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El FMI aplaude el ajuste y va por más: pide quitar exenciones de IVA
En la Asamblea Anual del organismo, la subdirectora de Asuntos Fiscales reclamó una reforma tributaria, eliminar gastos tributarios y actualizar el impuesto a los combustibles, que el Gobierno postergó para frenar la inflación.
Primero el elogio, después la factura. El Fondo Monetario Internacional volvió a celebrar la disciplina fiscal del gobierno de Javier Milei, pero sumó una nueva exigencia: cambios en el sistema impositivo que pasan por eliminar exenciones del IVA y actualizar el impuesto a los combustibles, dos medidas que en la práctica pegan sobre los precios que pagan los consumidores.
El reclamo lo formuló Era Dabla-Norris, subdirectora del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, durante su participación en la Asamblea Anual del organismo, según reprodujeron agencias internacionales.
Del «pilar fundamental» a la nueva exigencia
La funcionaria definió la disciplina fiscal como un «pilar fundamental» del programa de estabilización acordado con la Argentina. Sin embargo, sostuvo que hacen falta más medidas para mejorar la eficiencia tributaria y del gasto, y puso el foco en la «eliminación de los gastos tributarios» y en las «exenciones del IVA».
Detrás de la jerga técnica, las exenciones del IVA alcanzan a bienes y servicios de consumo cotidiano, por lo que su eliminación implicaría trasladar más carga a los bolsillos. Dabla-Norris también pidió eliminar de manera gradual los impuestos distorsivos y reemplazarlos por un sistema tributario más sólido y una forma más duradera de recaudar.
Combustibles: el ajuste que el Gobierno pateó
Otro de los puntos del reclamo fue la actualización del impuesto sobre los combustibles. El Gobierno postergó ese ajuste en los últimos meses justamente para amortiguar su impacto sobre la inflación, que en septiembre fue de 1,9% mensual y 33,4% interanual, según el INDEC. El pedido del Fondo choca así con la principal bandera electoral del oficialismo.
Elogios sin desembolso
El pedido llegó un día después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, se reuniera en Bangkok con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien destacó la disciplina fiscal argentina. Ambos coincidieron en continuar las conversaciones para cerrar la tercera revisión del acuerdo vigente, de la que depende un desembolso de unos US$869 millones que todavía no tiene fecha, como informó este diario.
La secuencia se repite: el organismo aplaude el ajuste, retiene los fondos y suma condiciones. Cada revisión del acuerdo trae nuevas exigencias que terminan pagando los trabajadores y los consumidores.
Lo que tenés que saber:
- La subdirectora de Asuntos Fiscales del FMI, Era Dabla-Norris, pidió al Gobierno avanzar en cambios impositivos.
- Reclamó eliminar gastos tributarios y exenciones del IVA.
- También pidió actualizar el impuesto a los combustibles, que el Gobierno postergó por su impacto en la inflación.
- Un día antes, Caputo se reunió con Kristalina Georgieva, que elogió la disciplina fiscal.
- La tercera revisión del acuerdo sigue sin cerrarse.
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Rutas de Entre Ríos: Economía debe explicar adónde fue la plata del SISVIAL
Un amparo de Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay sostiene que, de más de $1,5 billones que ingresaron al SISVIAL entre enero de 2024 y mayo de 2026, solo $394.406 millones se aplicaron a obras. El juez federal de Victoria dio tres días a Economía y a Vialidad para informar antes de resolver la cautelar.
Más de $1 billón de los fondos del impuesto a los combustibles estaba colocado en títulos públicos y plazos fijos al 31 de mayo, y el Gobierno admitió que esos recursos se computan para sostener el equilibrio fiscal, según el amparo que tramita la Justicia federal.
El juez federal de Victoria, Federico Martín, admitió el amparo que presentaron el senador nacional Adán Bahl y los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, los tres legisladores del peronismo, contra el Estado nacional (Ministerio de Economía y Vialidad Nacional), en el expediente 12957/2026, tramitado bajo la Ley 16.986. El magistrado ordenó a Economía y a Vialidad que presenten un informe en tres días, antes de resolver la medida cautelar. Según trascendió, los organismos fueron notificados la semana pasada y el plazo corre desde entonces.
