DDHH
Estado de alerta ante despidos en la Secretaría de DDHH
El pasado lunes llegaron los primeros telegramas de despido a tres trabajadores del área de Prensa y Comunicación de la Secretaría, y hasta este jueves al mediodía ya ascendían a 20 las personas despedidas.
Una serie de telegramas de despido comenzaron a llegar esta semana a trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a lo que se suma el estado de alerta y movilización en los Sitios de Memoria por el vencimiento de un centenar de contratos a fines de este mes.
El pasado lunes llegaron los primeros telegramas de despido a tres trabajadores del área de Prensa y Comunicación de la Secretaría, encabezada actualmente por Alberto Baños, y hasta este jueves al mediodía ya ascendían a 20 las personas despedidas.
La Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el Ministerio de Justicia -con la presencia de miembros del consejo directivo de ATE Capital- realizaron este miércoles una asamblea, en la que definieron una serie de acciones para los próximos días en reclamo de la reincorporación inmediata de los despedidos y certezas sobre qué ocurrirá con los 100 contratos que vencen el 31 de marzo.
“No vamos a tolerar un solo despido en la Secretaría de Derechos Humanos. A la torpeza y la crueldad le vamos a responder con solidaridad y organización”, indicaron los trabajadores del área en un comunicado.
En principio, ATE Capital convocó a una movilización este viernes a las 12 en Carlos Pellegrini y Juncal de esta capital para reclamar frente a la sede del Ministerio de Capital Humano la reincorporación de los despedidos, la renovación de los contratos y en rechazo a la “pulverización de los salarios” de todo el sector de trabajadores estatales.
En un comunicado, difundido esta semana por el gremio de estatales, se alertó que paradójicamente apenas 24 horas después de conocer los tres primeros despidos en el área de Prensa y Comunicación de la Secretaría, “el Ministerio de Justicia lanzó una ‘búsqueda interna’ para completar 14 puestos de trabajo en la Dirección General de Comunicación, Prensa y Ceremonial”.
“No vamos a tolerar un solo despido en la Secretaría de Derechos Humanos. A la torpeza y la crueldad le vamos a responder con solidaridad y organización”, indicaron en el comunicado.
De los 950 trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, 100 se encuentran en una situación de total incertidumbre ya que están contratados bajo la modalidad del Artículo 9 (Resolución 48), lo que implica la renovación anual de sus contratos, sumado a otros contratos tercerizados (ACARA).
La gestión de Baños los renovó sólo por tres meses con vencimiento el próximo 31 de marzo y, a la fecha, no hay información sobre qué ocurrirá con los mismos.
Según informaron integrantes de la Junta Interna de ATE Ministerio de Justicia, si bien las conversaciones con la gestión están abiertas, estiman que no tendrán respuestas concretas a los reclamos hasta el regreso de Baños al país de su viaje a Costa Rica el próximo lunes.
Para los trabajadores del sector se trata de “un vaciamiento que pone en peligro tanto a los Sitios, como a las políticas públicas de memoria”.
Mientras tanto, los despidos en el sector van en aumento y los trabajadores se encuentran en estado de alerta y movilización para garantizar los puestos de trabajo.
Preocupa especialmente la situación endeble de contratación de los trabajadores de los Sitios de Memoria ya que -de no renovarse sus contratos- peligra la conservación de estos espacios históricos así como las múltiples actividades que en ellos se realizan: visitas guiadas, encuentros y talleres, presentaciones, exposiciones y actividades culturales para la comunidad, todas libres y gratuitas.
Para los trabajadores del sector se trata de “un vaciamiento que pone en peligro tanto a los Sitios, como a las políticas públicas de memoria”.
De los más de 40 Sitios de Memoria existentes en todo el país, siete dependen de manera directa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación: en la ciudad de Buenos Aires los excentros clandestinos de detención “El Olimpo”, “Club Atlético”, “Automotores Orletti” y “Virrey Ceballos”; también el Faro de Mar del Plata, el predio del ex Regimiento de Infantería 9 en la provincia de Corrientes y La Escuelita de Famaillá en Tucumán.
Entre la veintena de despedidos contabilizados hasta el mediodía de este jueves, se encuentran tres trabajadores del Sitio de Memoria de la provincia de Corrientes, confirmaron miembros de la Junta Interna de ATE Ministerio de Justicia.
Uno de los primeros en hacerse eco de los despidos del lunes pasado fue el ex secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, quien publicó en su cuenta de X ese mismo día: “Llegan los primeros despidos a la SDH. Como cada vez que se achica el Estado, se habla de ñoquis y de militancia, pero se despide a trabajadorxs con años de formación, compromiso y dedicación en sus tareas”.
“Nos solidarizamos con cada compañerx que se esforzó para tener un país que lucha contra la violencia institucional, un país con un Museo Patrimonio de la Humanidad, con más atención y contención a las víctimas, con más Memoria, más Verdad y más Justicia”, completó Pietragalla.
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), H.I.J.O.S Capital, la APDH, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, entre otros, firmaron el comunicado en repudio a los despidos.
En tanto, organismos de derechos humanos emitieron un comunicado conjunto donde expresaron su “honda preocupación” ante el “inminente riesgo de interrumpir las tareas de los Sitios de Memoria” y advirtieron que mantener estos espacios “en pleno cumplimiento de sus objetivos es mantener el estado de Derecho en nuestro país”.
