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A 9 años de su injusta detención, realizarán una caravana “por la libertad” de Milagro Sala

Este jueves, organizaciones sociales y activistas de derechos humanos se reunirán a partir del mediodía en la Casa de las Madres.

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Organizaciones sociales y activistas de derechos humanos realizarán una caravana «por la libertad» de la dirigente jujeña Milagro Sala al cumplirse 9 años de haber sido detenida en su provincia y permanecer hasta el momento presa de forma domiciliaria en la Ciudad de La Plata.

La movilización se realizará este jueves y tendrá como punto de partida la Casa de las Madres, en el barrio de Congreso, a las 13.30. Luego se dirigirá hacia la Plaza Moreno en La Plata y finalizará en el domicilio donde Sala permanece detenida tras haber sido intervenida quirúrgicamente y estar impedida de volver a Jujuy por cuestiones de salud.

En diálogo con la prensa, Diego Morales, director de Litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sostuvo que hay «tres razones» por las cuales Sala no debería estar presa y todas responden a irregularidades en los procedimientos judiciales.

«En primer lugar, las condenas que tiene son irregulares. De hecho, ambas (una a dos años de prisión y la otra a trece) han sido denunciadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el CELS, por la propia Milagro Sala y también por la organización Andes porque todas se llevaron a cabo sin respeto a las garantías de su debido proceso», sostuvo Morales.

Indicó que la entidad «insiste» en que su detención «fue ilegal» porque, en principio, participaba de un acampe y después porque el inicio de distintas causas consecutivas «fue manteniendo la prisión preventiva» de la dirigente.

 «Las condenas que pesan sobre ella son irregulares y contrarias a la Convención Interamericana», criticó.

La segunda cuestión señalada por Morales está relacionada con el deterioro en la salud de Sala, tanto física como psíquica.

Si bien, luego de la intervención de la Corte Interamericana, pasó de cárcel común a prisión domiciliaria, los problemas de salud continuaron en ascenso.

«En 2019 tuvo serios problemas de salud como también en el 2021. Además, se sumó la demora en la autorización de una operación de una trombosis en la pierna izquierda que le generó más problemas. En el 2023 tuvo que ser trasladada a la ciudad de La Plata para que se le realizara la intervención y donde aún continúa detenida, porque sus condiciones de salud no le permiten volver a Jujuy», manifestó.

Sin embargo, expresó que el gobierno de Jujuy «sigue insistiendo con el hostigamiento y la persecución» de Milagro Sala, mientras que los fiscales de la provincia le exigen a la dirigente que regrese y cumpla su condena en la cárcel «sin tener en cuenta su situación de salud ni su deterioro psíquico y físico».

Por último, Morales indicó que organismos internacionales de protección a los Derechos Humanos intervinieron para reclamar, como lo hacen «desde hace mucho tiempo», que Sala «esté en libertad» y, de esa manera, pueda atravesar los procesos judiciales correspondientes.

«Todo esto llevó a que se presentara una denuncia ante la Corte Interamericana. Eso aún está en trámite y esperemos que el sistema interamericano de Derechos Humanos le dé una respuesta a Milagro Sala frente a este proceso de persecución y hostigamiento», aseveró.

En la misma línea, el CELS sostiene que la detención y las condenas a Sala «se inscriben en un proceso continuado y sostenido por parte de las autoridades políticas y judiciales jujeñas», con el objetivo de «limitar» la actividad de Milagro Sala, como también la de su organización social, Tupac Amaru.

El organismo informó que, a los 10 meses de ser detenida, el Grupo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas (ONU), aseguró que ya en diciembre de 2015 hubo «acusaciones consecutivas» con causas judiciales y un contexto de «vulneración de la independencia judicial destinados a sostener la privación de libertad» de Sala «de manera indefinida».

«Luego de haber cursado varios meses en prisión, la CIDH, en julio de 2017, ordenó al Estado que adopte medidas alternativas tales como el arresto domiciliario debido a que estaba en riesgo su integridad personal. El 3 de noviembre, luego de que el Estado incumpliera dicha decisión, la CIDH ordenó entonces que adoptara de manera inmediata las ‘medidas de protección que sean necesarias’ para garantizar la vida, integridad personal y salud de Milagro Sala», comunicaron.

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en 2017 estableció que el Poder Judicial jujeño «debía cumplir la resolución de la Corte IDH y disponer el arresto domiciliario de Milagro Sala o cualquier otra medida menos restrictiva de sus derechos».

CABA

Basura porteña: la Ciudad descarta pagar indemnizaciones a recolectores y Moyano amenaza con la calle

La administración porteña confirmó en audiencia pública que los nuevos pliegos de recolección de residuos (2028-2038) no contemplarán indemnizaciones para los trabajadores del sector. El monto en disputa asciende a 200 millones de dólares para unos 6.000 recolectores y barrenderos. Pablo Moyano respondió con una movilización y dejó una advertencia sin matices: irán hasta las últimas consecuencias.

