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Milagro Sala tras 7 años presa: Cristina “es la mejor candidata que tiene hoy el Frente de Todos»

La dirigente social ratificó el pedido de indulto que hicieron organizaciones de DDHH.

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La dirigente jujeña Milagro Sala sostuvo este lunes que en la agrupación Túpac Amaru «nunca pensaron» que las organizaciones sociales de la provincia y ella misma «serían víctimas de una represalia tan violenta por parte del gobierno de Gerardo Morales», y al referirse al gobernador que preside el Comité Nacional de la UCR aseguró que su «único escudo» son «la justicia, la policía y (la ampliación de) las contravenciones». 

Sala, quien este lunes cumple 7 años presa, mantuvo una entrevista con Télam en su casa del barrio Cuyaya de la capital jujeña, en la que cumple prisión domiciliaria, desde donde advirtió que en Jujuy «se siguen comprando testigos» para que declaren en su contra.

Además, reiteró su reclamo de que le otorguen el indulto, alternativa procesal que -dijo- se implementó «de la misma manera» durante la gestión de Raúl Alfonsín. 

En cuanto a otras causas que la tienen como imputada, adelantó que antes de que se inicien los nuevos juicios ella misma «mostrará las pruebas» de las que dispone para replicar los cargos.

Su intención es evitar que se repita el antecedente de la causa ‘Pibes Villeros’, en la que considera que no pudo ejercer plenamente su derecho de defensa.

«Yo, antes de que vaya a juicio, voy a salir públicamente a hablar causa por causa y voy a comenzar a mostrar mis pruebas, para que no me pase como en la causa ‘Pibes Villeros’. Porque en esa causa quería presentar videos, pruebas, facturas y nunca nos dejaron presentar nada: de los 116 testigos que teníamos solo permitieron que declaren 9 y a esos 9 les amenazaron a todas sus familias», remarcó.

Otro tópico de la entrevista fue el reclamo del indulto para que pueda recuperar su libertad, que tomó nuevamente impulso luego del fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena a 13 años en su contra en la causa ‘Pibes Villeros’.

«Yo, hace varios meses, decía ‘no al indulto’, hoy digo ‘sí al indulto’ porque yo quiero ir a la Corte Interamericana (de Justicia) a sentarme en un banquillo, que ellos me juzguen y que yo pueda aportar prueba y que me pueda defender. Tengo la última posibilidad de hacer eso», manifestó.

Además, mencionó que en la última reunión de la organismos de derechos humanos con el presidente Alberto Fernández se formó una comisión con ocho abogados donde estaban «trabajando en la posibilidad del indulto».

«Creo que ya están terminando con ese trabajo porque no es armar el expediente y dar la prueba. No nos olvidemos que en la época de Alfonsín este también dio un indulto de la misma manera que uno está pidiendo«, puntualizó.  

Durante el diálogo con esta agencia, la dirigente recordó que luego de que Morales asumiera la gobernación numerosos integrantes de organizaciones sociales de Jujuy exigían ser atendidos para tener alguna certeza de su futuro laboral, razón por la cual se montó un acampe en la plaza Belgrano, frente a la Casa de Gobierno.

Fue una protesta de varios días que derivó en la detención y prisión preventiva de la propia Sala.

«Nunca nos imaginábamos que nos iban a meter presos, tampoco (que Morales decidiría) tomar una represalia tan violenta en lo personal y contra las organizaciones sociales», repasó la fundadora de la Túpac Amaru.

Y en el mismo sentido, confió: «No nos preparamos para ir a la cárcel. Teníamos todas las cooperativas al día, las casas al día y en la última etapa nos faltaba construir la mitad y todo el material quedó guardado en galpones de la Túpac (del barrio Alto Comedero).» 

Asimismo, lamentó el estado actual en que se encuentran muchas de las obras realizadas por la organización, como el Parque Acuático (construido en el barrio Alto Comedero, donde para muchos pobladores significó la primera experiencia de practicar natación), los Centros de Salud y las fábricas textiles, que quedaron abandonadas.

«Todo está destruido o sin funcionar. Si yo fuese Morales hubiera sido más inteligente y mandado a mejorar las obras ya hechas, pero mandó a destruir para hacer su proyecto propio», criticó.

