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DDHH

Estado de alerta ante despidos en la Secretaría de DDHH

El pasado lunes llegaron los primeros telegramas de despido a tres trabajadores del área de Prensa y Comunicación de la Secretaría, y hasta este jueves al mediodía ya ascendían a 20 las personas despedidas.

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Una serie de telegramas de despido comenzaron a llegar esta semana a trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a lo que se suma el estado de alerta y movilización en los Sitios de Memoria por el vencimiento de un centenar de contratos a fines de este mes.

El pasado lunes llegaron los primeros telegramas de despido a tres trabajadores del área de Prensa y Comunicación de la Secretaría, encabezada actualmente por Alberto Baños, y hasta este jueves al mediodía ya ascendían a 20 las personas despedidas.

La Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el Ministerio de Justicia -con la presencia de miembros del consejo directivo de ATE Capital- realizaron este miércoles una asamblea, en la que definieron una serie de acciones para los próximos días en reclamo de la reincorporación inmediata de los despedidos y certezas sobre qué ocurrirá con los 100 contratos que vencen el 31 de marzo.

“No vamos a tolerar un solo despido en la Secretaría de Derechos Humanos. A la torpeza y la crueldad le vamos a responder con solidaridad y organización”, indicaron los trabajadores del área en un comunicado.

En principio, ATE Capital convocó a una movilización este viernes a las 12 en Carlos Pellegrini y Juncal de esta capital para reclamar frente a la sede del Ministerio de Capital Humano la reincorporación de los despedidos, la renovación de los contratos y en rechazo a la “pulverización de los salarios” de todo el sector de trabajadores estatales.

En un comunicado, difundido esta semana por el gremio de estatales, se alertó que paradójicamente apenas 24 horas después de conocer los tres primeros despidos en el área de Prensa y Comunicación de la Secretaría, “el Ministerio de Justicia lanzó una ‘búsqueda interna’ para completar 14 puestos de trabajo en la Dirección General de Comunicación, Prensa y Ceremonial”.

“No vamos a tolerar un solo despido en la Secretaría de Derechos Humanos. A la torpeza y la crueldad le vamos a responder con solidaridad y organización”, indicaron en el comunicado.

De los 950 trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, 100 se encuentran en una situación de total incertidumbre ya que están contratados bajo la modalidad del Artículo 9 (Resolución 48), lo que implica la renovación anual de sus contratos, sumado a otros contratos tercerizados (ACARA).

La gestión de Baños los renovó sólo por tres meses con vencimiento el próximo 31 de marzo y, a la fecha, no hay información sobre qué ocurrirá con los mismos.

Según informaron integrantes de la Junta Interna de ATE Ministerio de Justicia, si bien las conversaciones con la gestión están abiertas, estiman que no tendrán respuestas concretas a los reclamos hasta el regreso de Baños al país de su viaje a Costa Rica el próximo lunes.

Para los trabajadores del sector se trata de “un vaciamiento que pone en peligro tanto a los Sitios, como a las políticas públicas de memoria”.

Mientras tanto, los despidos en el sector van en aumento y los trabajadores se encuentran en estado de alerta y movilización para garantizar los puestos de trabajo.

Preocupa especialmente la situación endeble de contratación de los trabajadores de los Sitios de Memoria ya que -de no renovarse sus contratos- peligra la conservación de estos espacios históricos así como las múltiples actividades que en ellos se realizan: visitas guiadas, encuentros y talleres, presentaciones, exposiciones y actividades culturales para la comunidad, todas libres y gratuitas.

Para los trabajadores del sector se trata de “un vaciamiento que pone en peligro tanto a los Sitios, como a las políticas públicas de memoria”.

De los más de 40 Sitios de Memoria existentes en todo el país, siete dependen de manera directa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación: en la ciudad de Buenos Aires los excentros clandestinos de detención “El Olimpo”, “Club Atlético”, “Automotores Orletti” y “Virrey Ceballos”; también el Faro de Mar del Plata, el predio del ex Regimiento de Infantería 9 en la provincia de Corrientes y La Escuelita de Famaillá en Tucumán.

Entre la veintena de despedidos contabilizados hasta el mediodía de este jueves, se encuentran tres trabajadores del Sitio de Memoria de la provincia de Corrientes, confirmaron miembros de la Junta Interna de ATE Ministerio de Justicia.

Uno de los primeros en hacerse eco de los despidos del lunes pasado fue el ex secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, quien publicó en su cuenta de X ese mismo día: “Llegan los primeros despidos a la SDH. Como cada vez que se achica el Estado, se habla de ñoquis y de militancia, pero se despide a trabajadorxs con años de formación, compromiso y dedicación en sus tareas”.

“Nos solidarizamos con cada compañerx que se esforzó para tener un país que lucha contra la violencia institucional, un país con un Museo Patrimonio de la Humanidad, con más atención y contención a las víctimas, con más Memoria, más Verdad y más Justicia”, completó Pietragalla.

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), H.I.J.O.S Capital, la APDH, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, entre otros, firmaron el comunicado en repudio a los despidos.

En tanto, organismos de derechos humanos emitieron un comunicado conjunto donde expresaron su “honda preocupación” ante el “inminente riesgo de interrumpir las tareas de los Sitios de Memoria” y advirtieron que mantener estos espacios “en pleno cumplimiento de sus objetivos es mantener el estado de Derecho en nuestro país”.

“Desde diferentes jurisdicciones pero con idéntico compromiso en la preservación de las memorias sobre el pasado reciente, esos trabajadores han practicado desde la creación de los Sitios de Memoria una valiosa tarea de estrategias pedagógicas, talleres educativos y visitas guiadas acompañados por miles de visitantes e investigadores nacionales y extranjeros, alumnos de todos los niveles educativos y familiares de víctimas de desaparición forzada”, resaltaron sobre la labor de los trabajadores de esos espacios en el documento.

