Legisladores porteños de la oposición adelantaron este martes que pedirán informes a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta por la medida implementada por el Consejo Social local que dispone la difusión, a través de carteles exhibidos en los hospitales públicos, de la línea denominada «0800-Vida» para la atención de personas gestantes.

«Es un enorme retroceso y es muy preocupante«, sostuvo la diputada del Frente de Todos Victoria Montenegro sobre la política que comenzó a regir ayer en los centros de salud de la red pública de la Ciudad de Buenos Aires, impulsada por el organismo, de reciente creación, que está presidido por Cynthia Hotton, fundado del partido Más Valores.

Montenegro adelantó que presentarán un requerimiento al Ejecutivo porteño para conocer los alcances de la medida y dijo que harán «todas las denuncias correspondientes y notas formales para interiorizarnos porque es el Estado el que tiene la responsabilidad de acompañar a las personas gestantes y no estas ONG´s antiderechos».

En declaraciones radiales, la legisladora rechazó el convenio entre el Gobierno porteño que, a través del Consejo Social y con el aval del Ministerio de Salud, acordó con la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer Embarazada «acciones concretas de difusión, promoción y divulgación de la línea 0800-333-1148 (VIDA) bajo el marco normativo de la ley nacional de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia 27.611».

Al respecto, la diputada del PTS-FIT Alejandrina Barry sumó su repudio al advertir que «esta línea telefónica antiderechos será atendida por una red de 400 organizaciones ligadas a las iglesias evangélicas, militantes contra el derecho al aborto y la Educación Sexual Integral».

«La salud pública no debe tener interferencias de organizaciones religiosas y confesionales», consideró y adelantó que también requerirá respuestas al Gobierno porteño por la medida, la cual adjudicó a la intención de «Larreta de dar una nuevo guiño de campaña electoral en la disputa por la agenda reaccionaria contra los derechos de las mujeres y personas LGTBIQ+».

En tanto, Gabriel Solano, legislador del Partido Obrero, afirmó que «es un mecanismo perverso, ya que los feligreses que están detrás de ese 0-800 se encargan de desinformar a las mujeres que recurren a ellos, aprovechándose de la desesperación que generalmente recorre a aquellas que están cursando un embarazo no deseado o no cuentan con los recursos económicos para poder transitar la maternidad».

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