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Educación

Más decretos de Milei: sigue la cruzada contra las universidades públicas

El Decreto de Milei elimina contrataciones directas entre universidades y entes públicos.

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El-Argentino-Universidad de Buenos Aires UBA

El Decreto 1092/2024 obliga a las universidades públicas a utilizar las plataformas COMPR.AR y CONTRAT.AR para todas sus adquisiciones. Aunque 35 universidades ya emplean estos sistemas, otras no lo hacen, lo que dificulta la rendición de cuentas y el control del uso de fondos públicos.

El segundo decreto establece que las universidades deberán reemplazar el Sistema de Información Universitaria (SIU-Pilagá) por el Sistema e-SIDIF, lo que permitirá un seguimiento más transparente y sincronizado de los gastos, transferencias y pagos. Según la normativa, este cambio busca garantizar que los presupuestos se ejecuten con estándares similares a los de otras instituciones que manejan fondos públicos.

Restricciones en contrataciones

El tercer decreto, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), impone restricciones a las contrataciones directas e interadministrativas, eliminando convenios entre universidades y otros entes públicos nacionales y subnacionales. Este cambio busca equiparar el funcionamiento de las universidades con el de las empresas privadas en cuanto a las normativas de contratación.

Finalmente, el cuarto decreto reglamenta el DNU para impedir nuevos decretos interadministrativos que permitan contrataciones entre las universidades y el Estado.

El Gobierno señaló que estas disposiciones no interferirán en la autonomía de las universidades ni en su capacidad de decisión, sino que tienen el objetivo de registrar las cuentas y mejorar la transparencia en la ejecución presupuestaria.

Sin embargo, estas medidas han generado preocupación en ciertos sectores académicos, por la afectación a la autonomía universitaria y temen mayores restricciones burocráticas para acceder a los fondos necesarios para su funcionamiento.

Educación

AMET llevará al Congreso el reclamo por los fondos para la educación técnica

El sindicato anunció un petitorio federal para que el Presupuesto 2027 restituya el financiamiento que sostenía talleres, laboratorios y capacitación docente.

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Educación técnica y reclamo de AMET

La educación técnica perdió el piso nacional de financiamiento que respaldaba el equipamiento de talleres y laboratorios. La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) anunció que llevará al Congreso un petitorio federal para recuperar esos recursos en el debate del Presupuesto 2027.

Rufino Fernández, secretario general nacional del gremio, advirtió que la derogación complicó la compra de insumos, la incorporación de maquinaria y el sostenimiento de las prácticas. El sindicato estimó que el cambio alcanzó a unos 3.800 establecimientos y a aproximadamente 110.000 docentes.

El fondo que eliminó el Presupuesto 2026

El artículo 52 de la Ley 26.058 creó un fondo específico para la educación técnico-profesional. Según el gremio, ese artículo quedó sin efecto en el Presupuesto 2026.

El reclamo abarcó a secundarias técnicas, agrotécnicas, institutos superiores y centros de formación profesional. Fernández responsabilizó a los legisladores de La Libertad Avanza por los votos que, según el gremio, permitieron eliminar el fondo.

Un reclamo federal por talleres e insumos

AMET informó que reunió firmas en todas las provincias y que reforzó los contactos con bloques de ambas cámaras. AMET presentará el petitorio ante el Congreso el jueves 25.

El sindicato también pidió partidas extraordinarias de las provincias para sostener los talleres mientras se discute el presupuesto nacional. El reclamo ante el Congreso apunta a restablecer una fuente común para una red de escuelas que necesita equipamiento e insumos para la enseñanza práctica.

Lo que tenés que saber

  • El Presupuesto 2026 dejó sin efecto el artículo 52 de la Ley 26.058, que creaba el fondo.
  • AMET anunció un petitorio para el debate del Presupuesto 2027.
  • El sindicato pidió además partidas extraordinarias a las provincias.
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