La Justicia de San Juan imputó a nueve personas, entre ellas una funcionaria pública, por integrar una asociación ilícita dedicada a la confección fraudulenta de documentos de identidad. Los DNI, emitidos desde el Registro Civil de Pocito, se habrían utilizado para cometer estafas a través de la contratación de créditos y la compra de bienes posteriormente revendidos.

Según el portal Fiscales.gob.ar, el área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de San Juan, a cargo del fiscal Fernando Alcaraz, formalizó la investigación penal contra los acusados, entre quienes se encuentra la empleada N.L.C., responsable de la oficina local del Registro Civil.

Asociación ilícita y falsificación de documentos

De acuerdo con la acusación, la funcionaria habría encabezado un esquema que permitía incorporar datos biométricos falsos, como fotografías y huellas dactilares, en trámites formales. Esa manipulación posibilitaba la emisión de DNI materialmente auténticos pero ideológicamente falsos, es decir, documentos válidos desde el punto de vista técnico, pero con identidades apócrifas.

El Ministerio Público Fiscal imputó a los involucrados por falsificación de documentos destinados a acreditar la identidad de las personas, estafa y asociación ilícita, además de infracciones a la Ley Nº 17.671, que regula la identificación y registro de personas.

Una denuncia desde Buenos Aires

La causa se originó tras una denuncia presentada el 19 de diciembre de 2024 por una persona residente en la provincia de Buenos Aires. La víctima advirtió que alguien utilizaba un DNI con su nombre, pero con imagen y huellas dactilares ajenas, para solicitar créditos y realizar operaciones comerciales.

Las primeras averiguaciones condujeron directamente al Registro Civil de Pocito, donde se detectaron irregularidades en los procedimientos de emisión de documentos. Las pruebas recolectadas incluyeron allanamientos y el análisis de documentación digital, lo que derivó en la formalización de la investigación penal el 2 de julio pasado, con la prisión preventiva de N.L.C.

Otras conexiones y nuevos casos detectados

Uno de los imputados cumplía prisión domiciliaria por una causa vinculada al tráfico de estupefacientes en el norte del país y, según el Ministerio Público Fiscal, se fugó luego de la audiencia de formalización.

Tras el escándalo, el Registro Civil de Pocito llevó a cabo una auditoría interna que reveló múltiples irregularidades similares. Esa revisión derivó en 22 denuncias adicionales por falsificación ideológica de documentos: 18 en grado de tentativa y 4 consumadas, de acuerdo con el informe oficial.

El caso, calificado por la fiscalía como “testigo”, se convirtió en un precedente clave para futuras investigaciones sobre posibles redes de falsificación en otras jurisdicciones del país.