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Juicio Báez Sosa: fiscales esperan los testimonios para analizar acusaciones

Escoda ratificó que “si encuentran argumentos para pedir perpetua, lo solicitarán».

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El fiscal general de Dolores, Diego Escoda, dijo este lunes que el balance del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa «es positivo», que los fiscales «no tienen la obligación de acusar sí o sí a todos» los imputados y que una vez que finalicen los testimonios de todas las personas convocadas al debate evaluarán la prueba y entonces «formularán los pedidos de condena, absoluciones o penas menores».

En declaraciones televisivas el jefe de todos los fiscales del Departamento Judicial Dolores consideró que «el balance es positivo en cuanto a que el juicio está desarrollándose con total normalidad, los testigos están pudiendo declarar, se está produciendo toda la prueba y la relación con las partes es cordial».

«La expectativa del Ministerio Público no es obviamente la condena sí o sí de los imputados, la única expectativa que la fiscalía tiene es la correcta aplicación de la ley, que eso va a surgir una vez que se produzca toda la prueba y en los alegatos los fiscales van a tener que hacer una evaluación integral y ahí formularán los pedidos de condena, absoluciones o penas menores», sostuvo.

Escoda insistió que «la discusión será sobre la prueba y cada parte argumentará lo propio, si encuentran argumentos para pedir perpetua, lo solicitarán».

El funcionario judicial estimó que antes de fin de mes se realizarán los alegatos de ambas partes y espera que la sentencia se pronuncie antes de febrero.

«Fue un hecho muy grave y muy triste para todos. En primer lugar para la familia de la víctima y uno ve que los imputados son personas, como personas tienen todos los derechos y merecen el trato digno que toda persona tiene que tener, hayan hecho lo que hayan hecho. Es muy triste la edad que tienen y pena que tienen en expectativa. Ojalá que se logre la correcta aplicación de la ley penal y que sea justicia», concluyó.

Por su parte, el fiscal Juan Manuel Dávila, uno de los que interviene en el juicio, se refirió antes del inicio de la audiencia a las declaraciones de los testigos de hoy, Juan Pedro Guarino, Alejo Milanessi y Tomás Colazzo, los dos primeros inicialmente imputados y luego sobreseídos en la causa, y de los padres de algunos de los acusados, todos ellos convocados por la defensa, y dijo que esperarán «respetuosamente ver qué surge de sus testimonios».

Sobre los padres de los rugbiers, Dávila explicó que «no pueden declarar y que sea usado en contra de sus hijos», mientas que sobe los jóvenes Guarino y Milanessi, «que estuvieron activamente en el ataque no se ha desprendido la causa y por el mismo hecho no pueden ser imputados».

«Son muy importantes porque estuvieron detenidos y estuvieron en el lugar«, añadió el fiscal.

Su colega, Gustavo García, quien también interviene en el debate, resaltó que los testigos «son ofrecidos por la defensa», por lo que se esperará ver qué declaran y si es necesario hacer preguntas.

«Colazzo sigue siendo testigo, nunca estuvo como imputado y si surgieran elementos en el debate para imputarlo va a tramitar en la justicia de menores«, ya que él era menor de edad al momento del crimen de Fernando.

Judiciales ⚖️

Concejal libertario pagará $12 millones a una trabajadora por abuso sexual

El concejal Alberto Montes alcanzó un acuerdo económico con una trabajadora municipal que lo denunció por un hecho ocurrido en una dependencia pública. Aunque pactó una indemnización de $12 millones en el fuero civil, la investigación penal continúa y podría llegar a juicio oral.

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Lo que tenés que saber

  • Un concejal de La Libertad Avanza alcanzó un acuerdo económico con una denunciante.
  • La compensación fue establecida en el marco de una causa civil.
  • La investigación penal continúa abierta y sigue su curso judicial.
  • La Justicia rechazó un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa.
  • El expediente podría avanzar hacia una instancia de juicio oral.

Un acuerdo económico en paralelo a la investigación judicial

El concejal de San Isidro Alberto Montes alcanzó un acuerdo económico con una trabajadora municipal que lo denunció por un hecho ocurrido dentro de una dependencia pública cuando ambos se desempeñaban en el área de Tránsito del municipio.

Según trascendió, el entendimiento fue formalizado en el ámbito civil y contempla el pago de una indemnización de $12 millones a la denunciante. El acuerdo fue establecido de manera paralela a la causa penal que continúa en trámite.

La denuncia y las imágenes incorporadas al expediente

La denuncia fue presentada a fines de 2023 y está vinculada a un episodio registrado por cámaras de seguridad de una dependencia municipal.

De acuerdo con la acusación, las imágenes muestran el momento en que Montes ingresa a una oficina y mantiene un contacto físico con una trabajadora sin su consentimiento.

Tras el episodio, la mujer decidió acudir a la Justicia y promover las acciones correspondientes.

La causa penal continúa abierta

Más allá del acuerdo alcanzado en el fuero civil, especialistas recuerdan que este tipo de convenios no implica el cierre automático de una investigación penal.

En este caso, la causa continúa bajo la figura de abuso sexual y ya superó una instancia relevante luego de que la Justicia rechazara un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa del edil.

La decisión permitió que el expediente siga avanzando dentro del proceso judicial.

Posible juicio oral durante este año

Según información vinculada al caso, la investigación se encuentra en una etapa avanzada y podría llegar a juicio oral durante el segundo semestre.

En esa instancia se analizarán las pruebas reunidas por la fiscalía y los argumentos de las partes para determinar la eventual responsabilidad penal del acusado.

Mientras tanto, la imputación permanece vigente y el proceso continúa bajo supervisión judicial.

Repercusiones políticas en San Isidro

El caso también generó repercusiones dentro del ámbito político local. Distintos sectores expresaron cuestionamientos respecto de la continuidad de Montes en el Concejo Deliberante mientras se desarrolla la investigación.

El edil sigue ejerciendo su banca y aguarda la evolución del expediente judicial, que podría convertirse en uno de los procesos de mayor impacto institucional en el distrito durante este año.

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