Una protesta de 550.000 personas contra el costo de vida terminó en Francia con toques de queda en París, Lyon, Lille y Niza; en Argentina, ese mismo martes, dos delegados del subte fueron detenidos cuando iban a iniciar una medida de fuerza, según denunció el gremio. Dos escenas distintas, con una pregunta en común: qué hace un gobierno cuando el malestar económico llega a la calle.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció en conferencia de prensa toques de queda parciales en distintas zonas del país, que comenzaron a regir el lunes por la noche tras los saqueos y los incidentes de las protestas del fin de semana. Este martes, el jefe de Gobierno escribió en su cuenta de X: «Los toques de queda selectivos han contribuido a la calma de esta noche». Además, anunció nuevas restricciones para este martes «donde la situación lo requiera».

Qué se prohibió y dónde

En París, el toque de queda rigió de las 23 del lunes a las 6 del martes en torno a la Plaza de la República y las calles de Les Halles, según indicaron las autoridades locales. En Lyon, la medida alcanzó una zona céntrica de Presqu’île desde las 21. En el departamento del Norte, el prefecto impuso restricciones de 20 a 6 en zonas de Lille, Wattignies, Douai y Denain durante los próximos dos días. En Niza, el alcalde Eric Ciotti anunció en X un toque de queda para menores de edad desde las 21.

Según el Ministerio del Interior francés, más de 550.000 personas marcharon el sábado 17 de octubre en todo el país, hubo 2.397 arrestados y 997 policías y gendarmes heridos, siete de gravedad. Las convocatorias reclamaban por el costo de vida, el precio de los combustibles, las condiciones de la educación pública y la violencia policial. El propio presidente Emmanuel Macron reconoció como legítimas las preocupaciones por el costo de vida y por los combustibles, aunque aseguró que «nada justifica la violencia». El reclamo de fondo es el de cientos de miles de personas que salieron a la calle por lo que cuesta vivir.

El espejo argentino: ajuste y protocolo

En la Argentina, el reclamo también es económico. Según un informe del IIEP (UBA-CONICET), la canasta de servicios y transporte público acumuló una suba superior al 525% desde el inicio de la gestión de Javier Milei, que el Gobierno justificó como una «corrección necesaria» para eliminar subsidios. Por su parte, el Foro Economía y Trabajo, integrado por economistas vinculados al movimiento sindical, calculó que los recortes reales acumulados desde 2023 alcanzan el 31% en el gasto primario, el 61% en programas sociales y el 20% en transferencias a universidades.

La respuesta oficial a la protesta tiene nombre propio: el protocolo antipiquetes, aprobado en diciembre de 2023 por la Resolución 943/23. En diciembre de 2025, el juez federal Martín Cormick lo declaró nulo, en un amparo del CELS, por considerar que el Poder Ejecutivo avanzaba sobre atribuciones del Congreso. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal revirtió ese fallo el 31 de marzo de 2026 y el Ministerio de Seguridad Nacional anunció que el protocolo «está en plena vigencia».

La Comisión Provincial por la Memoria, que monitorea la protesta social desde diciembre de 2023, denunció que desde la aplicación del protocolo se registraron al menos 363 detenciones arbitrarias en el contexto de movilizaciones. Y este martes, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro denunció la detención de los delegados Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia en la estación Rosas de la Línea B, lo que derivó en un paro en todas las líneas.

Dos países, una misma lógica de respuesta

Las diferencias son evidentes: en Francia hubo saqueos e incendios y los toques de queda buscan frenar esa violencia, mientras que en Argentina el gremio denuncia detenciones por una medida de fuerza sindical, un derecho reconocido a los gremios en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Pero en ambos casos la herramienta elegida para responder a un malestar económico es la represión estatal y no una respuesta a los reclamos de fondo.

En Francia, hasta el momento no trascendieron anuncios económicos para atender el reclamo por el costo de vida. En Argentina, el Gobierno sostiene su programa de ajuste y defiende el «orden» como bandera. En ambos lados del Atlántico, la calle dice lo mismo: cuando el bolsillo no alcanza, la protesta es el síntoma y no el problema.