“Desde diferentes jurisdicciones pero con idéntico compromiso en la preservación de las memorias sobre el pasado reciente, esos trabajadores han practicado desde la creación de los Sitios de Memoria una valiosa tarea de estrategias pedagógicas, talleres educativos y visitas guiadas acompañados por miles de visitantes e investigadores nacionales y extranjeros, alumnos de todos los niveles educativos y familiares de víctimas de desaparición forzada”, resaltaron sobre la labor de los trabajadores de esos espacios en el documento.
Asimismo, hicieron un llamado de atención al gobierno de Javier Milei ante “algo elemental pero que parece haber olvidado: las y los argentinos hemos votado en 1994 una Constitución de la Nación, en que se incluyen los más importantes tratados internacionales de defensa de los derechos humanos; las leyes aprobadas por las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores no pueden ser incumplidas salvo mediante su anulación por otras leyes; la Ley Nacional Ley 26.691 (julio de 2011) declara Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de represión ilegal; asimismo, otras medidas oficiales designan y protegen a estos Sitios”.
El comunicado lleva la firma de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), H.I.J.O.S Capital, la APDH, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, entre otros.
DDHH
Condenaron a un año y tres meses en suspenso al agente que gaseó a una niña en el Congreso
El juez federal Daniel Rafecas halló culpable a Cristian Rivaldi de incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones leves. El hecho ocurrió el 11 de septiembre de 2024, en una marcha de jubilados. No irá a prisión; no podrá ejercer esas funciones por dos años y medio.
El juez federal Daniel Rafecas condenó a Cristian Rivaldi, oficial principal de la Policía Federal, a un año y tres meses de prisión en suspenso por arrojar gas pimienta contra una niña y su madre, que estaban sentadas durante una marcha de jubilados en las inmediaciones del Congreso. El fallo, conocido el miércoles, también lo inhabilitó para ejercer su cargo por el doble de la pena, dos años y seis meses. Lo declaró culpable de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con lesiones leves. No irá a prisión.
El hecho ocurrió el 11 de septiembre de 2024, cerca de Rivadavia y Callao. El juicio correccional comenzó y terminó en una sola jornada, con testigos de la defensa, peritajes y la lectura del veredicto. El fiscal Eduardo Taiano pidió un año y seis meses de prisión en suspenso y la querella, un año y ocho meses. Según se informó, el juez dará los fundamentos el martes 17.
Lo que sostuvo la acusación y lo que respondió el agente
Taiano afirmó que Rivaldi roció a las víctimas “de forma desmedida e injustificada, y a una corta distancia”, cuando estaban “sentadas en la vía pública sin agredir a la autoridad ni ofrecer resistencia alguna”. El fiscal sostuvo que las imágenes muestran al agente con el visor del casco parcialmente levantado, lo que le daba más campo visual, y citó el protocolo de mantenimiento del orden público, que exige la mínima fuerza necesaria y especial cuidado con niños.
Rivaldi negó haber dirigido el gas a una menor y dijo que no la vio por el tumulto. Sostuvo que el gas pudo haberlo lanzado un tercero y que cumplía la orden de avanzar y dispersar. “Si hubiera visto a una niña entre los revoltosos la hubiera sacado de allí para evitar que fuera lesionada”, declaró durante la instrucción. Antes del juicio, el juez Sebastián Ramos lo procesó y la Cámara Federal confirmó esa decisión, sin prisión preventiva y con un embargo de $500.000.
Lo que dijo el Gobierno en 2024 y lo que sostiene la querella
El caso tuvo fuerte repercusión política. El mismo día, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hoy senadora, describió a la madre como “irresponsable y violenta” y sostuvo que “nadie gaseó a una nena”. Frente a la defensa del agente, la madre pidió en la causa la indagatoria de Bullrich y de otros funcionarios y jefes policiales.
El abogado de las víctimas, Gregorio Dalbón, dijo que “es la primera condena por la represión del gobierno de Milei” y advirtió que “no va a ser la última”. Afirmó que la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, salió a sostener “un video falso que le echaba la culpa a una manifestante”, y anunció: “Ahora vamos por Bullrich y por Monteoliva”. “El que apretó el gas ya fue condenado. Faltan las que dieron la orden y las que armaron la mentira”, concluyó.
La sentencia prueba la responsabilidad penal del agente que aplicó el gas; no resuelve, por sí sola, la cuestión de las órdenes políticas ni la del relato oficial de aquel día. Esa es la hipótesis que la querella anunció que impulsará.
Lo que tenés que saber:
- Rafecas condenó a Cristian Rivaldi a un año y tres meses de prisión en suspenso e inhabilitación por dos años y medio.
- El 11 de septiembre de 2024, en una marcha de jubilados frente al Congreso, el agente de la Federal roció con gas pimienta a una niña y a su madre, que estaban sentadas.
- El fiscal Taiano sostuvo que no ofrecían resistencia y que el uso de la fuerza fue desmedido; Rivaldi negó haber visto a la niña.
- Dalbón calificó el fallo como “la primera condena por la represión del gobierno de Milei” y anunció que irá por Bullrich y Monteoliva.
- Según se informó, los fundamentos de la sentencia se conocerán el martes 17.
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