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La justicia de San Luis ordenó vacunar a dos bebés recién nacidos pese a la negativa de sus padres

Las juezas ordenaron inmunizar a los bebés y cumplir con el Calendario Nacional de Vacunación.

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Dos juezas de San Luis autorizaron a centros de salud de la capital provincial a inmunizar a dos bebés cuyos progenitores se negaban a la aplicación de las vacunas del calendario obligatorio, y los emplazaron a no obstaculizar el procedimiento, informaron hoy fuentes judiciales.

Se trata de la Jueza de Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Nº 2 de San Luis, Viviana Oste, quien recibió una notificación de la Clínica Italia en la que se informaba que el viernes último dos progenitores se negaban a vacunar a su hijo recién nacido.

Un hecho similar ocurrió el lunes, cuando la Jueza de Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Nº 3, Ana Belén Villegas, recibió la comunicación sobre el nacimiento de una niña en la Maternidad Provincial «Teresita Baigorria», cuyos padres se opusieron a vacunar por riesgo a una reacción alérgica.

Según informaron las fuentes, en ambos casos, las juezas ordenaron inmunizar a los bebés y cumplir con el Calendario Nacional de Vacunación (CNV) y emplazaron a los progenitores a no obstaculizar el procedimiento.

Para las personas recién nacidas dentro de las 12 horas de vida, el CNV incorpora dosis contra la hepatitis B y tuberculosis (BCG), que protegen desde temprana edad a quienes son más susceptibles de contraer enfermedades infecciosas potencialmente graves.

Para fundamentar sus decisiones de ordenar a los profesionales de la Clínica Italia, como de la Maternidad «Teresita Baigorria», de aplicarles las vacunas a los recién nacidos, las juezas se basaron en legislación nacional como la Ley de Salud Pública, la Ley de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación, la Convención sobre los Derechos del Niño y también la Ley Nacional de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Las magistradas hicieron saber a los progenitores que, dada la responsabilidad parental que tienen sobre sus hijos, deben abstenerse de impedir la aplicación de las vacunas, porque esta acción implicaría desobedecer una orden judicial, que es incurrir en un delito y tiene una sanción en el artículo 239 del Código Penal.

La Convención sobre los Derechos del Niño tutela el derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes e imponen hacer valer los derechos de los niños por cualquier otro derecho, incluso el de sus propios padres o de cualquier adulto.

En tanto, la Ley Nacional de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes conocida también como la Ley 26.061, establece que los organismos del Estado deben garantizar el acceso a servicio de salud respetando las pautas de familiares reconocidos por la familia pero que siempre no constituya un peligro para la vida e integridad del niño, niña o adolescente.

La Ley 27.491 de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación, que se sancionó en diciembre de 2018 y se reglamentó este año, establece que las vacunas son obligatorias, gratuitas y un bien social y que tienen por objetivo garantizar un acceso y equidad a todas las vacunas que componen el CNV.

«Se entiende a la vacunación como una estrategia de salud pública preventiva y altamente efectiva y que las vacunas se consideran un bien social, lo que hace que sean especialmente obligatorias para los habitantes para aplicárselas, porque lo que debe prevalecer es la salud pública por sobre el interés particular», explicó Gabriela Morales, secretaria de primera instancia de la Oficina de Gestión Unificada de Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia.

La ley le da un rol clave al personal educativo y de salud para garantizar los circuitos que faciliten la vacunación en esta etapa de la vida, confirma el acceso gratuito y obligatorio para toda la población del país.

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Denunciaron a Caputo y Bausili por el oro del Banco Central: investigan pérdidas por US$ 1.023 millones

Una presentación de Gregorio Dalbón apunta a esclarecer las operaciones financieras realizadas durante 2025 con las reservas de oro. El expediente quedó en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, mientras la acusación solicita investigar las decisiones y sus posibles consecuencias patrimoniales.

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El Argentino Diario-Luis Toto Caputo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, fueron denunciados judicialmente por las operaciones financieras vinculadas con el oro de las reservas internacionales. La presentación fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón luego de que la Auditoría General de la Nación (AGN) informara resultados negativos por US$ 1.023 millones durante 2025.

La causa quedó radicada ante el juez federal Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita. La presentación busca que la Justicia determine cómo se tomaron las decisiones relacionadas con esas operaciones, quiénes intervinieron y si existió un perjuicio patrimonial para el Estado argentino.

