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Judiciales ⚖️

Veredicto para «El Carnicero», por el asesinato de un empresario en Caballito

Se trata del segundo juicio oral que se realiza por el crimen del empresario español dedicado a la construcción, ya que en diciembre de 2017 había sido condenado a perpetua el ex yerno de la víctima.

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El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 de Capital Federal dará a conocer este martes su veredicto para el ciudadano paraguayo apodado «El Carnicero» que logró mantenerse prófugo cinco años y en el juicio confesó haber participado del crimen de un empresario español en el barrio de Caballito en 2017, hecho donde quedó filmado por las cámaras del edificio cuando, junto al ex yerno de la víctima, bajaba el cadáver por el ascensor envuelto en un cubrecama.

Fuentes judiciales informaron que la audiencia será en la sede del TOC 5 ubicada en la Oficina 6130 del sexto piso del Palacio de Tribunales, en la calle Talcahuano 550. Primero, está programado que a las 8.15 el acusado Pedro Ramón Fernández Torres (57), tenga la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras y, tras un cuarto intermedio, los jueces Cintia Oberlander, Alejandro Nocetti y Juan Manuel Grangeat, darán a conocer su veredicto y la eventual sentencia.

Roberto Fernández Montes (67) fue asesinado por «El Carnicero» y su ex yerno.

Todo indica que Fernández Torres terminará condenado y que la pena podría ser la máxima: prisión perpetua, tal como pidió el fiscal de juicio Juan Manuel Fernández Buzzi.

Es que a pesar de haber intentado desligarse de la autoría material del homicidio, «El Carnicero» confesó su participación en este hecho que tuvo como víctima a Roberto Fernández Montes (67). Incluso, su propia defensa pidió que sea condenado, aunque solo por el robo.

Se trata del segundo juicio oral que se realiza por el crimen del empresario español dedicado a la construcción, ya que en diciembre de 2017 había sido condenado a prisión perpetua el ex yerno de la víctima, Santiago Corona (41), la persona a la que Fernández Torres intentó en este debate endilgarle toda la responsabilidad del homicidio.

Al declarar en la primera audiencia, el pasado 2 de octubre, Fernández Torres pidió perdón a las hijas de la víctima, dijo estar «muy arrepentido» de lo que hizo, pero se limitó a asegurar que él aceptó a participar de lo que supuestamente «solo iba a ser un robo» porque necesitaba 50.000 pesos, y que fue «engañado» y «amenazado» por Corona, a quien acusó de ser quien asesinó por la espalda y a puñaladas al empresario cuando estaban consumando el asalto.

«Escucho unos gemidos. Me asomo al pasillo, no veo nada. Y escucho otra vez como que parecía una pelea, voy y lo encuentro a él (por Corona) de espalda. Tenía un cuchillo. Lo agarró cuando estaba arrodillado y lo acuchilló, lo estaba acuchillando en el cuello», dijo el imputado.

Luego, contó que intentó irse del lugar, pero que Corona lo apuntó con el cuchillo y lo amenazó con matar a sus hijas, razón por la que luego lo ayudó a sacar el cadáver de la escena del crimen.

El fiscal Fernández Buzzi no le creyó en nada y, dos días más tarde, en su alegato, pidió para el ciudadano paraguayo la pena de prisión perpetua como coautor de un «homicidio agravado por alevosía».

Para el fiscal, Fernández Torres «mintió» con el único objetivo de «mejorara su situación procesal» y para que sólo se lo condene por un robo.

El representante del Ministerio Publico sostuvo que el imputado en realidad sabía que «el plan era matar a Fernández Montes», porque más allá de que pensaran que las cámaras del edificio no funcionaban, no tomaron el recaudo de ocultar sus rostros «porque la víctima iba a estar muerta».

Además, descartó que sea cierta la versión de que Fernández Montes haya sido asesinado a puñaladas, como contó el imputado, al explicar que el médico forense que hizo la autopsia declaró en el juicio que en los escasos y calcinados restos que quedaron de la víctima no se advertían «heridas penetrantes» y que en base a estudios complementarios la principal hipótesis sobre la causa de la muerte del empresario era la de «una asfixia mecánica».

A su vez, el fiscal dijo que más allá de quien haya concretado materialmente la ejecución del asesinato, tanto Corona como Fernández Torres fueron coautores porque tuvieron «el codominio del hecho» y «una distribución de tareas».

Al abordar la calificación penal, fundamentó que se trató de un homicidio «con alevosía», al considerar que en este hecho se aprovecharon «del estado de indefensión de la víctima» y lo «mataron sobre seguro» al actuar con «ocultamiento y acecho» y de un «modo traicionero».

Los defensores oficiales del acusado, Sofía Lanzilotta y Ramiro Dillon, solicitaron la «absolución» de Fernández Torres por el homicidio y que, de manera subsidiaria y pese a que el fiscal no lo acusó por ello, sólo se lo condene por el robo y que darle perpetua a una persona de 57 años «es condenarla a muerte».

Fernández Montes, nacido en España, era dueño de la empresa «Mini Vial», dedicada a la venta y alquiler de maquinaria para la construcción y fue visto con vida por última vez el 21 de enero de 2017, cuando salió de su casa, en Aranguren 36 de Caballito, para ir a su trabajo.

Primero sus hijas denunciaron su desaparición como una búsqueda de paradero, pero al revisar los videos de las cámaras del edificio, se descubrió que su entonces yerno Corona y un cómplice luego identificado como Fernández Torres, lo asesinaron en el departamento y bajaron por el ascensor con el cadáver envuelto en sábanas y cargándolo hasta el baúl de un auto Suzuki Fun negro que usaba el empresario.

