años y seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos; y la sentencia de tres años y seis meses para Santos, con siete años de inhabilitación para ejercer como funcionario.

Esto se produjo luego de que las defensas de ambos funcionarios recurrieran a Casación para que se reconsideraran los montos de las penas por los homicidios de Riva, Almirón y Lamagna, además de las lesiones culposas sufridas por una veintena de manifestantes que salieron a las calles en esas turbulentas jornadas.

«Si la Corte lo confirma, Mathov y Santos irán presos porque tienen penas de cumplimiento efectivo», aclaró el abogado, quien diferenció estos casos de los de Norberto Gaudiero (exdirector general de Operaciones de la Policía Federal) y Rubén Andreozzi (exsuperintendente de Seguridad Metropolitana), quienes recibieron penas excarcelables.

Mathov y Santos «plantearon la prescripción al menos unas tres veces pero les fue rechazada», recordó

No obstante, Borda consideró que «las condenas de Mathov y Santos, quienes estuvieron detenidos un tiempo al principio de la causa, al igual que algunos policías como autores materiales, fueron emblemáticas porque fue la primera vez que se condenó a jefes policiales por una represión».

«Sin embargo, a De la Rúa lo citaron solo en calidad de testigo cuando debió haber sido condenado ya que se comprobó su responsabilidad en los hechos en los fundamentos de la condena de Mathov», subrayó el abogado.

En tanto, Susana González, amiga del joven fallecido Alberto Márquez y sobreviviente de la represión, le contó a esta agencia que «a 21 años de los hechos no hubo justicia, como no la hay hoy en otras causas, en las cuales el Poder Judicial solo defiende intereses de un sector que es el más poderoso».

«En la actualidad sigue existiendo este mismo paradigma que utiliza el Poder Judicial, con el mismo formato. La misma corporación que no le sirve a los ciudadanos. En 20 años se cansaron de poner chicanas judiciales a la hora de juzgar y encarcelar a los responsables, pero cuando se trata de cuestiones políticas, como la de la Vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner), ahí juzgan y sacan fallos rápidos», ejemplificó en referencia a la condena que sufrió la exmandataria el juicio de la causa Vialidad.

«No esperamos nada de ellos, y solo rogamos que nunca más se reprima a la población civil. Nunca voy a olvidar que ese día salimos cuatro y volvimos tres», dijo en relación a Márquez, su amigo, asesinado en esas protestas.

Marta Almirón, mamá de Carlos Raúl Almirón (23), también le aseguró que «no hubo justicia» pero que «los recuerdos» de su hijo la acompañan al día de hoy.

«Cada día de mi vida es difícil, pero al llegar estas fechas, las fiestas y el aniversario de la renuncia de De la Rúa, mucho más. Recuerdo el último día que nos vimos. Le enseñé a hacer un omelette porque no le salía, lo intentamos varias veces. Luego vinieron a casa unos amigos y se pusieron a mirar la tele, mientras hablaban les pregunté en broma si iban a arreglar el país, y él me abrazó y me besó como siempre hacía, diciéndome que me quedara tranquila», añadió.

La mujer contó que su hijo «estaba en tercer año de Sociología e integraba la agrupación de izquierda ’29 de Mayo'», y que «siempre fue una persona muy comprometida con la realidad».

«Cuando se iba para el centro le pregunté qué iba a hacer yo si a él le hacían algo, él me respondió: ‘Hacer justicia’. Y es lo que no pude hacer en estos 21 años», lamentó.

Camila Riva, hija de Gastón Riva, relató a esta agencia que en el 2001 tenía ocho años y aún recuerda el día en que su papá atravesó la puerta de su casa para no volver.

Ese día, Gastón se fue como siempre, muy temprano, a trabajar en la mensajería porque era motoquero.

«Al pasar las horas, como no volvía, nos empezamos a preocupar y mi mamá se puso a averiguar. Le costó mucho saber qué había pasado. Después de muchas horas vio por televisión cómo la gente ayudaba a cargarlo en una ambulancia, estaba herido. Averiguó a qué hospital lo trasladaron y fue. Pero ya estaba muerto. Ese día no me lo contó, pero al día siguiente sí», recordó Camila, que hoy tiene 29 años.

Y añadió: «Mi papá tenía una herida de bala en la cabeza. Yo era tan chica y estuve tan confundida que durante mucho tiempo no quise saber. Intenté preguntar pero no podía. Luego entendí, hoy sé lo que sucedió, que hubo una cuestión política detrás y por eso siempre digo que no hay que llegar a eso de vuelta. Solo deseo que no vuelva a suceder, y que no le pase a nadie más».

En tanto, el 16 de noviembre pasado, el Senado aprobó por unanimidad y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo por el cual se establece una reparación histórica a las víctimas, y a sus derechohabientes, de la represión.