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Milagro Sala tras 7 años presa: Cristina “es la mejor candidata que tiene hoy el Frente de Todos»

La dirigente social ratificó el pedido de indulto que hicieron organizaciones de DDHH.

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La dirigente jujeña Milagro Sala sostuvo este lunes que en la agrupación Túpac Amaru «nunca pensaron» que las organizaciones sociales de la provincia y ella misma «serían víctimas de una represalia tan violenta por parte del gobierno de Gerardo Morales», y al referirse al gobernador que preside el Comité Nacional de la UCR aseguró que su «único escudo» son «la justicia, la policía y (la ampliación de) las contravenciones». 

Sala, quien este lunes cumple 7 años presa, mantuvo una entrevista con Télam en su casa del barrio Cuyaya de la capital jujeña, en la que cumple prisión domiciliaria, desde donde advirtió que en Jujuy «se siguen comprando testigos» para que declaren en su contra.

Además, reiteró su reclamo de que le otorguen el indulto, alternativa procesal que -dijo- se implementó «de la misma manera» durante la gestión de Raúl Alfonsín. 

En cuanto a otras causas que la tienen como imputada, adelantó que antes de que se inicien los nuevos juicios ella misma «mostrará las pruebas» de las que dispone para replicar los cargos.

Su intención es evitar que se repita el antecedente de la causa ‘Pibes Villeros’, en la que considera que no pudo ejercer plenamente su derecho de defensa.

«Yo, antes de que vaya a juicio, voy a salir públicamente a hablar causa por causa y voy a comenzar a mostrar mis pruebas, para que no me pase como en la causa ‘Pibes Villeros’. Porque en esa causa quería presentar videos, pruebas, facturas y nunca nos dejaron presentar nada: de los 116 testigos que teníamos solo permitieron que declaren 9 y a esos 9 les amenazaron a todas sus familias», remarcó.

Otro tópico de la entrevista fue el reclamo del indulto para que pueda recuperar su libertad, que tomó nuevamente impulso luego del fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena a 13 años en su contra en la causa ‘Pibes Villeros’.

«Yo, hace varios meses, decía ‘no al indulto’, hoy digo ‘sí al indulto’ porque yo quiero ir a la Corte Interamericana (de Justicia) a sentarme en un banquillo, que ellos me juzguen y que yo pueda aportar prueba y que me pueda defender. Tengo la última posibilidad de hacer eso», manifestó.

Además, mencionó que en la última reunión de la organismos de derechos humanos con el presidente Alberto Fernández se formó una comisión con ocho abogados donde estaban «trabajando en la posibilidad del indulto».

«Creo que ya están terminando con ese trabajo porque no es armar el expediente y dar la prueba. No nos olvidemos que en la época de Alfonsín este también dio un indulto de la misma manera que uno está pidiendo«, puntualizó.  

Durante el diálogo con esta agencia, la dirigente recordó que luego de que Morales asumiera la gobernación numerosos integrantes de organizaciones sociales de Jujuy exigían ser atendidos para tener alguna certeza de su futuro laboral, razón por la cual se montó un acampe en la plaza Belgrano, frente a la Casa de Gobierno.

Fue una protesta de varios días que derivó en la detención y prisión preventiva de la propia Sala.

«Nunca nos imaginábamos que nos iban a meter presos, tampoco (que Morales decidiría) tomar una represalia tan violenta en lo personal y contra las organizaciones sociales», repasó la fundadora de la Túpac Amaru.

Y en el mismo sentido, confió: «No nos preparamos para ir a la cárcel. Teníamos todas las cooperativas al día, las casas al día y en la última etapa nos faltaba construir la mitad y todo el material quedó guardado en galpones de la Túpac (del barrio Alto Comedero).» 

Asimismo, lamentó el estado actual en que se encuentran muchas de las obras realizadas por la organización, como el Parque Acuático (construido en el barrio Alto Comedero, donde para muchos pobladores significó la primera experiencia de practicar natación), los Centros de Salud y las fábricas textiles, que quedaron abandonadas.

«Todo está destruido o sin funcionar. Si yo fuese Morales hubiera sido más inteligente y mandado a mejorar las obras ya hechas, pero mandó a destruir para hacer su proyecto propio», criticó.