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El Argentino Diario-Pablo Moyano.
La Ciudad de Jorge Macri descarta pagar los 200 millones que les debe a los recolectores. Moyano dice que irán a fondo.

Doscientos millones de dólares en indemnizaciones quedarán afuera de los nuevos contratos de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires. La administración de Jorge Macri lo confirmó este lunes en una audiencia pública, poniendo en blanco sobre negro lo que el Sindicato de Camioneros venía advirtiendo desde hace semanas: que el gobierno porteño no tiene intenciones de incluir las compensaciones económicas para los aproximadamente 6.000 trabajadores del sector cuando finalicen las concesiones vigentes.

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, respondió con una movilización callejera antes de que la audiencia comenzara y dejó en claro la postura del gremio: no habrá marcha atrás. Los contratos actuales del servicio de recolección y barrido, prorrogados hasta septiembre de 2028, contemplan expresamente en su Régimen de Personal Operativo el ítem «Indemnizaciones Finales», que establece que al término del contrato el Gobierno de la Ciudad abonará a las empresas adjudicatarias los montos auditados para que estas indemnicen al personal. La gestión macrista pretende que ese ítem desaparezca en los pliegos que cubrirán el período 2028-2038.

«Nadie nos regaló nada»: la advertencia de Moyano

La semana pasada, en una asamblea del gremio, Pablo Moyano fue explícito respecto del nivel de conflicto que está dispuesto a escalar. «Nadie nos regaló nada. Todo lo que conseguimos fue en la calle y luchando. Con el pago de las indemnizaciones no vamos a retroceder un paso. Lo vamos a ganar nuevamente en la calle, que manden a la policía, que manden a los medios de comunicación», sostuvo ante los trabajadores. La advertencia no fue una figura retórica: este lunes la movilización se concretó frente al lugar donde se realizó la audiencia pública, anticipándose a la decisión oficial.

El reclamo del gremio tiene un sustento contractual concreto. El pliego licitatorio vigente, cuyo vencimiento fue prorrogado hasta septiembre de 2028, establece textualmente que «al terminar este contrato, el adjudicatario calculará las indemnizaciones del personal; una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abonará dichos montos a la empresa para que ésta indemnice a los trabajadores». La pregunta que Camioneros lleva a la Legislatura porteña es si el presupuesto 2027, que Jorge Macri deberá presentar próximamente, incluirá las partidas necesarias para honrar ese compromiso.

El nuevo pliego: tecnología como respuesta política

Desde la administración porteña, la respuesta al conflicto gremial llegó envuelta en modernización tecnológica. La propuesta que la Ciudad puso sobre la mesa en la audiencia pública contempla que parte del pago a las empresas dependa del cumplimiento efectivo del servicio y de la evaluación de los vecinos. Entre las innovaciones previstas figuran seguimiento satelital de los camiones, sensores en contenedores, procesamiento de imágenes con inteligencia artificial y ajustes en los recorridos, el barrido y la recolección diferenciada. Ninguna de esas mejoras operativas, sin embargo, responde a la pregunta central del conflicto: quién pagará los 200 millones de dólares que los trabajadores consideran su derecho adquirido.

La tensión tiene una lógica política que va más allá del pliego técnico. Con vistas a las elecciones de 2027, el gobierno de Jorge Macri enfrenta la presión de mantener equilibradas las cuentas de la Ciudad sin comprometer partidas millonarias a futuro, mientras Camioneros, uno de los sindicatos con mayor capacidad de movilización del país, no está dispuesto a resignar conquistas contractuales bajo el argumento del ajuste. El resultado de esa ecuación se dirimirá, según todo indica, en la calle y en la Legislatura, antes de que los nuevos pliegos queden firmes.

Lo que tenés que saber:

  • La Ciudad confirmó en audiencia pública que los nuevos contratos de recolección (2028-2038) no incluirán el pago de indemnizaciones a los trabajadores del sector.
  • El monto en disputa asciende a aproximadamente 200 millones de dólares para unos 6.000 recolectores y barrenderos.
  • Pablo Moyano encabezó una movilización y advirtió que Camioneros hará «lo imposible» para que las indemnizaciones se efectivicen.
  • El pliego vigente, prorrogado hasta septiembre de 2028, establece expresamente la obligación del Gobierno porteño de financiar esas indemnizaciones al vencimiento de los contratos.
  • La propuesta oficial incorpora tecnología (GPS, sensores, IA) en el servicio pero no aborda el conflicto económico con el gremio.
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