El auto apareció incendiado el 23 de enero de ese año en el partido de Esteban Echeverría, en la esquina de uno de los domicilios de «El Carnicero», mientras que el cadáver calcinado y seccionado en dos partes fue hallado al día siguiente en un camino vecinal llamado «Los Pozos» de Cañuelas.

Para los investigadores, Corona contrató a «El Carnicero» para que lo ayude a cometer el asesinato y el móvil del crimen fue económico, ya que cuando estuvo al frente de la empresa de su suegro, «Mini Vial», lo estafó y provocó un perjuicio económico millonario, lo que llevó a que a mediados de mayo de 2016, Fernández Montes lo separara de la compañía, lo echara del departamento donde después fue el crimen y analizara iniciarle una causa por la estafa.

Además, unos 20.000 dólares en efectivo que se cree el empresario español guardaba en el motor del jacuzzi de su bañadera, fueron hallados en una bolsa, ocultos en el compartimiento de la goma de auxilio del Citroën C4 de Corona.

Fernández Torres contó que, a tres días del hecho, y aprovechando que la Policía había detenido por error a un mecánico -luego desvinculado de la causa-, se fugó a su país, Paraguay, y que pasó en remís por la frontera «como si nada».

Allí, logró mantenerse prófugo durante cinco años pese a tener un pedido de captura internacional con alerta roja de Interpol y finalmente fue detenido el 8 de febrero de 2022 en la ciudad de Concepción, unos 400 kilómetros al norte de Asunción, y luego extraditado a nuestro país.

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Investigación 🔎

Adorni: Pollicita descarta el enriquecimiento ilícito pero pide investigarlo por evasión

El fiscal no pudo refutar que el dinero de las compras fuera anterior a la función pública, pero detectó USD 374.081 pagados en efectivo y tenencias ocultas al fisco desde 2014. Pidió que la causa pase al fuero Penal Económico. No es un sobreseimiento: decide Lijo.

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El Argentino Diario-Manuel Adorni.

El fiscal que investigó a Manuel Adorni no encontró pruebas de que se haya enriquecido en la función pública, pero sí de que durante más de una década ocultó al fisco dólares en efectivo y criptoactivos. Por eso Gerardo Pollicita pidió que la causa deje de tramitar como enriquecimiento ilícito y pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, para investigar una posible evasión tributaria.

El dictamen se presentó en el juzgado federal de Ariel Lijo, en el expediente que se abrió por una denuncia de la diputada Marcela Pagano. La investigación revisó la evolución patrimonial del exjefe de Gabinete entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026. El pedido no implica un sobreseimiento: si Lijo lo acepta, Adorni seguirá investigado, pero por otro delito y en otro fuero.

Lo que encontró la Fiscalía

Según el dictamen, la Fiscalía detectó erogaciones por USD 402.578,12, de las cuales USD 374.081,66 se pagaron en efectivo, y una diferencia de $43.068.549 entre los ingresos lícitos comprobados y los gastos, compras y cancelaciones de deudas del período. Entre esos pagos figuran la compra de un lote en el country Indio Cuá, reformas, muebles, la escritura de un inmueble en la calle Miró, viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas escolares. Parte de esas operaciones se hizo fuera del sistema bancario o a través de terceros.

La defensa sostuvo que ese dinero provenía de ahorros en criptomonedas anteriores a su llegada al Gobierno. Pollicita concluyó que no pudo refutar esa versión y que la investigación no logró vincular los fondos con “un acto funcional, una contraprestación o una fuente ilícita asociada a la función”. Por eso escribió que “no se advierte que la conducta desplegada por Manuel Adorni tenga adecuación típica” en el enriquecimiento ilícito, “lo que no significa que no deba responder por una conducta antijurídica de otra naturaleza”.

De la corrupción a la evasión

El giro tiene una explicación jurídica: el enriquecimiento ilícito exige que el patrimonio crezca después de asumir el cargo. Si el dinero ya existía, el delito no encaja, aunque se haya usado durante la gestión. Pero esa misma explicación de la defensa abrió otra puerta. Según el fiscal, la fuente que Adorni invoca “se compone, según su propio relato, de recursos que no fueron informados al organismo recaudador”, y la omisión se extendió “desde 2014 y hasta su exteriorización en 2026”, es decir, cuando la causa ya estaba en trámite.

Pollicita enumeró indicadores que, a su juicio, exceden una infracción administrativa: la omisión de declarar bienes durante años, el predominio de pagos en efectivo, la intervención de terceros y la exteriorización de los fondos una vez iniciada la investigación. El fuero Penal Económico deberá reconstruir, ejercicio por ejercicio, lo que correspondía pagar de Ganancias y Bienes Personales.

La lectura política: el vocero de la “casta” y el efectivo

El dictamen deja al Gobierno una victoria a medias. Evita la figura de corrupción para uno de los funcionarios más cercanos a Javier Milei, pero lo describe como alguien que durante años manejó dólares en efectivo fuera del radar de la AFIP, hoy ARCA. Es el mismo Gobierno que llegó al poder con el discurso contra la “casta” y que impulsó un blanqueo y la llamada “inocencia fiscal” para quienes tengan dólares sin declarar. La causa ahora queda en manos de Lijo, que debe decidir si se declara incompetente.

Lo que tenés que saber:

  • Pollicita dictaminó que no hay pruebas de enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni durante la función pública.
  • Pidió que la causa pase al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión tributaria.
  • La Fiscalía detectó gastos por USD 402.578, de los cuales USD 374.081 se pagaron en efectivo.
  • Según el fiscal, Adorni mantuvo tenencias sin declarar desde 2014 hasta 2026, cuando ya estaba en marcha la causa.
  • No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe resolver si acepta el pedido.
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