El reclamo: plata afectada por ley
Los legisladores sostienen que los fondos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL), financiados con el impuesto a los combustibles, tienen una afectación específica por ley y deben destinarse a infraestructura vial. Según los demandantes, retener esos recursos en instrumentos financieros para mejorar el resultado fiscal desvirtúa su destino legal.
El relevamiento que citan indica que entre enero de 2024 y mayo de 2026 ingresaron al SISVIAL, a nivel nacional, más de $1,5 billones y que solo se aplicaron a obras unos $394.406 millones, es decir, apenas alrededor de una cuarta parte. Michel dijo que el 28% del impuesto a los combustibles se destina al arreglo de rutas y advirtió que “esa plata no se está enviando”.
Piden que se reactiven las obras y el mantenimiento de la red vial nacional en Entre Ríos, entre ellas las rutas 12, 14, 18, 127, 135 y 174. El juez todavía no se pronunció sobre la cautelar, con la que buscan que los recursos se apliquen a su finalidad, ni sobre el fondo del reclamo.
Concesiones y fondos: dos decisiones en paralelo
El Ministerio de Economía adjudicó, mediante la Resolución 1379/2026 publicada en el Boletín Oficial el 24 de agosto, los ocho tramos de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, por 20 años. Los contratos se firmaron el 6 de octubre y la gestión privada comenzó el 7. En Entre Ríos, el Tramo Mesopotámico abarca 276 kilómetros: 226,72 de la ruta nacional 18, entre Paraná y Puerto Yeruá, y 49,39 de la ruta 12, entre Crespo y Paraná. La adjudicataria es un consorcio integrado por IEB Construcciones S.A. y Trading MRG S.A.U.
El esquema prevé inversión 100% privada y cobro de peaje, mientras los demandantes reclaman que el dinero del fondo vial se aplique a obras. Los amparistas señalaron además que se concesionaron tramos de las rutas 12 y 18 sin aclarar el destino del dinero acumulado en los últimos dos años.
El antecedente: el intento de cerrar Vialidad
El Decreto 461/2025, publicado el 8 de julio de 2025, disolvía la Dirección Nacional de Vialidad. El Congreso lo rechazó en ambas cámaras: Diputados por 138 votos contra 65 y 2 abstenciones, y el Senado por 60 votos contra 10, con una abstención. El decreto quedó abrogado conforme a la Ley 26.122, según consta en el Boletín Oficial del 25 de agosto de 2025. Antes, el 17 de julio, un juzgado federal de San Martín había suspendido sus efectos por una cautelar del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional.
El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) denunció en agosto de 2025 la retención de fondos del SISVIAL durante 2024 y en lo que iba de 2025, y la vinculó con el deterioro de las rutas.
Lo que tenés que saber:
- El juez federal de Victoria, Federico Martín, dio tres días a Economía y a Vialidad Nacional para informar antes de resolver la cautelar.
- El amparo lo presentaron Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay (expediente 12957/2026).
- Según el planteo, de más de $1,5 billones que ingresaron al SISVIAL entre enero de 2024 y mayo de 2026, solo $394.406 millones fueron a obras.
- Al 31 de mayo, más de $1 billón estaba colocado en títulos públicos y plazos fijos, según los demandantes.
- Desde el 7 de octubre, 276 kilómetros de las rutas 12 y 18 están concesionados por 20 años.
Títulos para redes sociales
Analítico: Fondos viales: de más de $1,5 billones del SISVIAL, solo $394.406 millones fueron a obras, según un amparo.
De Impacto: La Justicia le dio tres días a Economía para explicar adónde fue la plata de las rutas de Entre Ríos.
De Impacto Crítico: Según un amparo, la plata de las rutas se coloca en plazos fijos mientras se concesionan los tramos.
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