Por Agustina Ponce*

Cada 18 de marzo, se celebra en Argentina el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans, en conmemoración del fallecimiento de la siempre recordada activista de derechos humanos Claudia Pía Baudracco. Entre sus muchos reconocimientos, se destacan su lucha por la sanción de la ley de identidad de género y por la derogación de normas contravencionales que criminalizaban a las identidades travestis/trans. También se la recuerda por su trabajo de prevención del VIH-sida y otras infecciones de transmisión sexual.

Como Nadia Echazú, Lohana Berkins y Diana Sacayán, Claudia Pía sabía que la conquista de derechos debía realizarse a través del esfuerzo colectivo. Esta movilización implicaba un cambio que interpelara, necesariamente, a las raíces profundas de la democracia y a la noción de ciudadanía.

En rigor, si la posibilidad de afirmarse de acuerdo con el género vivido y expresado no era un derecho en nuestro país, si nuestro status de ciudadanas sufría una erosión innegable frente a esta falta de reconocimiento estatal, entonces ¿de qué manera podíamos afirmarnos como sujetas de derecho? ¿Qué lugar les reservaba la democracia a las travestis y trans?

Con la aquiescencia de la Iglesia y de la medicina hegemónica, el aparato represivo del Estado nos sometió a una terrible violencia, que se reflejó con claridad en los códigos contravencionales (herederos, dicho sea de paso, de los antiguos edictos policiales). El artículo 92, inciso e, del Código Contravencional de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, sancionaba con una multa a quien «en la vida diaria se vista y haga pasar como persona de sexo contrario».

El Estado toleró que nos expulsaran de nuestros hogares a temprana edad; que nos negaran derechos esenciales como la educación, la salud y el trabajo, y nos relegó a la informalidad y a la pobreza. Así, la democracia nos mostró el lugar que tenía reservado para nosotras dentro de sí misma: una vida turbulenta y hostil con una probabilidad de vida de 35 años. Una vida fugaz por el mero hecho de existir.

El reconocimiento de ciudadanía llegó, finalmente, con la sanción de la Ley de Identidad de Género en mayo de 2012, un mes y medio después de la muerte de Claudia Pía, quien tristemente no pudo acceder a los derechos que dicha ley consagraba. La Ley de Identidad de Género fue el producto de años de activismo, militancia y organización; fue una respuesta a esa falta de reconocimiento ciudadano que se expresaba a través de la violencia. El Estado comenzaría a cambiar el paradigma en su presencia.

Este cambio de paradigma comienza a reflejar indicadores positivos. Según el informe La revolución de las mariposas, la atención sanitaria al colectivo travesti trans mejoró luego de la sanción de la LIG (Ley de Identidad de Género). Asimismo, disminuyó la discriminación por razones de identidad de género en los establecimientos educativos. Además, la norma nos permitió ser llamadas por nuestro nombre elegido al ejercer nuestro derecho al sufragio en épocas de elecciones, instancia de suma importancia que fortalece unos de los aspectos de la democracia. El trato digno que tanto nos habían negado en el pasado se convirtió, finalmente, en una máxima para todos los sectores de nuestra sociedad.

Por otra parte, con la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Travestis, Transexuales y Transgénero, se tomaron medidas a favor de cientos de personas del colectivo travesti trans que se encontraban sumidas en la informalidad, la desocupación y la pobreza. Esto trajo consigo la promoción de otros derechos, como el acceso a la salud, a la seguridad social y al disfrute de un nivel de vida adecuado. La posibilidad de conseguir un trabajo nos brindó, también, una perspectiva y un proyecto de vida.

Con estas leyes, el Estado continuó profundizando el cambio de paradigma que se inició con la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario. La próxima pelea que deberemos dar será por la sanción de una ley de reparación histórica para las víctimas travestis y trans que hayan padecido violencia institucional en el pasado, iniciativa impulsada, fundamentalmente, por la campaña Reconocer es Reparar.

La defensa de nuestros derechos no puede darse con prescindencia de logros como la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y sus homólogos provinciales y municipales, organismos que están siendo atacados por algunos sectores políticos que preferirían suprimir las políticas de igualdad, género y diversidad o degradar su lugar dentro de las políticas públicas.

En el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans, a casi 40 años de democracia ininterrumpida, y en el marco de una coyuntura internacional de gran hostilidad hacia el colectivo LGBTI en general, y al colectivo travesti trans en particular, debemos estar alerta. Se vuelve ineludible no solo honrar la memoria de aquellas y aquellos que nos precedieron en la lucha, sino también continuar militando y defendiendo los derechos y logros alcanzados. Es una forma más de contribuir con la construcción de una democracia más justa, inclusiva e igualitaria.

*Agustina Ponce es subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.