El Gobierno nacional se prepara para relanzar Sueño Seguro, un programa inspirado en el Plan Qunita, que contempla la distribución de los primeros 14 mil kits de cunas para bebés de hasta 6 meses, confeccionados por personas privadas de la libertad.

«14 mil kits para Sueño Seguro, elaborados por personas privadas de la libertad del Servicio Penitenciario Federal, para bebés de hasta 6 meses priorizando criterios sanitarios. Un programa que protege a quienes más lo necesitan, que genera trabajo e inclusión, que amplía derechos de nuevo», publicó la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en su cuenta de Twitter.

La ministra publicó fotos junto a los internos del penal de Marcos Paz, que realizaron las cunas, en el marco de una visita que realizó junto a su par de la cartera de Justicia, Martín Soria.

En tanto, en el Boletín Oficial de este martes, se publicó la Decisión Administrativa 175/2022, que lleva la firma de Vizzotti y el jefe de Gabinete, Juan Manzur; que aprueba la contratación directa para la adquisición de 14.000 kits de cuna-moisés y accesorios, que se realiza en el marco del Plan de los 1000 días que ofrece asistencia durante el embarazo y los primeros tres años de vida de niños y niñas.

La iniciativa se basa en el programa Qunita, que había sido lanzado durante el gobierno de Cristina Kirchner, luego fue suspendido durante la gestión de Mauricio Macri y llevado a justicia, pero en 2021 todos los acusados fueron sobreseídos.

En el artículo 2 de la norma publicada hoy, se adjudica la contratación directa a favor del Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal, ya que detenidos en cárceles federales se ocuparán de la fabricación de los kits.

La operación será por un monto de $277.200.000, al tiempo que la norma faculta a la ministra para la «ampliación, disminución, resolución y rescisión respecto de la Contratación Directa Interadministrativa».

El monto de la compra se «imputará con cargo a las partidas presupuestarias del Ministerio de Salud», aclara el texto. Entre los considerandos se detalla que el fin de la contratación es «reducir las muertes infantiles domiciliarias y contribuir tanto a la salud física y mental». También busca el «pleno desarrollo del lactante, en el marco de la Estrategia Nacional de Sueño Seguro del Lactante en virtud del «Plan 1000 días», lanzado por las autoridades.

El Plan Qunita, una de las más emblemáticas políticas de inclusión social del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, fue puesto en marcha en 2015 para evitar la mortalidad infantil por colecho.

En los seis meses que funcionó el plan nacional lanzado por la entonces Presidenta de la Nación para reducir la principal causa de mortalidad infantil entre los sectores de menores recursos se distribuyeron 74.408 kits a 289 maternidades en todo el país, de los cuales 43.600 (un 60 por ciento del total repartido) fueron entregados a las familias.

Durante el gobierno de Cambiemos, al compás del retiro del Estado en el diseño de las políticas públicas, esta y otras iniciativas fueron desactivadas sin más y otras quedaron reducidas a su mínima expresión.

El kit diseñado por el fallecido joven Tiago Ares, en base a un modelo creado en Finlandia, estaba compuesto por un moisés de fácil armado, un conjunto de ropa, blanquería, sonajero, libro de instrucciones, libritos de cuentos, cremas y hasta preservativos, pero el objetivo central era reducir el colecho, que se produce principalmente en hogares humildes, donde habitualmente el bebé duerme con los padres, lo que en ocasiones ha causado muertes por asfixia.

Una vez asumido el gobierno de Cambiemos, la Justicia dispuso la suspensión del reparto de ese beneficio en las maternidades y meses más tarde ordenó al Ministerio de Salud la destrucción de los moisés y sacos de dormir que había en stock, medida que no se llegó a concretar por una intervención de la propia justicia.

El sobreseimiento de todos los procesados en la causa del Plan Qunita por inexistencia del delito, en julio de 2021, volvió a visibilizar el programa. El Tribunal Oral que debía juzgar a 18 procesados por supuestos delitos en el programa sobreseyó a todos los acusados, al hacer lugar a un pedido fiscal por inexistencia de delito.

La medida de los jueces del Tribunal Oral Federal 8 benefició a exfuncionarios kirchneristas, como Aníbal Fernández, Daniel Gollan y Nicolás Kreplak, entre otros, y a empresarios que proveyeron los insumos para el kit. Los jueces Adrián Grunberg, José Michilini y Ricardo Basílico ordenaron además levantar los embargos que había dictado en el caso el juez Claudio Bonadio.

El Tribunal resolvió dictar los sobreseimientos luego de un contundente dictamen de la fiscal de juicio Gabriela Baigún, quien demolió la denuncia original de la diputada de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña y -en base al análisis de dos pericias contables- concluyó que no hubo perjuicio para el Estado, aseguró que no fue direccionada la licitación y subrayó que el kit cumplía con el objetivo de lograr «un comienzo de vida equitativo».

En agosto del año pasado, el Plan Qunita fue rescatado y relanzado en la provincia de Buenos Aires, durante un acto encabezado por la hoy Vicepresidenta y el gobernador Kicillof.

En ese lugar, Cristina Kirchner contó que fue para ella «uno de los programas más caros» a su corazón durante su Presidencia, pero afirmó que esta reedición le gusta «más» que la de 2015, porque «va a garantizar el control prenatal» desde el primer trimestre.

«Siempre se puede mejorar», señaló en ese momento la Vicepresidenta al destacar las mejoras que se agregaron al sistema en su versión bonaerense.