Catorce puntos del Producto Bruto Interno. Esa es la magnitud del ajuste que el gobierno de Javier Milei acumulará al cierre de 2026 sobre el gasto primario de la Administración Pública Nacional, según proyecta el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Una reducción sin precedentes en la historia económica reciente del país que, en términos prácticos, equivale a eliminar casi cinco veces el presupuesto anual completo que en 2023 destinaba el Estado a ayudas sociales y asignaciones familiares.

El informe del IARAF, que analizó la evolución del gasto devengado de la Administración Pública Nacional (APN) entre enero de 2024 y agosto de 2026, proyecta que si el ritmo de reducción registrado hasta agosto se mantiene durante el último trimestre del año, el gasto primario cerrará 2026 en apenas el 12,4% de la economía, frente al nivel de 2023. La caída de este año, de 5,4 puntos del PBI, sería la más pronunciada de los tres ejercicios de la gestión libertaria, superando los 4 puntos perdidos en 2024 y los 4,6 puntos de 2025.

Una tijera que no discrimina, pero sí prioriza

El ajuste no se distribuyó de manera uniforme entre las distintas partidas del presupuesto. Las transferencias corrientes a provincias y municipios encabezan el derrumbe con una caída real del 86,6% en los primeros ocho meses de 2026 respecto del mismo período de 2023. Le siguen los bienes de uso, rubro que incluye la obra pública, con una reducción del 83,6%. Las transferencias a empresas públicas y fondos fiduciarios cayeron 62,1%; los subsidios económicos a energía y transporte, 59,3%; las transferencias a universidades nacionales, 39,7%; los servicios no personales, 39,9%; las ayudas sociales a personas y asignaciones familiares, 30,6%; los salarios del Estado, 29%; y las jubilaciones y pensiones, 8,2%.

La lectura de esas cifras revela una lógica que el discurso oficial prefiere omitir: el ajuste más feroz no recayó sobre la burocracia ni sobre los sectores de mayores ingresos, sino sobre la inversión pública, las transferencias a las provincias y los programas sociales. Las jubilaciones y pensiones, que representaban el 38,1% del gasto primario en 2023 y son el componente de mayor peso dentro de la estructura presupuestaria, tuvieron la caída porcentual más baja. Pero, en términos absolutos, su reducción del 8,2% sobre una base tan grande explica de todos modos el 10,1% de la caída total del gasto.

El mecanismo del ajuste «aguas arriba»

Una de las claves del análisis del IARAF es la distinción entre dónde se registra el recorte y dónde finalmente impacta. El mecanismo funciona así: la Nación reduce las transferencias a provincias, universidades o empresas públicas, y son esos actores los que deben decidir cómo absorber la pérdida de financiamiento. Este proceso, que el IARAF denomina ajuste «aguas arriba», permite al gobierno nacional mostrar superávit fiscal mientras desplaza el costo del recorte hacia abajo en la cadena estatal.

Las menores transferencias a otras entidades del sector público, universidades y provincias explican en conjunto el 42% de la caída del gasto primario de la APN. En términos concretos, cuando una provincia deja de recibir coparticipación o fondos de programas específicos, puede compensarlo con recursos propios, endeudarse, o reducir obra pública, empleo y servicios. El ajuste real, entonces, puede ser mayor que lo que registran las cuentas nacionales, o puede trasladarse con desfase temporal hacia los presupuestos provinciales y los bolsillos de los usuarios de servicios públicos provinciales.

Lo que esconden los números del «éxito»

El gobierno de Milei convirtió el superávit fiscal en su principal relato de gestión. Sin embargo, el informe del IARAF pone en perspectiva el costo de ese logro. Las transferencias a empresas públicas y fondos fiduciarios explican el 23,6% de la caída total del gasto, casi una cuarta parte del recorte acumulado. Los subsidios a energía y transporte, 14,9%. Las ayudas sociales y asignaciones familiares, 14,4%, siendo que en 2023 representaban el 16% del gasto primario total de la APN, equivalente a alrededor del 2,9% del PBI de ese año. Los 14 puntos del PBI de reducción acumulada representan cerca de cinco veces el presupuesto que ese año tenía la partida de ayudas sociales.

La cronología del proceso desmiente cualquier lectura que atribuya el ajuste a factores externos o a decisiones tardías. Según el IARAF, en enero de 2026 la caída acumulada respecto de 2023 ya era del 19,4%; en febrero trepó al 27,5% y en marzo al 30,8%. Desde entonces se mantuvo en un rango de entre 31% y 32%, hasta alcanzar el 32,1% en agosto. El organismo señala que la reducción «se hizo desde un primer momento, al inicio de la gestión, y se mantuvo» de manera sostenida durante todo el período analizado.

El riesgo de una recaudación que no acompaña

El esquema enfrenta una tensión estructural que el propio informe reconoce. El modelo de Milei tiene al resultado fiscal como su principal restricción, pero la recaudación tributaria viene mostrando signos de debilidad. Cuando los ingresos crecen menos de lo previsto, el margen para sostener el superávit se reduce y la presión sobre el gasto se intensifica. El ajuste puede afectar la actividad económica y reducir los ingresos públicos, generando una espiral donde el equilibrio fiscal se vuelve cada vez más difícil de sostener sin profundizar aún más los recortes.

Los datos de contexto refuerzan esa preocupación. Según un análisis previo del Foro Economía y Trabajo, los recortes reales acumulados desde 2023 muestran caídas del 86% en el gasto de capital, del 66% en transferencias a provincias y del 61% en programas sociales. Al mismo tiempo, los vencimientos de deuda con el FMI para el período 2026-2030 superan los 13.400 millones de dólares solo en concepto de intereses, una carga que condiciona la política fiscal y deja poco margen para revertir el proceso de desmantelamiento del Estado en el corto plazo.

Lo que tenés que saber

• El gasto primario de la APN acumulará una caída de 14 puntos del PBI entre 2023 y 2026, según proyecciones del IARAF.
• Las transferencias a provincias cayeron 86,6% en términos reales; la obra pública, 83,6%; las ayudas sociales, 30,6%.
• El ajuste de 2026 sería el mayor de los tres años de gestión libertaria, con una baja proyectada de 5,4 puntos del PBI.
• El 42% de la caída del gasto nacional se explica por menores transferencias a provincias, universidades y empresas públicas, que deben absorber el recorte internamente.
• La reducción fue sostenida desde el inicio de la gestión: ya en enero de 2026 la caída acumulada respecto de 2023 superaba el 19%.