En otro tramo del reportaje, Sala contó cómo fue el momento en el que la detuvieron, una decisión que había sido anticipada por las «represalias» que empezaban a sufrir «compañeros de todas las organizaciones» desde el inicio de la gestión de Morales, recordó. 

«Ese día me vine a bañar y salía ya para la plaza (Belgrano) y en medio camino me tuve que volver. Cuando vengo, estaba rodeada mi casa de policía, infantería, y me llamó el (entonces) ministro (de Seguridad, Ekel Meyer) y, sin siquiera tener una orden judicial, me llevaron en un auto blanco y de ahí me llevaron a la comisaría de la Mujer y, a la semana, al penal», reconstruyó.

Por otro lado, señaló que «cuando las organizaciones sociales y partidos políticos de Buenos Aires movilizaron hacia la Corte Suprema de Justicia, Morales salió a decir que la Justicia tiene que ser independiente y nosotros, los jujeños, sabemos que la Justicia no es independiente».

«Son parte de la política que Morales usa. La gente ya sabe lo que él hace», agregó. 

Acerca de las elecciones presidenciales de este año, afirmó que «Cristina Fernández de Kirchner es la mejor candidata que tiene hoy el Frente de Todos».

«Ella fue clara cuando dijo, en su último discurso, ‘a mí me está proscribiendo la Justicia’, con lo cual nos dejó una pequeña luz de esperanza. Muchos de los que militamos queremos que sea ella la candidata a presidente porque va a poder responder al pueblo«, subrayó.  

«Cristina es una de las líderes del pueblo«, enfatizó luego.

En tanto a la gestión de Morales, dijo que «con él Jujuy se ha empobrecido mucho» mientras que en el plano nacional planteó que las aspiraciones electorales del gobernador también «se caen a pedazos».

«Morales llamó a encuestas para ver si podía reformar la Constitución (provincial) y el pueblo le dijo que no y tuvo que suspender. De diciembre la pasó para el 7 de mayo (junto con las elecciones provinciales habrá elección de convencionales constituyentes). La gente está en desacuerdo con el PJ y los radicales por la sociedad grande que tienen en Jujuy«, cuestionó Sala.

En ese sentido, agregó: «Jujuy es una de las provincias que está más empobrecida y la plata que se recauda y que juntan Morales y su hermano no sabemos a dónde va a parar».

«No hay generación de trabajo. Jujuy es una de las provincias en la que estamos políticamente muy mal parados y la gente del resto del país se da cuenta que Morales miente«, acotó.

En cuanto al escenario político de la provincia en el corto plazo, estimó que «habrá un gobierno muy distinto al de Morales», tras lo cual exhortó al electorado a elegir en las urnas a los sectores políticos que realmente «defiendan Jujuy».

«Somos los únicos que vamos a poder defender Jujuy. Y cuando estemos en el cuarto oscuro pensemos bien, porque en estos años que lleva gobernando (Morales) es impresionante cómo Jujuy pasó de ser una provincia tan tranquila a ser una provincia tan temerosa».

Acerca de este punto, advirtió sobre los constantes hostigamientos que sufren las organizaciones sociales con causas judiciales en contra de sus dirigentes, a quienes los intimidan y amenazan con la aplicación de la figura de la contravención.

«Desde que Morales asume, manda un proyecto de ley que se aprueba en la Legislatura y es la contravención (ampliada) que se está aplicando a todos los dirigentes sociales, sindicalistas y a todo aquel sector político que se toma la osadía de decir que su gobierno es corrupto«, indicó.

En ese sentido, añadió que ante los reclamos para el funcionamiento de los comedores o las cooperativas, «contra el hambre y por trabajo para la gente, el único escudo que tiene Morales es la Justicia, la policía y las contravenciones».

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Myanmar cometió genocidio: la CIJ responsabilizó por primera vez a un Estado

El máximo tribunal de la ONU concluyó que las fuerzas birmanas mataron a unos 10.000 rohinyás en 2017 y empujaron a 700.000 al exilio. Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y garantizar el regreso de los desplazados.

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Corte Internacional de Justicia: fallo por los rohinyás

Unos 10.000 rohinyás asesinados, alrededor de 700.000 expulsados hacia Bangladés y cerca de 400 aldeas arrasadas: con esas cifras sobre la mesa, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó este jueves que Myanmar cometió genocidio contra esa minoría musulmana durante las operaciones militares de 2017. Es la primera vez en su historia que el máximo tribunal de Naciones Unidas declara a un Estado responsable de haber cometido ese crimen.

