La promesa extractivista del gobierno libertario

⬛ El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, proyectó esta semana un impacto económico sin precedentes para Argentina derivado del acuerdo firmado entre la petrolera estatal y la empresa energética italiana Eni. Según sus declaraciones en Radio Rivadavia, el convenio podría representar ingresos por US$300.000 millones en exportaciones y la generación de 50.000 puestos de trabajo entre 2031 y 2050.

Marín caracterizó el acuerdo como una «decisión final de inversión», lo que implica que el proyecto de expansión de Vaca Muerta está cerrado. El proyecto contempla una inversión total de US$85.000 millones: US$25.000 millones en infraestructura —donde se prevé aplicar al RIGI—, US$20.000 millones en perforación hasta 2031 y US$40.000 millones adicionales entre ese año y 2050.

En términos productivos, el CEO aseguró que la iniciativa «va a duplicar la producción de gas de Vaca Muerta» con una exportación de 75 millones de metros cúbicos diarios, mientras que en petróleo planteó «triplicar la actividad». Respecto a generación de empleo, estimó 50.000 puestos entre directos e indirectos en los próximos cuatro años, y calculó que el proyecto aportará US$120.000 millones en impuestos.

El interrogante sobre la diversificación

Sin embargo, las cifras anunciadas por Marín replantean una cuestión estructural que el Gobierno libertario ha eludido responder con claridad: ¿por qué el RIGI, el régimen de promoción de inversiones estrella del ejecutivo de Javier Milei, continúa concentrándose exclusivamente en sectores extractivistas?

Los números que aporta el titular de YPF hablan por sí solos. De los US$85.000 millones de inversión proyectados para Vaca Muerta, la totalidad se destina a explotación de petróleo y gas. No hay menciones a diversificación tecnológica, manufactura avanzada, industria automotriz de segunda generación, semiconductores ni desarrollo de maquinaria de valor agregado.

Este patrón no es accidental. Desde que el RIGI entró en vigencia en octubre de 2023, la adhesión empresarial ha resultado magra comparada con las expectativas oficiales. Según reportes de organismos especializados en inversión extranjera directa, los proyectos que efectivamente han activado incentivos tributarios mantienen la lógica extractivista: minería (litio, cobre), hidrocarburos y energías convencionales.

La ausencia de industrias estratégicas

La pregunta incómoda es inevitable: ¿dónde está la inversión tecnológica? ¿Dónde están los fabricantes de componentes electrónicos, los desarrolladores de software a escala industrial, los productores de maquinaria agrícola de última generación que Argentina podría desarrollar competitivamente?

El acuerdo YPF-Eni confirma la tendencia. Mientras el Gobierno pregona que el RIGI es la llave para atraer capitales globales, la realidad muestra que los únicos interesados siguen siendo los mismos: empresas petroleras y mineras con apetito por recursos naturales baratos y marcos tributarios preferentes. Es decir, lo opuesto a lo que planteó Milei en campaña sobre una «revolución de la productividad».

La baja adhesión efectiva al régimen —más allá de los anuncios— refleja que los inversores tecnológicos globales no encuentran en Argentina ni las condiciones institucionales ni la certidumbre macro que requieren. Prefieren mercados con estabilidad política probada, infraestructura de telecomunicaciones competitiva y ecosistemas de innovación consolidados.

El precio del extractivismo sin límites

Hay un costo implícito en esta apuesta. Mientras Argentina vuelca US$85.000 millones a extraer y exportar gas y petróleo hasta 2050, países como Chile, Perú y Colombia —también productores de litio y cobre— comienzan a desarrollar cadenas de valor agregado alrededor de esos recursos: baterías, paneles solares, tecnología verde.

Marín proyectó ingresos de exportación: US$10.000 millones en 2025, US$13.000-14.000 millones en 2026, US$20.000 millones en 2027, US$30.000 millones en 2028 y US$35.000 millones en 2029. Todas esas cifras dependen de que «se mantengan los precios de ahora», una variable que no controla YPF ni el Gobierno.