En otro tramo del reportaje, Sala contó cómo fue el momento en el que la detuvieron, una decisión que había sido anticipada por las «represalias» que empezaban a sufrir «compañeros de todas las organizaciones» desde el inicio de la gestión de Morales, recordó. 

«Ese día me vine a bañar y salía ya para la plaza (Belgrano) y en medio camino me tuve que volver. Cuando vengo, estaba rodeada mi casa de policía, infantería, y me llamó el (entonces) ministro (de Seguridad, Ekel Meyer) y, sin siquiera tener una orden judicial, me llevaron en un auto blanco y de ahí me llevaron a la comisaría de la Mujer y, a la semana, al penal», reconstruyó.

Por otro lado, señaló que «cuando las organizaciones sociales y partidos políticos de Buenos Aires movilizaron hacia la Corte Suprema de Justicia, Morales salió a decir que la Justicia tiene que ser independiente y nosotros, los jujeños, sabemos que la Justicia no es independiente».

«Son parte de la política que Morales usa. La gente ya sabe lo que él hace», agregó. 

Acerca de las elecciones presidenciales de este año, afirmó que «Cristina Fernández de Kirchner es la mejor candidata que tiene hoy el Frente de Todos».

«Ella fue clara cuando dijo, en su último discurso, ‘a mí me está proscribiendo la Justicia’, con lo cual nos dejó una pequeña luz de esperanza. Muchos de los que militamos queremos que sea ella la candidata a presidente porque va a poder responder al pueblo«, subrayó.  

«Cristina es una de las líderes del pueblo«, enfatizó luego.

En tanto a la gestión de Morales, dijo que «con él Jujuy se ha empobrecido mucho» mientras que en el plano nacional planteó que las aspiraciones electorales del gobernador también «se caen a pedazos».

«Morales llamó a encuestas para ver si podía reformar la Constitución (provincial) y el pueblo le dijo que no y tuvo que suspender. De diciembre la pasó para el 7 de mayo (junto con las elecciones provinciales habrá elección de convencionales constituyentes). La gente está en desacuerdo con el PJ y los radicales por la sociedad grande que tienen en Jujuy«, cuestionó Sala.

En ese sentido, agregó: «Jujuy es una de las provincias que está más empobrecida y la plata que se recauda y que juntan Morales y su hermano no sabemos a dónde va a parar».

«No hay generación de trabajo. Jujuy es una de las provincias en la que estamos políticamente muy mal parados y la gente del resto del país se da cuenta que Morales miente«, acotó.

En cuanto al escenario político de la provincia en el corto plazo, estimó que «habrá un gobierno muy distinto al de Morales», tras lo cual exhortó al electorado a elegir en las urnas a los sectores políticos que realmente «defiendan Jujuy».

«Somos los únicos que vamos a poder defender Jujuy. Y cuando estemos en el cuarto oscuro pensemos bien, porque en estos años que lleva gobernando (Morales) es impresionante cómo Jujuy pasó de ser una provincia tan tranquila a ser una provincia tan temerosa».

Acerca de este punto, advirtió sobre los constantes hostigamientos que sufren las organizaciones sociales con causas judiciales en contra de sus dirigentes, a quienes los intimidan y amenazan con la aplicación de la figura de la contravención.

«Desde que Morales asume, manda un proyecto de ley que se aprueba en la Legislatura y es la contravención (ampliada) que se está aplicando a todos los dirigentes sociales, sindicalistas y a todo aquel sector político que se toma la osadía de decir que su gobierno es corrupto«, indicó.

En ese sentido, añadió que ante los reclamos para el funcionamiento de los comedores o las cooperativas, «contra el hambre y por trabajo para la gente, el único escudo que tiene Morales es la Justicia, la policía y las contravenciones».

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La Justicia suspendió el nuevo Régimen Penal Juvenil en la Provincia de Buenos Aires

Un juzgado de Lomas de Zamora frenó por 60 días la aplicación de la ley que reduce a 14 años la edad de imputabilidad. La jueza advirtió sobre una posible vulneración de derechos y cuestionó si el Estado cuenta con recursos suficientes para implementar el nuevo sistema.

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La Justicia bonaerense suspendió la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. La decisión fue adoptada por el Juzgado de Responsabilidad Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, que interrumpió por 60 días la entrada en vigencia de la normativa que establece un régimen penal específico para adolescentes desde los 14 años.