El planteo se apoya en el informe sobre los estados contables del Banco Central correspondientes al ejercicio 2025. Las cifras consignadas corresponden a resultados negativos asociados con determinadas operaciones financieras y no constituyen, por sí solas, una determinación judicial de responsabilidades penales.

Qué dice el informe de la AGN sobre el oro del Banco Central

El informe de la Auditoría General de la Nación identificó resultados negativos por US$ 1.023 millones en operaciones financieras vinculadas con el oro de las reservas internacionales durante 2025. Según los datos difundidos, el monto equivale a $1.469.155 millones.

El detalle presentado distingue dos componentes principales:

  • US$ 960,2 millones: resultados negativos correspondientes a opciones financieras.
  • US$ 62,8 millones: montos asociados con el pago de primas.

La información constituye el punto de partida de la denuncia impulsada por Dalbón, quien reclama esclarecer las condiciones en las que se realizaron las operaciones y las decisiones que determinaron sus resultados.

El objetivo de la presentación es que se analice la documentación correspondiente y se establezca si las operaciones respondieron a una justificación económica adecuada, qué riesgos involucraron y qué mecanismos de control se aplicaron.

Qué pidió Gregorio Dalbón en la denuncia contra Caputo y Bausili

En su presentación, el abogado planteó la necesidad de identificar a los funcionarios y responsables que participaron en el diseño, la autorización y la ejecución de las operaciones financieras.

Dalbón sostuvo: “1.023 millones de dólares no son una anotación contable. Son recursos de la República y exigen una explicación a la altura de semejante cifra”.

A partir de ese planteo, solicitó que la investigación determine distintos aspectos de las operaciones:

  • Quiénes tomaron las decisiones y quiénes las autorizaron.
  • Qué actores diseñaron las estrategias financieras.
  • Con qué contrapartes se realizaron las operaciones.
  • Cuál fue la justificación económica de cada decisión.
  • Qué riesgos financieros se asumieron.
  • Qué controles se aplicaron durante el proceso.
  • Si las operaciones ocasionaron un perjuicio patrimonial al Estado argentino.

La denuncia procura establecer esos elementos a partir de la documentación disponible y de las medidas que disponga la Justicia. La existencia de resultados contables negativos no implica, por sí misma, que se encuentre acreditada una conducta delictiva.

La causa quedó en manos de Ariel Lijo y Gerardo Pollicita

La presentación quedó radicada ante el juez federal Ariel Lijo, mientras que el fiscal Gerardo Pollicita tendrá intervención en el expediente.

En esta primera etapa, Dalbón buscó formalizar la denuncia, individualizar a las autoridades judiciales intervinientes y establecer el marco procesal para avanzar con el análisis de la documentación y las posibles responsabilidades.

El avance de la investigación dependerá de las medidas que adopten los funcionarios judiciales y de los elementos que se incorporen a la causa.

Entre los puntos planteados figura la necesidad de reconstruir el circuito de decisiones que condujo a las operaciones financieras y examinar los controles que existieron durante su implementación.

Cuándo ampliarán la denuncia por las operaciones con el oro

Dalbón anunció que ampliará la denuncia el martes 13 de octubre ante el juez Lijo y el fiscal Pollicita. Según adelantó, incorporará nueva documentación y solicitará las declaraciones indagatorias que correspondan.

El abogado también anticipó que requerirá medidas urgentes para preservar pruebas vinculadas con las operaciones investigadas.

Al explicar ese pedido, advirtió: «Si existe riesgo de ocultamiento o destrucción de documentación, entorpecimiento de la investigación o cualquier conducta destinada a frustrar la averiguación de la verdad, pediremos que la Justicia actúe inmediatamente con todas las herramientas que le otorga la ley».

La ampliación buscará profundizar la documentación presentada inicialmente y avanzar sobre las decisiones que rodearon las operaciones con el oro del Banco Central.

Qué falta esclarecer sobre las operaciones del Banco Central

La investigación deberá determinar, entre otros aspectos, cómo se estructuraron las operaciones financieras, quiénes participaron en su autorización y ejecución, qué fundamentos económicos las respaldaron y cuáles fueron sus consecuencias patrimoniales.

También deberá examinarse el alcance de los resultados negativos registrados por la AGN y su relación con las decisiones adoptadas durante el ejercicio 2025.

Por ahora, la presentación de Dalbón constituye una denuncia judicial y los señalamientos deberán ser evaluados en el marco del expediente. La eventual existencia de responsabilidades individuales dependerá de los elementos que se incorporen y de las conclusiones a las que llegue la Justicia.

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