El Gobierno de Javier Milei dio marcha atrás en uno de los aspectos más cuestionados de su proyecto de reforma a la Ley General de Sociedades. Durante una nueva jornada de debate en la Comisión de Legislación General del Senado, la jefa de la bancada oficialista de la Cámara alta, Patricia Bullrich, reconoció las resistencias que generaba la figura de las «sociedades automatizadas» y anunció que el texto será modificado para incorporar la presencia obligatoria de al menos un responsable humano o jurídico en las nuevas entidades.

El proyecto original, elaborado por el ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger, había introducido dos figuras sin precedentes en el derecho argentino: las «Sociedades Automatizadas», capaces de operar mediante algoritmos o inteligencia artificial sin requerir empleados para su funcionamiento ordinario; y las DAO (Organizaciones Autónomas Descentralizadas), estructuras de gobernanza tecnológica con participaciones representadas en tokens y registros en blockchain. Ambas podían funcionar, en la letra del proyecto original, sin ningún director, gerente o representante legal humano.

Un retroceso en las formas, pero no en el fondo

«Estamos pensando desde el oficialismo y con algunos bloques más hacer mucho más pétrea la responsabilidad de las sociedades automatizadas, con responsables físicos», anunció Bullrich ante la comisión. La senadora justificó el cambio en la necesidad de brindar seguridad jurídica, asegurando que «el órgano de administración esté integrado al menos por una persona jurídica con idoneidad suficiente para el control de sistemas automatizados». La modificación concreta del texto seguía en discusión al cierre de la sesión, por lo que su redacción definitiva se conocerá en los próximos días.

El cambio no es menor en términos simbólicos: durante semanas, la posibilidad de habilitar empresas sin ningún ser humano a cargo generó críticas transversales. Abogados, docentes universitarios y especialistas en derecho comercial alertaron sobre el vacío de responsabilidad que implicaría una empresa cuyos actos fueran ejecutados íntegramente por algoritmos, sin ninguna persona física a quien reclamarle daños, incumplimientos contractuales o irregularidades fiscales.

El proyecto de Sturzenegger: desregulación total del esquema societario

La reforma de la Ley General de Sociedades, norma que regula la constitución y funcionamiento de empresas en Argentina desde 1972, fue enviada al Congreso en mayo de 2026. Uno de sus ejes centrales convierte las disposiciones de la ley vigente en normas supletorias: el estatuto de cada empresa prevalece sobre la legislación general, lo que en la práctica reduce las facultades de organismos de control como la Inspección General de Justicia (IGJ) y las Direcciones Provinciales de Personas Jurídicas. El proyecto también permite que las sociedades sometan sus conflictos internos al derecho extranjero o arbitraje privado, sin pasar por la justicia argentina.

Sturzenegger justificó la iniciativa señalando que la ley vigente era «rígida y anacrónica» y estaba construida sobre «la desconfianza al sector privado». La reforma elimina la obligación de consignar un objeto social específico: si el estatuto no lo determina, la empresa podrá realizar cualquier actividad lícita. También admite la plena digitalización de la persona jurídica, incluyendo domicilio electrónico, libros y registros digitales, asambleas a distancia y constitución por firma digital.

El debate continúa: segunda semana de septiembre, primer turno posible en el recinto

La comisión continúa recibiendo expositores invitados por los distintos bloques. La semana próxima se realizará una nueva ronda de presentaciones, lo que correría el tratamiento en el recinto al menos hasta la segunda semana de septiembre. El proyecto llega al Senado en un contexto político delicado: el oficialismo no cuenta con mayoría propia en la Cámara alta y necesita el apoyo de bloques aliados o dialoguistas para avanzar en su agenda legislativa.

La concesión de Bullrich sobre los responsables humanos en las DAO puede leerse, también, como una señal de que el oficialismo está dispuesto a negociar aspectos puntuales para destrabar el debate. Lo que no está en discusión, al menos de momento, es el núcleo desregulador del proyecto: la preeminencia del estatuto sobre la ley, la eliminación de controles registrales y la apertura al derecho extranjero para dirimir conflictos societarios internos.

Puntos clave

• El oficialismo anunció que incorporará al menos un responsable humano o jurídico en las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO), descartando empresas sin ninguna participación humana.
• Patricia Bullrich realizó el anuncio durante el debate en la Comisión de Legislación General del Senado, en respuesta a críticas de expositores invitados.
• El proyecto original de Sturzenegger habilitaba sociedades operadas íntegramente por inteligencia artificial o algoritmos, sin empleados ni directores humanos.
• El texto de la modificación aún estaba en redacción al cierre de la jornada; el tratamiento en el recinto no se espera antes de la segunda semana de septiembre.
• El núcleo desregulador del proyecto, que convierte la Ley de Sociedades en norma supletoria frente al estatuto de cada empresa, no fue puesto en cuestión.