El decreto 1083, emitido por el Gobierno de Javier Milei, derogó la Ley 26.160 y sus prórrogas, que protegían la posesión y propiedad comunitaria indígena. Según la Iglesia Católica, esta medida deja a los pueblos originarios en una situación de mayor vulnerabilidad y abre la puerta a conflictos territoriales en distintas regiones del país.

Monseñor Scozzina, junto con el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), expresó que esta normativa «es una pésima señal» que se suma a otras decisiones recientes del Gobierno. Señaló que esta acción viola derechos reconocidos por el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, así como por tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT.

La Iglesia también responsabilizó al Congreso por no haber legislado sobre la propiedad comunitaria indígena ni sobre la consulta y participación de las comunidades originarias. Instó a los diputados y senadores a dictar, de forma urgente, una ley que garantice la protección de las tierras de los pueblos indígenas.

En paralelo, pidió a jueces y juezas que prioricen los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales al resolver conflictos territoriales.

Respaldo del Papa Francisco

La postura de la Iglesia argentina encuentra eco en la Santa Sede. El Papa Francisco, formado en la tradición jesuita, ha destacado repetidamente la importancia de los derechos de los pueblos originarios. En sus mensajes, ha denunciado la marginación de estas comunidades y ha abogado por políticas inclusivas que respeten su cultura y territorio.

Este conflicto se enmarca en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y la Iglesia Católica. La Conferencia Episcopal Argentina, liderada por Marcelo Colombo, prevé abordar esta problemática en futuros encuentros con el Ejecutivo. Según fuentes eclesiásticas, el tema indígena será uno de los principales puntos de discordia en el diálogo.