Agentes de la Policía Federal allanaron el viernes pasado dependencias de la empresa “Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A.”, cuyo nombre comercial es «Flyzar», que pertenece al empresario Gustavo Carmona.

Flyzer es la propietaria del avión con matrícula LV-GCK que trasladó a:

• Julián Ercolini, juez del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10.
• Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal.
• Pablo Yadarola, juez del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2.
• Pablo Cayssials, juez del Juzgado Nacional de 1º instancia en lo Contencioso
• Administrativo Federal Nº 9.
• Juan Bautista Mahiques, actual Fiscal General de la Ciudad Autónoma de
• Buenos Aires.
• Marcelo D’alessandro, actual Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de
• Buenos Aires.
• Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín.
• Nicolás Van Ditmar, administrador del inmueble de Lago Escondido
• perteneciente a Joe Lewis.
• Leonardo Bergroth, exdirector de asuntos jurídicos, de la entonces Secretaría
• de Inteligencia del Estado (SIDE).
• Tomás Reinke, publicista especializado en publicidad digital y política.

Según publicó Irina Hauser en Página12, La fiscal Federal interina de Bariloche, María Cándida Etchepar señaló en su dictamen que ante la orden para que Flyzar entregara las facturas emitidas, aparecen a nombre de los personajes denunciados, algunas de ellas con fecha el mismo 13 de octubre en que se tomaron el vuelo y por valor de 120.000 pesos y en particular la de Bergroth con fechas 17 y 19 de ese mismo mes por 120.000 y por 60.000 pesos respectivamente. Los directivos de Clarín, Pablo Casey y Jorge Rendo, viajaron en un vuelo de Aerolíneas Argentinas.  

Las facturas por la estadía en Lago Escondido, que presentó Nicolás Van Ditmar de Hidden Lake S.A. deberán ser peritadas por AFIP. Estaban a nombre personal de los judiciales y funcionarios, por 605 dólares cada una fechadas varios días después, el 28 de octubre. A Bergroth y Reinke, que no son funcionarios judiciales, no les emitieron facturas. «Funcionarios y políticos tienen prohibido recibir este tipo de invitaciones por la Ley de Etica.