El Gobierno nacional oficializó este martes la creación del Consejo Académico para la Formación y Capacitación de Agentes Encubiertos, un nuevo órgano dependiente de la Unidad Especial de Agentes Encubiertos, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad conducido por Patricia Bullrich. La medida se concretó mediante la Resolución 829/2025, publicada en el Boletín Oficial.

El Consejo estará presidido por el profesor y juez Ricardo Ángel Basílico, e incluirá representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y las Fuerzas de Seguridad Federales. Se suma así una nueva estructura al creciente dispositivo de inteligencia criminal impulsado por el oficialismo, en un contexto de endurecimiento punitivo y cuestionamientos a la legalidad de ciertas prácticas encubiertas.

🔍 ¿Cuál es el rol del Consejo?

Proponer los contenidos y docentes para los cursos de formación de agentes encubiertos. Supervisar y coordinar el desarrollo de las capacitaciones regulares y especiales. Impulsar jornadas de formación cruzada para jueces, fiscales y fuerzas federales. Definir criterios comunes para una “actuación procesal segura y eficaz”.

El Consejo sesionará una vez al mes, con orden del día definido por la presidencia y con un coordinador ejecutivo como nexo con la Unidad Especial.

📜 También se aprobó un nuevo protocolo para agentes digitales

Junto a esta medida, se publicó la Resolución 828/2025, que aprueba el Protocolo Particular para la Actuación de Agentes Encubiertos y Reveladores Digitales. Este documento fija las condiciones de confidencialidad, validación probatoria y procedimientos específicos para operaciones encubiertas en entornos digitales, especialmente redes sociales y plataformas web.

“Se ha desarrollado en forma exponencial la utilización de sitios web y redes sociales para la comisión de diversos delitos”, sostiene el texto oficial, que enfatiza el carácter preventivo, técnico y estratégico de estos operativos.

⚖️ Preocupación por el avance policial en causas judiciales

La incorporación del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal a un órgano dependiente del Ministerio de Seguridad genera tensiones institucionales. Diversos especialistas advierten sobre la difusión de lógicas policiales en el sistema judicial y el riesgo de opacidad en prácticas como la infiltración, el espionaje digital y la construcción de causas en investigaciones complejas.

Organismos de derechos humanos y referentes del derecho penal han planteado que, sin control parlamentario, el modelo encubierto puede derivar en abusos, ilegalidades y violación de derechos fundamentales.

📌 Más punitivismo, menos garantías

La creación del Consejo y el nuevo protocolo se inscriben en una tendencia creciente del Gobierno de Javier Milei hacia un modelo de “seguridad total”, que prioriza el despliegue de fuerzas, la persecución selectiva y la centralización del control en el Ministerio de Seguridad.

Mientras se recortan presupuestos en áreas sociales, educativas y sanitarias, se refuerzan las estructuras de vigilancia, inteligencia y represión.