Asimismo, hicieron un llamado de atención al gobierno de Javier Milei ante “algo elemental pero que parece haber olvidado: las y los argentinos hemos votado en 1994 una Constitución de la Nación, en que se incluyen los más importantes tratados internacionales de defensa de los derechos humanos; las leyes aprobadas por las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores no pueden ser incumplidas salvo mediante su anulación por otras leyes; la Ley Nacional Ley 26.691 (julio de 2011) declara Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de represión ilegal; asimismo, otras medidas oficiales designan y protegen a estos Sitios”.

El comunicado lleva la firma de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), H.I.J.O.S Capital, la APDH, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, entre otros.

Buenos Aires

A 20 años de la desaparición de López, la recompensa sube pero la impunidad sigue intacta

El Gobierno bonaerense duplicó a $10 millones la recompensa por información sobre el paradero de Jorge Julio López, sobreviviente del «circuito Camps» que desapareció el 18 de septiembre de 2006, el mismo día en que se condenó a prisión perpetua a su torturador, Miguel Etchecolatz. Dos décadas después, la causa permanece sin resolución y sin responsables identificados.

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El Argentino Diario-Jorge Julio López.
El Ministerio de Seguridad bonaerense duplicó la recompensa por información sobre el paradero de López: pasó de $5 millones a $10 millones.

Dos décadas sin respuestas, sin culpables y sin el cuerpo de un sobreviviente que se atrevió a dar testimonio. A 20 años exactos de su segunda desaparición, Jorge Julio López sigue siendo la herida abierta más incómoda de la democracia argentina: un hombre que sobrevivió la dictadura para ser borrado en plena institucionalidad, el mismo día en que la Justicia condenaba a su torturador.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dispuso este viernes elevar de $5 millones a $10 millones la recompensa destinada a quien aporte datos fehacientes que contribuyan a determinar el paradero de López. El hombre, albañil y militante platense, fue visto por última vez el 18 de septiembre de 2006 cuando salía de su vivienda en Los Hornos, en las afueras de La Plata. Hoy tendría 96 años. La causa tramita en la Unidad Fiscal Federal de La Plata bajo el expediente FLP N° 509/2008, caratulado como «López, Jorge Julio s/ desaparición forzada de personas».

El testigo que incomodaba al poder

La historia de López es la de una doble persecución. El 27 de octubre de 1976, en plena dictadura cívico-militar, fue secuestrado y sometido a un periplo de terror por varios centros clandestinos de detención del denominado «circuito Camps», el entramado represivo montado en la provincia de Buenos Aires bajo el mando del general Ramón Camps. Permaneció detenido y fue sometido a torturas sistemáticas hasta su liberación en 1979, sin que mediara explicación alguna ni proceso judicial.

Décadas después, cuando la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad puso en el banquillo a los represores, López se convirtió en un testigo clave. Su testimonio fue determinante para que el ex comisario Miguel Etchecolatz fuera identificado como uno de sus torturadores y condenado como responsable de delitos de lesa humanidad. Etchecolatz fue jefe de la Dirección General de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la dictadura y una de las figuras más siniestras del aparato represivo de la provincia.

La desaparición en democracia

El 18 de septiembre de 2006 es una fecha que resume toda la brutalidad del caso. Ese mismo día, el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata leía los alegatos y el veredicto que condenaba a Etchecolatz a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio. López había prestado declaración en ese juicio. Pero no llegó a escuchar la condena: desapareció antes de que terminara la jornada.

Lo que ocurrió ese día no fue solo una desaparición: fue una señal de advertencia dirigida a quienes se atrevieran a testimoniar contra los perpetradores del terrorismo de Estado. La democracia argentina no pudo, o no quiso, proteger al hombre que más la había necesitado. Desde entonces, ningún gobierno logró esclarecer qué pasó con López ni identificar a los responsables de su segunda desaparición.

Veinte años, cero respuestas

La causa acumula dos décadas de investigación sin resultados concretos. El incremento de la recompensa anunciado este viernes por el Gobierno provincial es un gesto simbólico que, al mismo tiempo, deja en evidencia la magnitud del fracaso institucional: si después de 20 años el único recurso disponible es duplicar el monto de una recompensa, el Estado reconoce implícitamente que no tiene respuestas propias.

Las organizaciones de derechos humanos llevan dos décadas sosteniendo que la desaparición de López en democracia no fue un hecho aislado sino parte de una lógica de amedrentamiento a testigos que nunca fue desarticulada del todo. La impunidad en este caso es, también, un mensaje: los engranajes que hicieron posible la represión durante la dictadura no fueron completamente desmantelados.

Lo que tenés que saber

  • El Ministerio de Seguridad bonaerense duplicó la recompensa por información sobre el paradero de López: pasó de $5 millones a $10 millones.
  • Jorge Julio López desapareció el 18 de septiembre de 2006, el mismo día en que se condenó a prisión perpetua al ex comisario Miguel Etchecolatz, a quien López había señalado como su torturador.
  • Sobreviviente del «circuito Camps», López fue secuestrado el 27 de octubre de 1976 y estuvo detenido en centros clandestinos de La Plata hasta 1979.
  • La causa tramita como «desaparición forzada de personas» en la Unidad Fiscal Federal de La Plata (FLP N° 509/2008).
  • A 20 años de su desaparición en democracia, la causa no tiene responsables identificados ni se logró determinar su paradero.
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