El Juzgado Federal N°1 de La Plata dispuso hoy el sobreseimiento de Jorge Macri en una causa en la que se lo investigaba por supuestamente no haber podido acreditar debidamente el origen y destino los fondos asignados al PRO durante los años 2012 y 2013, informaron hoy fuentes judiciales.

El fallo firmado por el juez con competencia electoral Alejo Ramos Padilla, explica que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 inc. «b» de la ley 26.215, cuando un partido político no logra justificar el origen y el destino de los fondos que recibe «debe llevarse a cabo una investigación penal contra el presidente y el tesorero de la agrupación». La pena que establece esa norma es de hasta 10 años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y partidarios.

El juez Ramos Padilla, al analizar si correspondía aplicar una sanción penal de inhabilitación, con las posibles consecuencias proscriptivas que tiene, tuvo en cuenta otros criterios como el de la «proporcionalidad de la pena», y antepuso «el derecho a la participación política de los ciudadanos y el de la sociedad a elegir libremente a sus representantes».

«La pena de inhabilitación acarrea consecuencias que van más allá de los meros derechos individuales del condenado, pues afecta la oferta electoral y, por lo tanto, la libertad e igualdad con la que debe llevarse a cabo la contienda entre las distintas fuerzas políticas», sostuvo en el texto el magistrado.

Además, remarcó que «la aplicación automática de esta sanción podría derivar en que sean magistrados los que decidan quiénes pueden o no participar de la contienda electoral, lo que afectaría el principio de la soberanía popular consagrado en el art. 33 de la Constitución Nacional, así como la forma republicana de gobierno».

Para dictar el sobreseimiento de Jorge Macri, el juez tuvo en cuenta que, en su carácter de presidente del PRO bonaerense, el registro administrativo de los fondos no estaba entre sus funciones específicas.

También explicó que no había logrado acreditarse un dolo directo por parte del imputado -es decir, intencionalidad o conocimiento respecto de la cuestión técnica a la que se vinculaba la irregularidad contable- ni la comisión de otros delitos autónomos relacionados con el caso, por lo cual, el hecho investigado quedaba limitado a una deficiencia en la documentación presentada.

Sin embargo, respecto de la situación del tesorero Claudio Sívori, el juez ordenó que se siguiera investigándolo, y convocó a un testigo a prestar declaración testimonial el próximo 3 de mayo, ya que éste «cumplía funciones específicas vinculadas a los registros contables».

«No puede obviarse que las funciones del tesorero de una agrupación política se hallan estrictamente dirigidas al manejo de los fondos partidarios, su control y registración contable pertinente, y que existe una cuestión de orden público en el interés en el debido cumplimiento de estas funciones», sostuvo el escrito.