Salud 🩺
La crisis sanitaria de Milei: más de 60 muertes por falta de medicamentos oncológicos
La paralización de la Dadse afectó a más de mil pacientes que requieren medicación de alto costo. Organizaciones de pacientes, gremios y sociedades científicas realizarán un abrazo simbólico al Ministerio de Salud.
El sistema de salud pública argentino atraviesa una crisis sin precedentes tras la interrupción en la entrega de medicamentos oncológicos y para enfermedades raras por parte del Estado nacional. Organizaciones de pacientes, sociedades científicas y gremios denunciaron la situación y convocaron a un «abrazo a la salud pública».
Muertes por interrupción de tratamientos
Durante 2024, más de 60 personas fallecieron al no recibir la medicación necesaria para sus tratamientos. La crisis comenzó cuando el gobierno de Javier Milei paralizó la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), organismo que suministraba medicación de alto costo para pacientes oncológicos.
«Eran más de mil expedientes (pacientes) a los cuales se les cortó la medicación. Obviamente eran enfermos graves, todos, y al cortarle la medicación durante meses eso provocó esta cantidad de fallecimientos», manifestó Jorge Yabkowski, secretario general de FESPROSA.
Batalla legal y respuesta gubernamental
Las organizaciones de pacientes presentaron un amparo en abril. El juez Marcelo Bruno Dos Santos dictó una medida cautelar que ordenó al Estado resolver los pedidos pendientes. Sin embargo, el gobierno apeló el fallo el 3 de enero con dos argumentos principales: deslegitimar a las asociaciones de pacientes y trasladar la responsabilidad a las provincias.
Creación de nuevo organismo sin garantías
El 8 de enero, mediante la resolución 42/2025, el gobierno creó la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC) en reemplazo de la Dadse. No obstante, Yabkowski señaló: «No sabemos si se va a hacer cargo de la situación ni de los mil expedientes que están vigentes. En el decreto no lo dice».
Impacto en la salud pública
Los datos epidemiológicos revelaron un panorama alarmante:
- Los casos de tuberculosis aumentaron un 11,94% entre 2023 y 2024
- 470.000 argentinos padecen hepatitis B o C
- Solo el 30% conoce su diagnóstico
- El presupuesto para hepatitis, tuberculosis y HIV disminuyó un 76% del 2024 al 2025
Puntos clave de la crisis sanitaria del Gobierno de Milei:
- La paralización de la Dadse afectó a más de mil pacientes que requieren medicación de alto costo
- Organizaciones de pacientes, gremios y sociedades científicas realizarán un abrazo simbólico al Ministerio de Salud
- El gobierno apeló el fallo judicial que ordenaba regularizar la entrega de medicamentos
- Expertos advierten sobre el riesgo de aumento de enfermedades contagiosas por la falta de tratamientos
- Más de 20 organizaciones firmaron una carta solicitando audiencia urgente con el ministro Mario Lugones
Investigación 🔎
ANDIS: una auditoría detectó un desfasaje de $158.717 millones bajo la gestión Spagnuolo
Un informe interno elaborado tras la salida de Diego Spagnuolo reveló diferencias de $158.717 millones entre los registros de deuda de dos áreas clave del organismo. Los prestadores de medicamentos e insumos recibieron $479.504 millones entre 2024 y agosto de 2025 mientras parte de los compromisos se abonó sin pasar por los controles administrativos obligatorios.
Más de $158.000 millones en diferencias contables no justificadas, pagos millonarios sin respaldo documental y una causa judicial que investiga sobreprecios y posibles coimas de hasta el 20%: eso es lo que dejó al descubierto la auditoría realizada sobre la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) después de la salida de su conductor.
La intervención del organismo elaboró el informe tras el desplazamiento de Diego Spagnuolo, quien estuvo al frente de la Andis hasta el 21 de agosto de 2025. El trabajo examinó la gestión hasta esa fecha y relevó pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, equipos electrónicos, contratos, nómina de empleados y declaraciones juradas.
$158.717 millones que nadie puede explicar
El eje del informe es contundente: «se constató una diferencia de $158.717.131.557,63 entre los listados de la deuda exigible», según consigna el propio documento. La cifra surge de comparar la información entregada por dos áreas con responsabilidad directa sobre las finanzas del organismo: la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (Dnass), que implementaba programas como Incluir Salud.
Fue precisamente la Dnass la que informó el monto de deuda más elevado. Y fue también la Dnass la que, según el informe, presentó posibles imprecisiones en los datos entregados: desde esa dirección advirtieron que tanto los importes como su clasificación podían haber registrado variaciones por errores involuntarios en la carga realizada por prestadores. Una explicación que los auditores no consideraron suficiente para cerrar el caso.
Pagos sin control previo y la figura del «legítimo abono»
La auditoría también puso el foco en la utilización del mecanismo conocido como legítimo abono, una figura que permite pagar bienes o servicios ya entregados o cumplidos sin haber atravesado previamente los procedimientos ordinarios de contratación. En otras palabras: primero se entrega el servicio, después se busca la forma de pagarlo, saltando los controles que el Estado establece para garantizar transparencia y competencia en las compras.
El informe señaló que hasta la fecha de corte el organismo continuaba utilizando ese mecanismo y que solo se habían iniciado seis procedimientos de compras vinculados con esos servicios. Los auditores no identificaron en detalle cuáles fueron los pagos efectuados bajo esa figura, pero revelaron un dato que habla por sí solo: los prestadores de medicamentos e insumos recibieron $479.504 millones entre 2024 y el 21 de agosto de 2025.
Una causa judicial que avanza sobre posibles coimas
La Dnass no solo está en el centro del desfasaje contable. También es objeto de una investigación judicial que conduce el fiscal Franco Picardi, quien analiza un presunto fraude con posibles coimas de hasta el 20% en los procesos de compra. Según la acusación fiscal, esos procesos habrían presentado sobreprecios y deficiencias graves en los procedimientos administrativos.
La causa judicial que involucra a Spagnuolo suma así una nueva dimensión: ya no se trata solo de irregularidades contables sino de una posible estructura de corrupción que habría operado durante su conducción del organismo. La justicia federal rechazó además el pedido de Spagnuolo para frenar la pericia de los audios incorporados al expediente, según trascendió de fuentes judiciales, lo que mantiene activa una de las líneas de investigación más sensibles del caso.
Lo que tenés que saber
- La auditoría detectó un desfasaje de $158.717.131.557,63 entre los registros de deuda de la DPYC y la Dnass en la ex Andis.
- Los prestadores de medicamentos e insumos cobraron $479.504 millones entre 2024 y el 21 de agosto de 2025.
- Parte de esos pagos se realizó bajo la figura de legítimo abono, sin los controles administrativos previos obligatorios.
- El fiscal Franco Picardi investiga un presunto fraude con posibles coimas de hasta el 20% en los procesos de compra de la Dnass.
- La justicia rechazó el pedido de Diego Spagnuolo para frenar la pericia de los audios incorporados al expediente.
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