El fallo, de 191 páginas, fue leído durante casi tres horas en La Haya por el presidente del tribunal, el juez japonés Yuji Iwasawa, en la causa que Gambia inició en noviembre de 2019 por violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. «La República de la Unión de Myanmar ha cometido genocidio contra el grupo rohinyá en el norte del estado de Rajine», afirmó Iwasawa. La decisión se adoptó por nueve votos contra seis y es definitiva, obligatoria para las partes e inapelable.

Qué dio por probado la Corte

El tribunal consideró respaldada por el expediente la estimación de unos 10.000 muertos, que surge de una misión independiente de la ONU, y concluyó que las fuerzas de seguridad y otros órganos del Estado cometieron actos prohibidos por los incisos a, b y d del artículo II de la Convención: matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental y medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo. También determinó que Myanmar no previno ni castigó el genocidio.

Iwasawa describió la «violencia extrema» del ejército contra las comunidades rohinyás del estado de Rajine y sostuvo que el asesinato de bebés respalda la inferencia de que las fuerzas de seguridad buscaban impedir nacimientos dentro del grupo. Según el tribunal, cerca de 400 de las casi 1.000 aldeas de tres municipios del norte, alrededor del 40%, fueron destruidas total o parcialmente durante y después de 2017, y sobre los terrenos despejados se levantaron construcciones a toda velocidad.

Lo que deberá hacer Myanmar

La sentencia ordenó a Myanmar adecuar su legislación a las obligaciones de la Convención, investigar y, cuando corresponda, juzgar y castigar a los sospechosos, ofrecer garantías de no repetición, permitir el regreso «seguro, voluntario y digno» de los desplazados y la reunificación de las familias, e indemnizar al grupo rohinyá y a sus integrantes. El monto se fijará en una etapa posterior, y el Estado birmano tendrá dos años para informar qué medidas de restitución adoptó y qué compensación propone.

El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el fallo como un «poderoso reconocimiento a las víctimas rohinyá del genocidio» y sostuvo que terminar con la impunidad es indispensable para la reconciliación en Myanmar. Pero la CIJ no tiene medios propios para hacer cumplir sus decisiones, y el comandante que encabezó aquella ofensiva, Min Aung Hlaing, es el mismo que lideró el golpe de Estado de 2021.

Un techo que se rompió

El caso recorrió un largo camino: en enero de 2020 la Corte ordenó medidas provisionales para proteger a los rohinyás, en julio de 2022 rechazó las objeciones de Myanmar y se declaró competente, y en enero de este año escuchó tres semanas de alegatos, en los que el representante birmano Ko Ko Hlaing defendió la campaña militar como una respuesta a ataques de milicianos rohinyás.

El fallo marca un antes y un después en el derecho internacional: en Bosnia contra Serbia, en 2007, la Corte solo había condenado a un Estado por no prevenir un genocidio, el de Srebrenica, pero no por cometerlo. En Croacia contra Serbia, en 2015, rechazó las dos demandas por no haberse probado la intención específica de destruir a un grupo.

El capítulo argentino

La causa tiene un correlato directo en Comodoro Py. En noviembre de 2019, organizaciones rohinyás junto a organismos argentinos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y la organización del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una denuncia ante el juzgado de María Romilda Servini invocando el principio de jurisdicción universal. El 13 de febrero de 2025, la jueza dictó órdenes de detención contra 25 funcionarios militares y civiles birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing y la ex consejera de Estado Aung San Suu Kyi. La sentencia de La Haya le da un respaldo inédito a una investigación que la Justicia argentina abrió cuando pocos países se animaban.

Lo que tenés que saber

  • La CIJ declaró a Myanmar responsable de genocidio contra los rohinyás en 2017, por nueve votos contra seis.
  • Es la primera vez que el tribunal determina que un Estado cometió genocidio.
  • Se estiman unos 10.000 muertos, 700.000 desplazados y unas 400 aldeas destruidas.
  • Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y permitir el regreso de los desplazados; Myanmar tiene dos años para informar.
  • En la Argentina, la jueza Servini ordenó en 2025 la detención de 25 funcionarios birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing.
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