El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, lanzó un diagnóstico alarmante sobre la situación del sistema tributario argentino. Durante un almuerzo con abogados de los principales estudios jurídicos del país, Pazo admitió que la evasión del IVA llega al 37%, un nivel que no se registraba desde la debacle económica de 2001.

“ARCA es un organismo ineficaz”, reconoció el funcionario, quien también indicó que la administración tributaria “no es eficiente” y que no hubo “ninguna inversión en tecnología durante los últimos siete años”. La falta de innovación y modernización, según sostuvo, impidió mejorar los niveles de recaudación.

Las fuentes de ARCA confirmaron que los dichos de Pazo fueron en tono autocrítico, pero al mismo tiempo sirvieron como plataforma para destacar los cambios que se están impulsando desde su gestión con el objetivo de convertir a la agencia en “una de las mejores del mundo”.

La evasión como síntoma de una estructura obsoleta

El índice de evasión en el impuesto al valor agregado –una de las principales fuentes de ingresos del Estado nacional– se encuentra en niveles críticos. La cifra del 37% revela una falla estructural en la administración tributaria y fiscal.

Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), cada punto de evasión del IVA representa una pérdida anual de aproximadamente $500.000 millones a precios actuales. En ese sentido, el nivel estimado por ARCA podría implicar un desfinanciamiento superior a los $18 billones anuales.

El dato se vuelve aún más significativo al considerar que el propio Pazo reconoció que el organismo redujo su estructura en un 32% y eliminó el 45% de los cargos jerárquicos. Aunque la medida busca achicar el gasto público, también generó inquietud respecto a la capacidad operativa de fiscalización de la agencia.

Los dólares del colchón y un proyecto que busca blanquearlos

Otro de los ejes de la exposición de Pazo fue el proyecto que el Gobierno impulsa en el Congreso para modificar la ley penal tributaria y el régimen de procedimiento fiscal. El objetivo: permitir que los ciudadanos puedan usar sus dólares no declarados sin restricciones legales ni controles.

“La Argentina tiene entre 250.000 y 400.000 millones de dólares fuera del sistema”, repitió Pazo, en línea con lo que expresó Javier Milei en varias ocasiones. La cifra representa entre 3 y 5 veces el total de las reservas brutas del Banco Central.

El proyecto busca crear un marco legal para el ingreso de esos fondos a la economía formal, con beneficios impositivos y protección penal. La propuesta ya genera fuertes debates en el Congreso, donde sectores de la oposición la consideran un nuevo “blanqueo encubierto”.

Sin estructura, sin tecnología y con evasión récord

Mientras el Gobierno nacional insiste en que la única salida para la economía es la reducción del Estado y la eliminación de privilegios, el reconocimiento del fracaso institucional en el área de recaudación revela las contradicciones del discurso oficial.

La falta de inversión tecnológica, sumada a los despidos masivos en áreas clave del Estado, no solo pone en duda la capacidad de controlar el fraude fiscal, sino que amplifica los niveles de informalidad y evasión. Y sin una agencia de recaudación robusta, difícilmente pueda sostenerse el equilibrio fiscal que el oficialismo pregona como meta suprema.

En ese sentido, el sinceramiento de Pazo puede leerse como una advertencia hacia el interior del Gobierno, en un contexto de creciente presión sobre las cuentas públicas y baja recaudación real.