Represión
Bullrich refuerza el espionaje encubierto: crean un consejo para formar agentes secretos digitales
Mientras se recortan presupuestos en áreas sociales, educativas y sanitarias, se refuerzan las estructuras de vigilancia, inteligencia y represión.
El Gobierno nacional oficializó este martes la creación del Consejo Académico para la Formación y Capacitación de Agentes Encubiertos, un nuevo órgano dependiente de la Unidad Especial de Agentes Encubiertos, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad conducido por Patricia Bullrich. La medida se concretó mediante la Resolución 829/2025, publicada en el Boletín Oficial.
El Consejo estará presidido por el profesor y juez Ricardo Ángel Basílico, e incluirá representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y las Fuerzas de Seguridad Federales. Se suma así una nueva estructura al creciente dispositivo de inteligencia criminal impulsado por el oficialismo, en un contexto de endurecimiento punitivo y cuestionamientos a la legalidad de ciertas prácticas encubiertas.
🔍 ¿Cuál es el rol del Consejo?
Proponer los contenidos y docentes para los cursos de formación de agentes encubiertos. Supervisar y coordinar el desarrollo de las capacitaciones regulares y especiales. Impulsar jornadas de formación cruzada para jueces, fiscales y fuerzas federales. Definir criterios comunes para una “actuación procesal segura y eficaz”.
El Consejo sesionará una vez al mes, con orden del día definido por la presidencia y con un coordinador ejecutivo como nexo con la Unidad Especial.
📜 También se aprobó un nuevo protocolo para agentes digitales
Junto a esta medida, se publicó la Resolución 828/2025, que aprueba el Protocolo Particular para la Actuación de Agentes Encubiertos y Reveladores Digitales. Este documento fija las condiciones de confidencialidad, validación probatoria y procedimientos específicos para operaciones encubiertas en entornos digitales, especialmente redes sociales y plataformas web.
“Se ha desarrollado en forma exponencial la utilización de sitios web y redes sociales para la comisión de diversos delitos”, sostiene el texto oficial, que enfatiza el carácter preventivo, técnico y estratégico de estos operativos.
⚖️ Preocupación por el avance policial en causas judiciales
La incorporación del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal a un órgano dependiente del Ministerio de Seguridad genera tensiones institucionales. Diversos especialistas advierten sobre la difusión de lógicas policiales en el sistema judicial y el riesgo de opacidad en prácticas como la infiltración, el espionaje digital y la construcción de causas en investigaciones complejas.
Organismos de derechos humanos y referentes del derecho penal han planteado que, sin control parlamentario, el modelo encubierto puede derivar en abusos, ilegalidades y violación de derechos fundamentales.
📌 Más punitivismo, menos garantías
La creación del Consejo y el nuevo protocolo se inscriben en una tendencia creciente del Gobierno de Javier Milei hacia un modelo de “seguridad total”, que prioriza el despliegue de fuerzas, la persecución selectiva y la centralización del control en el Ministerio de Seguridad.
Mientras se recortan presupuestos en áreas sociales, educativas y sanitarias, se refuerzan las estructuras de vigilancia, inteligencia y represión.
DDHH
Presunción de inocencia en crisis: 6 de cada 10 detenidos en prisiones federales esperan sentencia tras las rejas
Un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación reveló que en el primer semestre de 2026 casi el 57% de los detenidos en Marcos Paz y el 53% en Ezeiza están procesados sin sentencia. El relevamiento también documentó 18 muertes y 41 medidas de fuerza en los dos penales.
Más de la mitad de las personas alojadas en dos de las principales cárceles federales del país permanece detenida sin condena firme. Así lo estableció un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación sobre el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, correspondiente al primer semestre de 2026.
El relevamiento del organismo de control, que tiene rango constitucional y actúa como mecanismo de monitoreo de los lugares de detención, releva la evolución de la población alojada, la situación procesal de los detenidos, las demandas recibidas, los casos de malos tratos físicos, los fallecimientos y las medidas de fuerza documentadas entre enero y junio de este año.
Marcos Paz: casi 6 de cada 10 detenidos sin sentencia
El Complejo Penitenciario Federal N°2 (CPF II) de Marcos Paz, que aloja a varones mayores de 18 años, tenía a junio de 2026 un total de 1.875 personas privadas de libertad distribuidas en sus cinco unidades residenciales. La capacidad declarada por el Servicio Penitenciario Federal es de 2.000 plazas, con lo cual restaban 125 disponibles al momento del relevamiento.
El informe determinó que casi el 57% de los detenidos en Marcos Paz se encuentra procesado, es decir que más de 5 de cada 10 no cuentan con una condena firme. En el mismo período se relevaron 1.237 reclamos vinculados a salud, acceso a la justicia, condiciones materiales de detención y traslados o cambios de alojamiento.
El organismo registró además tres fallecimientos en el complejo durante los seis meses relevados, ninguno asociado a un hecho violento sino a causas de enfermedad, y 14 medidas de fuerza: nueve por huelga de hambre, tres por ingesta de elementos no consumibles y dos por autolesiones.
Ezeiza: la misma proporción y un dato más grave
El Complejo Penitenciario Federal N°1 (CPF I) de Ezeiza aloja a varones y personas trans mayores de 18 años. A junio de 2026 tenía 1.905 personas privadas de libertad en sus siete unidades residenciales, sobre una capacidad declarada de 1.947 plazas.
La situación procesal replica el patrón de Marcos Paz: casi el 53% de los detenidos en Ezeiza está procesado, sin condena firme. Entre enero y junio se relevaron 1.472 demandas, con la salud como principal motivo de reclamo, seguida por las condiciones materiales de detención, el acceso a la justicia y los traslados o cambios de alojamiento.
A diferencia de Marcos Paz, Ezeiza registró 15 fallecimientos en el semestre, de los cuales diez fueron por enfermedad y cinco por muertes violentas: cuatro por ahorcamiento y uno por incendio. El complejo también concentró la mayor cantidad de medidas de fuerza, con un total de 27: 21 por huelga de hambre, dos por autolesiones, dos por rechazo de alimentos, una por ingesta de elementos no consumibles y una sin identificar.
Un patrón estructural del sistema penitenciario federal
Los números que arroja el relevamiento de la Procuración Penitenciaria confirman un dato que organismos de derechos humanos vienen señalando desde hace años en distintos informes: la utilización de la prisión preventiva como regla y no como excepción en el sistema penal federal argentino, en contradicción con el principio constitucional de inocencia. Entre las dos cárceles relevadas suman casi 3.800 personas detenidas, y en ambas la mayoría permanece procesada sin una sentencia que determine su culpabilidad o inocencia.
Lo que tenés que saber:
- Un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación relevó las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz entre enero y junio de 2026.
- Casi el 57% de los presos en Marcos Paz y el 53% en Ezeiza están procesados, sin condena firme.
- Entre ambos complejos se registraron 18 fallecimientos en el semestre, cinco de ellos por muertes violentas en Ezeiza.
- Se documentaron 41 medidas de fuerza en total, la mayoría huelgas de hambre.
- Entre las dos cárceles suman casi 3.800 personas privadas de libertad.
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