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Judiciales ⚖️

La justicia de San Luis ordenó vacunar a dos bebés recién nacidos pese a la negativa de sus padres

Las juezas ordenaron inmunizar a los bebés y cumplir con el Calendario Nacional de Vacunación.

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Dos juezas de San Luis autorizaron a centros de salud de la capital provincial a inmunizar a dos bebés cuyos progenitores se negaban a la aplicación de las vacunas del calendario obligatorio, y los emplazaron a no obstaculizar el procedimiento, informaron hoy fuentes judiciales.

Se trata de la Jueza de Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Nº 2 de San Luis, Viviana Oste, quien recibió una notificación de la Clínica Italia en la que se informaba que el viernes último dos progenitores se negaban a vacunar a su hijo recién nacido.

Un hecho similar ocurrió el lunes, cuando la Jueza de Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Nº 3, Ana Belén Villegas, recibió la comunicación sobre el nacimiento de una niña en la Maternidad Provincial «Teresita Baigorria», cuyos padres se opusieron a vacunar por riesgo a una reacción alérgica.

Según informaron las fuentes, en ambos casos, las juezas ordenaron inmunizar a los bebés y cumplir con el Calendario Nacional de Vacunación (CNV) y emplazaron a los progenitores a no obstaculizar el procedimiento.

Para las personas recién nacidas dentro de las 12 horas de vida, el CNV incorpora dosis contra la hepatitis B y tuberculosis (BCG), que protegen desde temprana edad a quienes son más susceptibles de contraer enfermedades infecciosas potencialmente graves.

Para fundamentar sus decisiones de ordenar a los profesionales de la Clínica Italia, como de la Maternidad «Teresita Baigorria», de aplicarles las vacunas a los recién nacidos, las juezas se basaron en legislación nacional como la Ley de Salud Pública, la Ley de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación, la Convención sobre los Derechos del Niño y también la Ley Nacional de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Las magistradas hicieron saber a los progenitores que, dada la responsabilidad parental que tienen sobre sus hijos, deben abstenerse de impedir la aplicación de las vacunas, porque esta acción implicaría desobedecer una orden judicial, que es incurrir en un delito y tiene una sanción en el artículo 239 del Código Penal.

La Convención sobre los Derechos del Niño tutela el derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes e imponen hacer valer los derechos de los niños por cualquier otro derecho, incluso el de sus propios padres o de cualquier adulto.

En tanto, la Ley Nacional de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes conocida también como la Ley 26.061, establece que los organismos del Estado deben garantizar el acceso a servicio de salud respetando las pautas de familiares reconocidos por la familia pero que siempre no constituya un peligro para la vida e integridad del niño, niña o adolescente.

La Ley 27.491 de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación, que se sancionó en diciembre de 2018 y se reglamentó este año, establece que las vacunas son obligatorias, gratuitas y un bien social y que tienen por objetivo garantizar un acceso y equidad a todas las vacunas que componen el CNV.

«Se entiende a la vacunación como una estrategia de salud pública preventiva y altamente efectiva y que las vacunas se consideran un bien social, lo que hace que sean especialmente obligatorias para los habitantes para aplicárselas, porque lo que debe prevalecer es la salud pública por sobre el interés particular», explicó Gabriela Morales, secretaria de primera instancia de la Oficina de Gestión Unificada de Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia.

La ley le da un rol clave al personal educativo y de salud para garantizar los circuitos que faciliten la vacunación en esta etapa de la vida, confirma el acceso gratuito y obligatorio para toda la población del país.

Femicidio

Fueron 169 las víctimas de femicidio en 8 meses: el mapa de la violencia de género que Milei niega

El Observatorio de Femicidios Adriana Zambrano registró 144 femicidios y femicidios vinculados, 8 transfemicidios y 17 crímenes vinculados de varones entre enero y agosto de 2026. Otros 203 hijos e hijas quedaron sin madre, el 57% son menores de edad. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema constató un incremento del 8% en las denuncias durante la última feria judicial de invierno.

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El horror tiene número y el número sigue creciendo. Entre el 1° de enero y el 31 de agosto de 2026, 169 personas fueron asesinadas en la Argentina como consecuencia directa de la violencia de género, según el informe publicado por el Observatorio de Femicidios en Argentina «Adriana Marisel Zambrano», dirigido por La Casa del Encuentro. La cifra desagregada revela la magnitud del problema: 144 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 8 transfemicidios y 17 femicidios vinculados de varones adultos y niños, todos ellos asesinados en el marco de la violencia patriarcal.