Lo que sí controla Argentina es su capacidad de decisión sobre qué industrias promover. El RIGI, por como se ha implementado, perpetúa el modelo extractivista. No genera cadenas de producción complejas. No forma clusters de innovación. No retiene talento técnico. Solo garantiza que las rentas naturales fluyan hacia empresas multinacionales con cláusulas de confidencialidad tributaria.

Soberanía y recursos estratégicos en cuestión

Desde la perspectiva de la soberanía nacional, el acuerdo presenta aristas problemáticas. Eni participará de forma decisiva en la gestión de Vaca Muerta durante dos décadas. Los términos exactos del contrato, los beneficiarios finales de las ganancias y los compromisos de reinversión local no han sido divulgados públicamente con detalle.

Esto contrasta con la retórica oficial sobre «recuperar la soberanía energética». La verdad es más matizada: Argentina gana dólares, pero bajo condiciones contractuales de largo plazo que limitan su autonomía decisoria. Es una forma de soberanía energética incompleta, subordinada a ciclos de precios internacionales y a los intereses de operadores extranjeros.

El fantasma de la diversificación perdida

El Gobierno de Milei heredó una economía con problemas estructurales profundos: inflación crónica, deuda en dólares insostenible, déficit fiscal persistente. Su receta fue acelerar la liberalización y abrir puertas a la inversión sin condicionalidades. El RIGI es la expresión de esa lógica.

Sin embargo, 18 meses después, los resultados muestran que esa estrategia atrae únicamente lo que siempre atrajo: extractivismo. No es culpa de Marín ni de YPF. Es una consecuencia directa de que no hay políticas de Estado dirigidas a construir industrias complejas, financiar investigación aplicada, o proteger eslabones estratégicos de cadenas globales de valor.

Mientras YPF y Eni invierten US$85.000 millones en petróleo y gas, ¿cuánto invierte el Estado argentino en investigación y desarrollo tecnológico? ¿Cuántas universidades tecnológicas se crearon? ¿Cuántos clusters de startups de base científica recibieron financiamiento estatal?

Argentina y su encrucijada coyuntural

Las proyecciones de Marín son plausibles en lo técnico. El acuerdo YPF-Eni es real y representa inversión genuina. Los 50.000 empleos y los US$300.000 millones en exportaciones constituirían un aporte significativo a las cuentas fiscales.

Pero ese aporte no resuelve la pregunta estratégica: ¿hacia dónde va Argentina? ¿Hacia un modelo de potencia agrominera-energética o hacia una economía diversificada con capacidades industriales de vanguardia?

El RIGI respondió a la primera opción. Y los números hablan: donde hay extracción, hay inversión; donde se requiere tecnología, hay silencio. Esa es la contradicción que Milei y su equipo económico prefieren no explicitar. Pero los mercados de capitales globales ya lo saben, y por eso siguen apostando solo a lo que Argentina siempre fue: un granero del mundo, ahora con bomba de petróleo incluida.

Puntos clave:

• YPF proyecta US$300.000 millones en exportaciones hasta 2050 producto del acuerdo con Eni para expandir Vaca Muerta, con una inversión total de US$85.000 millones.
• La inversión se concentra 100% en petróleo y gas, sin diversificación hacia tecnología, manufactura avanzada o industrias de mayor valor agregado.
• El RIGI mantiene la lógica extractivista: desde su implementación en octubre de 2023, los principales proyectos adheren son petroleros, mineros y energéticos convencionales.
• La baja adhesión efectiva del RIGI contrasta con las promesas oficiales de atraer inversión tecnológica global, revelando límites estructurales del modelo.
• Argentina consolida dependencia de ciclos de precios internacionales mientras delega decisiones estratégicas sobre Vaca Muerta a operadores multinacionales con contratos de largo plazo.