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Debaten el actual rol de obstétricas y la importancia de una ley nacional que regule la actividad

El encuentro, organizado por la Oficina País del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa Argentina) con el apoyo de Fundación Johnson & Johnson, y del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires se propuso analizar el rol de las obstétricas en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, reconocer el rol que cumplen en la atención primaria de salud e impulsar el fortalecimiento del marco normativo desde un enfoque de derechos humanos y género.

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El rol y el ejercicio profesional de la obstetricia en el alcance de los derechos sexuales y reproductivos, y la necesidad de una legislación a nivel nacional reguladora de la actividad, fueron debatidos hoy en un encuentro realizado en la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara, en la ciudad de La Plata.

El encuentro, organizado por la Oficina País del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa Argentina) con el apoyo de Fundación Johnson & Johnson, y del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires se propuso analizar el rol de las obstétricas en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, reconocer el rol que cumplen en la atención primaria de salud e impulsar el fortalecimiento del marco normativo desde un enfoque de derechos humanos y género.

«¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?», fue la pregunta que guió el encuentro.

La actividad convocó a referentes de colegios profesionales, autoridades de Unfpa, de Fundación J&J y de la Escuela «Floreal Ferrara» y también a diputados y representantes del Ministerio de Salud de la Provincia y de la Nación.

«Venimos trabajando en un plan para jerarquizar el rol de las obstétricas en distintos ámbitos y abogando por una ley», dijo Mariana Isasi, jefa de Oficina del Unfpa.

Tres finalidades se marcaron en el acto, la de desarrollar bloques informativos con referentes en obstetricia, entidades educativas y legisladores; promover diálogos que contribuyan a la implementación de acciones orientadas a potenciar los servicios de salud sexual, reproductiva, perinatal y neonatal de calidad, y analizar el contexto regulatorio y políticas públicas a nivel nacional y provincial.

Isasi también subrayó que «las obstétricas salvan vidas, ayudan, cada día en cada uno de los servicios, a prevenir la mortalidad materna y podríamos hacer mucho más si se reconociera el rol que pueden cumplir y para lo que son capacitadas».

Valeria Isla, directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación, destacó a la provincia de Buenos Aires por su «voluntad política de reconocer valorar y apoyar el rol de las obstétricas en los equipos de salud», y marcó «el déficit a nivel nacional».

«Desde el Ministerio estamos impulsando la ley nacional, está en la comisión de salud y también hay acuerdos incipientes en el Senado. Tenemos la meta de lograr la ley este año. Es fundamental que desde el Congreso se apruebe», completó.

Mario Rovere, director provincial de la Escuela Floreal Ferrara, consideró que «atravesamos un año de reconquista de derechos», y que entre los desafíos aparece el de «potenciar» el papel de las obstétricas.

Sabrina Balaña, directora provincial de Equidad de Género en Salud de la cartera sanitaria bonaerense, también remarcó la necesidad de «la ley nacional como marco normativo. Es necesaria también para explicitar los derechos laborales que tienen los y las obstétricas, para dejar de ser ‘colaboradoras de'».

Dentro del panel sobre proyectos de ley, la diputada Mariana Larroque, autora de la adhesión provincial a la ley nacional de parto respetado, indicó que «el sistema de salud tiene enormes desafíos».

En ese sentido, indicó que «el rol de las obstétricas es la garantía de los derechos tanto en aquellas que deciden tener un parto fisiológico como en las que decidan interrumpir el embarazo. El desafío es poder poner a la mujer embarazada y a la familia en el centro de la escena para respetar sus derechos y sus deseos».

A su turno, Alicia Cillo, presidenta del Colegio de Obstétricas bonaerense, recorrió la legislación existente y el vínculo con la formación en la actividad.

Por último, la moderadora de la charla y Oficial en Derechos Sexuales y Reproductivos, del Fondo de Población de Naciones Unidas, consideró que «ya es hora de sancionar una ley nacional, y trabajar en las provincias que aún no tienen Colegios profesionales».

DDHH

Abstenerse frente a la violencia machista no es neutralidad: el Colegio Público de la Abogacía advierte al Gobierno de Milei

El Colegio Público de la Abogacía advirtió que la abstención en una resolución respaldada por 175 países es un retroceso y que la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó. Los tratados sobre derechos de las mujeres, recordó, obligan al Estado más allá del gobierno de turno.

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175 países respaldaron en Naciones Unidas una resolución para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, y la Argentina decidió abstenerse. Esa decisión del Gobierno nacional abrió un nuevo cuestionamiento desde el mundo del derecho.

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) expresó este miércoles su preocupación por la decisión del Gobierno nacional, en un pronunciamiento institucional en el que remarcó que el país fue el único Estado latinoamericano que no acompañó la iniciativa.

Un consenso al que el país le dio la espalda

La entidad que reúne a las abogadas y los abogados de la Capital Federal sostuvo que «resulta inadmisible que nuestro país se aparte de un consenso internacional tan amplio» en una materia que compromete derechos humanos fundamentales. Para el Colegio, la posición argentina representa un retroceso que merece un claro cuestionamiento.

Además, la institución advirtió que las eventuales diferencias sobre la redacción o el alcance de una resolución no pueden servir de fundamento para desentenderse del compromiso internacional de combatir esta forma de violencia.

Obligaciones que no se renegocian con cada gobierno

Los compromisos en materia de igualdad y de protección de los derechos de las mujeres obligan al Estado argentino y no pueden quedar sujetos a las posiciones ideológicas ni a las prioridades políticas de los gobiernos de turno.

El Colegio recordó que la Argentina asumió obligaciones expresas a través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que tiene jerarquía constitucional, y de la Convención de Belém do Pará.

Según el pronunciamiento, la violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación de los derechos humanos que exige políticas públicas efectivas, instituciones comprometidas y una acción sostenida del Estado. No se trata de preferencias políticas, subrayó, sino de garantizar derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

Una deuda que el feminismo ya puso sobre la mesa

La advertencia llega a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en un país donde el movimiento feminista instaló la violencia machista como problema público desde la primera marcha de Ni Una Menos, en 2015. La Argentina cuenta además con la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres, vigente desde 2009.

Abstenerse, en ese marco, no es una posición neutral: es correrse de un acuerdo que el resto de la región sí sostuvo. Para quienes sobreviven a la violencia y para quienes sostienen redes de acompañamiento, el mensaje que llega desde el Estado importa tanto como el texto de cualquier resolución.

Un antecedente que pesa

No es la primera vez que la diplomacia argentina queda aislada en este terreno. En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en el entorno digital, que se aprobó con 170 votos a favor y 13 abstenciones. En aquel momento, el PRO, la UCR y Unión por la Patria cuestionaron la decisión.

El Colegio Público de la Abogacía reafirmó su compromiso con la igualdad, la defensa de los derechos de las mujeres y la vigencia efectiva de las garantías constitucionales. «No hay lugar para la indiferencia ni para la ambigüedad», sostuvo, y agregó que el Estado argentino tiene el deber de proteger esos derechos y de sostener ese compromiso ante la comunidad internacional.

Lo que tenés que saber

  • El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación por la abstención argentina en una resolución de la ONU contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.
  • La iniciativa tuvo el respaldo de 175 países y la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó.
  • El Colegio recordó que la CEDAW, con jerarquía constitucional, y la Convención de Belém do Pará obligan al Estado argentino.
  • En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de otra resolución de la ONU sobre violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital.
  • El pronunciamiento se conoció a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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