La resolución fue firmada por la jueza Marta Elba Pascual, quien planteó que la implementación inmediata del nuevo sistema podría generar una afectación grave de derechos fundamentales de adolescentes privados de su libertad.

El fallo puso el foco en una cuestión central: si el Estado cuenta actualmente con las condiciones materiales, institucionales y profesionales necesarias para ampliar la cantidad de adolescentes sometidos al sistema penal sin vulnerar los estándares constitucionales y convencionales vigentes.

La advertencia de la Justicia

La magistrada señaló que antes de aplicar el nuevo régimen resulta necesario determinar si existen condiciones objetivas que permitan garantizar los derechos de los adolescentes alcanzados por la normativa.

En particular, advirtió sobre la posibilidad de que el Estado no cuente con suficientes recursos ni establecimientos adecuados para alojar a los jóvenes que eventualmente sean privados de su libertad.

El fallo también alertó sobre el posible incremento de la población adolescente detenida. Según la jueza, aunque el aumento podría producirse de manera progresiva, algunos cambios en los parámetros para disponer detenciones y prisiones preventivas podrían generar un impacto inmediato.

La suspensión tendrá una duración de 60 días.

Qué establece el nuevo Régimen Penal Juvenil

La nueva normativa establece un sistema específico para adolescentes de entre 14 y 18 años imputados por delitos.

La edad mínima de imputabilidad fue establecida por el Congreso mediante la Ley 27.801, publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo. La norma fijó un plazo de 180 días para su entrada en vigencia.

Posteriormente, el Gobierno reglamentó el régimen mediante el Decreto 875/2026, firmado el 4 de septiembre, que designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal.

Entre sus funciones se encuentran la implementación del régimen, el seguimiento de los adolescentes, la asistencia a las víctimas y la articulación con las distintas jurisdicciones.

El régimen contempla distintas medidas según la gravedad del hecho y las características de cada caso. Entre ellas se encuentran:

  • Amonestaciones.
  • Restricciones de contacto o circulación.
  • Trabajos comunitarios.
  • Reparación del daño.
  • Monitoreo electrónico.
  • Penas privativas de la libertad.

La normativa establece que, en los casos en los que corresponda una pena de prisión, no podrá aplicarse prisión o reclusión perpetua. El máximo previsto para adolescentes es de 15 años.

Supervisores para controlar a los adolescentes

Uno de los principales cambios previstos por el nuevo sistema es la incorporación de supervisores especializados.

Estos profesionales deberán acompañar y controlar a los adolescentes cuando un juez determine determinadas medidas o sanciones. Entre sus obligaciones estará mantener entrevistas semanales y elaborar informes mensuales sobre la evolución del joven.

Los informes deberán contemplar aspectos vinculados con la educación, la formación, la conducta y el proceso de reinserción social.

Para integrar el Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil será necesario contar con formación terciaria o universitaria en áreas como educación, pedagogía infantojuvenil, psicología o trabajo social, o acreditar preparación específica en adicciones.

Además, los postulantes deberán contar con al menos dos años de experiencia profesional y aprobar una capacitación obligatoria sobre justicia penal juvenil y derechos de niños y adolescentes.

También deberán realizar instancias de formación continua todos los años.

Una implementación que queda bajo la lupa

La reglamentación establece restricciones para quienes pretendan desempeñarse como supervisores. Quedarán excluidas determinadas personas con antecedentes de procesamientos o condenas penales y quienes figuren en registros vinculados con hechos de violencia contra mujeres, niñas, niños o adolescentes.

Mientras se conforma el registro definitivo, el Ministerio de Justicia elaborará una nómina provisoria.

La primera convocatoria pública deberá realizarse dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigencia del decreto.

En los procesos de competencia nacional y federal, los jueces seleccionarán a los supervisores entre los profesionales habilitados. En las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, cada jurisdicción deberá establecer sus propios mecanismos de designación, remoción y sanción, respetando los lineamientos generales establecidos por la Ley 27.801.

La decisión adoptada en Lomas de Zamora introduce así un freno a la implementación del nuevo régimen en territorio bonaerense y pone en el centro del debate una cuestión clave: si la ampliación del sistema penal hacia adolescentes de menor edad puede concretarse sin contar previamente con las condiciones materiales, institucionales y profesionales necesarias para garantizar sus derechos.

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