Detrás de cada número hay una historia de violencia previa, de denuncias ignoradas, de medidas cautelares incumplidas y de un sistema que llega tarde o no llega. El 53% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas, y el 67% de los crímenes ocurrió dentro de la propia vivienda de la víctima o en la vivienda compartida con el agresor. La violencia de género no viene de afuera: habita en el lugar donde debería reinar la seguridad.

203 hijos e hijas sin madre

El impacto generacional de estos crímenes es devastador. 203 hijas e hijos quedaron sin madre como consecuencia directa de los femicidios relevados en estos ocho meses, y el 57% de ellos son menores de edad. Niños y niñas que crecerán con la ausencia como marca permanente, con la herida de haber perdido a su madre a manos de un hombre, en muchos casos el mismo que debía proteger a la familia.

En términos geográficos, la distribución no es pareja pero el problema es de alcance nacional. La provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de casos, seguida por Santa Fe y Córdoba. No existe una región del país que pueda declararse ajena a esta crisis.

349 tentativas: la violencia que no mató pero pudo hacerlo

El informe incorpora también un dato que suele quedar fuera del debate público: 349 tentativas de femicidio en seguimiento. Son mujeres que sobrevivieron, pero que siguen en riesgo. Entre los casos relevados, un 16% de las mujeres agredidas contaba con denuncias previas al crimen, lo que pone en evidencia una falla estructural del sistema judicial y de las políticas de protección: las denuncias existieron, el peligro estaba documentado, y aun así la violencia llegó a consumarse.

Esta brecha entre la denuncia y la protección efectiva es uno de los nudos más críticos del problema. No alcanza con que las mujeres denuncien si el Estado no garantiza que esa denuncia se traduzca en una medida real de resguardo de su vida.

La feria judicial y el termómetro de la OVD

En paralelo, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación aportó su propio registro sobre el período de la última feria judicial de invierno. La OVD asistió a 600 personas. De ese total, 357 denunciaron violencia doméstica, lo que representó un incremento del 8% respecto al mismo período del año anterior. Se realizaron 491 evaluaciones de riesgo, un 15% más que en el período previo.

Los datos de tipología de violencia son reveladores: predominó la violencia psicológica (97%), seguida por la simbólica (58%) y la física (38%). El equipo médico evaluó a 70 personas y constató lesiones en el 81% de los casos; de ese grupo, el 74% presentaba antecedentes por episodios anteriores. La violencia que termina en femicidio rara vez surge de la nada: tiene historia, tiene señales y, en demasiados casos, tiene expedientes judiciales previos.

El 49% de las víctimas asistidas tenía entre 18 y 59 años, y el 44% de los vínculos correspondió a parejas o exparejas, en línea con los datos del Observatorio Adriana Zambrano sobre el universo de femicidios consumados.

Una crisis que el ajuste profundiza

Las cifras de 2026 se producen en un contexto de desfinanciamiento sostenido de las políticas de género y de protección a las víctimas de violencia. Los recortes presupuestarios ejecutados por la gestión de Javier Milei afectaron de manera directa a los programas de asistencia, a los hogares de tránsito y a los dispositivos territoriales que funcionaban como primera línea de contención para mujeres en situación de riesgo. Un Estado que achica su presencia en los barrios, en los centros de salud y en la justicia de proximidad es un Estado que deja a las mujeres más vulnerables frente a sus agresores.

La violencia de género no es un fenómeno privado ni individual. Es una emergencia pública que requiere respuesta institucional sostenida, financiamiento real y voluntad política. Los números del Observatorio Adriana Zambrano y de la OVD lo confirman una vez más: mientras se debate en abstracto, las mujeres y las disidencias siguen muriendo.

Los números de la violencia de género

  • 169 personas asesinadas por violencia de género entre enero y agosto de 2026, según el Observatorio Adriana Zambrano (La Casa del Encuentro).
  • 203 hijos e hijas quedaron sin madre; el 57% son menores de edad.
  • El 67% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima o en la compartida con el agresor.
  • 349 tentativas de femicidio en seguimiento; un 16% de las víctimas tenía denuncias previas.
  • La OVD registró un aumento del 8% en las denuncias por violencia doméstica durante la feria judicial de invierno.

Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.

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