Ordenan detener a cuatro ciudadanos libaneses por el atentado a la AMIA
Se trata de un pedido de la Unidad Fiscal que investiga el atentado de 1994 y que se refiere a cuatro sospechosos como supuestos partícipes secundarios, quienes residirían en Paraguay.
El juez federal Daniel Rafecas ordenó hoy la captura internacional de cuatro ciudadanos libaneses que estarían en Paraguay, como sospechosos de haber sido “partícipes secundarios” en la causa que investiga el atentado a la AMIA, que causó 85 muertes el 18 de julio de 1994.
Se trata de un pedido de la Unidad Fiscal que investiga el atentado de 1994 y que se refiere a cuatro sospechosos como supuestos partícipes secundarios, quienes residirían en Paraguay.
Los pedidos de captura fueron hechos por la fiscalía en noviembre del año pasado y ahora el magistrado a cargo del caso las ordenó y libró oficio a Interpol, según la orden de captura.
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Según explicaron fuentes de la causa, serían personas que pudieron haber “cooperado y/o facilitado” distintas cuestiones a los organizadores del atentado en los meses previos, explicaron las fuentes.
Desde 2009 está ordenada la captura de quien en ese momento se encontraba identificado como Samuel Salman El Reda a quien “se le adjudicó la coordinación de la llegada y la partida del grupo operativo, el desarrollo de parte de las operaciones de logística y las demás actividades desplegadas por dicho grupo encargado de ejecutar la fase final del atentado”, describió Rafecas,
Para la Justicia argentina, El Reda “fue uno de los máximos responsables a nivel local en la preparación y consumación del ataque en cuestión desarrollando la mayoría de sus tareas desde la denominada zona Triple Frontera, con el apoyo de grupos operativos pertenecientes a Hezbollah asentados en dicha región”.
“Llegado a este punto, se ha logrado identificar algunas de aquéllas personas que en principio habrían colaborado con las acciones desarrolladas para la consecución del atentado por parte de Samuel Salman El Reda en la zona tripartita referida”, explicó.
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Se trata de los cuatro imputados sobre los que acaba de emitirse orden de captura y sobre quienes “existen fundadas sospechas de que resultan colaboradores u agentes operativos del mencionado brazo armado de Hezbollah”, advirtió el juez en la resolución.
La UFI AMIA a cargo del fiscal Sebastián Basso pidió las capturas a raíz de prueba llegada desde el exterior en los últimos tres años.
“Sobre dichas personas, existen fundadas sospechas de que resultan colaboradores u agentes operativos” del brazo armado de Hezbollah, fundamentó el magistrado en la orden de captura a la que tuvo acceso Télam.
Para el juez, se encuentra configurado el estado de sospecha previsto en el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación para escuchar a los cuatro imputados en declaración indagatoria.
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Rafecas dispuso la captura nacional e internacional “por haberse considerado suficientemente acreditada su pertenencia y/o cooperación con la banda criminal denominada ‘brazo armado’ del Hezbollah”
El juez pidió la detención para luego “peticionar la extradición con el objeto de someter a proceso a los requeridos, quienes han sido convocados a ejercer su derecho de defensa y prestar declaración”.
En la causa también tienen pedido de captura internacional desde 2006 los ciudadanos iraníes Alí Akbar Hashemi, Bahramaie Rafsanjani, Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari ó Moshen Randjbaran, Hadi Soleimanpour e Imad Fayez Moughnieh. Este último sería el jefe del Servicio de Seguridad Exterior de Hezbollah.
Hasta ahora la Justicia argentina no pudo indagar a ninguno de ellos.
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El atentado a la AMIA ocurrió el 18 de julio de 1994 en Pasteur 633, del barrio porteño de Once y causó la muerte de 85 personas.
Rafecas está a cargo de la investigación del atentado, en una causa que no tiene detenidos, como subrogante del juzgado federal 6 de Comodoro PY 2002, vacante desde la renuncia para jubilarse de su extitular Rodolfo Canicoba Corral.
La Regional CABA de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) repudió enérgicamente los hechos acontecidos en el Hospital General de Agudos Carlos G. Durand este lunes, tanto en el sector de Ginecología como en la cartelera del gremio ATE.
En un comunicado firmado por Ramiro Geber y Enrique Rocatti, titulares de la organización, la APDH expresó su “profundo rechazo a los actos de violencia y amenazas” que tuvieron lugar en el hospital público.
“Consideramos que, a 40 años de recuperar la democracia, en un hospital público no deberían suceder estos hechos lamentables, violentos y que atentan a las instancias superadoras en la convivencia laboral, ciudadana y por sobre todas las cosas al respeto en un espacio de cuidado de la salud y del otro”, señala el comunicado.
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La APDH considera que “estos acontecimientos están fuera de lugar en todo espacio público y privado” y que “estos procedimientos utilizados por la última dictadura militar no tienen lugar en nuestra Patria, 40 años después de recuperar el Sistema Democrático Gobernante”.
“Debemos sancionar a los que comentan estos ilícitos, son contravenciones a los derechos humanos”, afirma la organización.
Y añade: “Desde un espacio de promoción y protección de los derechos humanos, como es la APDH, decimos Nunca Más, a todo tipo de atropello a los derechos individuales o grupales, y solicitamos a las Instituciones afectadas las denuncias correspondientes, dando nuestro apoyo y acompañamiento de ser solicitado, para que no se naturalicen los episodios de violencia como estos. Por una Argentina de todos y para todos, sin discursos de odio, acciones violentas y restricciones al ejercicio de la plena democracia. Memoria, Verdad y Justicia. Nunca Más”.
Los hechos repudiados por la APDH tuvieron lugar el pasado lunes 27 de noviembre en el sector de Ginecología, cuando un pequeño grupo de personas agredió verbalmente a una médica que se encontraba de guardia y en la cartelera del gremio ATE, se colocaron carteles con amenazas de muerte contra los trabajadores del hospital, con una clara alusión a situaciones de violencia y crímenes de lesa humanidad ocurridos en la Argentina durante la última dictadura cívico-militar.
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La APDH ha solicitado a las autoridades del Hospital Durand y de la Ciudad de Buenos Aires que investiguen los hechos y que tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores y pacientes del nosocomio.