Judiciales ⚖️
«Le saco la careta a ese miserable»: la empleada desafía a Del Río con un careo
«Si la única forma que tiene Martín Del Río para defenderse es acusarme a mí, entonces hagamos un careo, junto a su nueva abogada y mi abogado Hugo López Carribero. Yo le saco la careta a ese miserable», dijo Aquino.
María Ninfa «Nina» Aquino, la empleada que trabajaba en la casa del matrimonio asesinado en Vicente López y que estuvo 13 días detenida por el caso, propuso carearse con el hijo de las víctimas que está detenido como presunto autor del parricidio.
«Si la única forma que tiene Martín Del Río para defenderse es acusarme a mí, entonces hagamos un careo, junto a su nueva abogada y mi abogado Hugo López Carribero. Yo le saco la careta a ese miserable», dijo Aquino.
Su defensor, López Carribero, reveló que en paralelo está redactando un pedido de sobreseimiento definitivo para la mujer, que presentará en los próximos días ante el juez de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa, el mismo que el el miércoles pasado resolvió liberarla por falta de pruebas.
Aquino fue la persona que el pasado 25 de agosto halló a sus patrones José Enrique Del Río (74) y María Mercedes Alonso (72) asesinados a balazos dentro del auto de las víctimas en el garaje de la casona de la calle Melo al 1100 de Vicente López.
En su momento, ante una serie de indicios que la tornaron sospechosa, los fiscales la detuvieron y acusaron como presunta «entregadora».
Una de las claves para su detención fue que el hoy detenido Del Río hijo instaló a «Nina» como sospechosa cuando identificó una billetera que le secuestraron en su casa como el elemento donde su madre guardaba la llave de la caja fuerte de la casa, algo que ahora se puso en duda y cuya tenencia la propia empleada justificó con que había sido un obsequio de su patrona.
En su indagatoria, Del Río volvió a declarar sus sospechas en torno a la participación de la empleada de sus padres en el hecho.
América Latina
Alerta migratoria contra Evo, mientras el escándalo Cerimedo salpica a Paz
Migración activó la medida por un pedido fiscal en la causa por los 53 días de bloqueos, en medio de las denuncias del caso Cerimedo contra el entorno del presidente Rodrigo Paz. Morales y su espacio rechazan las acusaciones y denuncian persecución política.
La alerta migratoria contra Evo Morales llegó cuando el gobierno de Rodrigo Paz acumula meses de denuncias por el caso Cerimedo.
La Dirección General de Migración de Bolivia activó el lunes 16 de noviembre la medida contra el ex presidente (2006 a 2019). El director de Migración, Daniel Prieto, dijo a los periodistas que la disposición fiscal ingresó a la institución el viernes, tras una denuncia de Stello Cochamanidis, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz. El requerimiento lo firmó el 13 de noviembre el fiscal Glauco Montero Osinaga. La causa por los 53 días de bloqueos de mayo y junio nació de una denuncia del Comité pro Santa Cruz y del Ministerio de Gobierno, y en julio se emitió una orden de aprehensión contra Morales.
Qué implica la medida
La alerta es un mecanismo administrativo de vigilancia y registro migratorio, y no representa por sí misma una sentencia condenatoria ni una orden judicial de arraigo. Si Morales se presenta en un aeropuerto o en un puesto fronterizo, los funcionarios de Migración deberán remitir el caso a la Policía Boliviana. Según el requerimiento fiscal, la investigación abarca terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
La versión de Morales y la secuencia judicial
Morales y su entorno niegan las acusaciones y cuestionan la autenticidad y la legalidad de los audios difundidos en la causa. Para Morales y su espacio, la sucesión de causas y medidas en su contra es persecución política, un esquema que en la región se conoce como lawfare. Renunció a la presidencia en 2019, en medio de una convulsión social tras las acusaciones de fraude electoral, un desenlace que él y sus seguidores califican de golpe de Estado. Jeanine Áñez, quien asumió después, fue encarcelada por delitos vinculados a las acusaciones de golpe.
Desde entonces, la justicia boliviana lo dejó fuera de la carrera electoral. El Tribunal Constitucional Plurinacional anuló la reelección indefinida a fines de 2023, ratificó la inhabilitación en noviembre de 2024 y la reiteró en mayo de 2025, cuando Morales buscaba competir en las elecciones de agosto. En 2023, Morales calificó el fallo de «político» y acusó al Gobierno y a «la derecha» de conspirar para proscribir su candidatura. En diciembre de 2024 se activó además una alerta migratoria en otra causa, por presunta trata de personas agravada.
El gobierno de Paz y el caso Cerimedo
Fernando Cerimedo, el estratega comunicacional argentino que asesoró a Rodrigo Paz durante la campaña y la gestión, enfrenta cinco denuncias penales en Bolivia, entre ellas una por tentativa de feminicidio contra su ex pareja, la abogada Nadia Beller, y otras por enriquecimiento ilícito, usurpación de funciones y lavado. Beller sostuvo que él intentó silenciarla porque tenía información sobre negociados vinculados al gobierno de Paz. Se presentaron además pedidos de juicio político contra el presidente y una denuncia contra su esposa, María Elena Urquidi, que la Fiscalía decidió no ampliar por falta de elementos de convicción.
Paz minimizó las funciones de Cerimedo, dijo que no tenía un contrato con el Estado y pidió dejar que la Justicia actúe. La defensa de Cerimedo habló de un «show político» para desestabilizar al Gobierno. La coincidencia entre el desgaste del oficialismo y el nuevo pedido contra Morales alimenta la lectura de una maniobra política, pero es una interpretación y no un hecho comprobado: el requerimiento fiscal responde a una denuncia previa y lleva fecha del 13 de noviembre.
Un cerco con varios frentes
La Procuraduría General del Estado pidió la misma semana ampliar la investigación de 2009 por el caso Hotel Las Américas contra Morales y el ex vicepresidente Álvaro García Linera, y gestionar el sello rojo de Interpol. Según un medio local, Morales cumplió en septiembre dos años de refugio en el Trópico de Cochabamba, y el gobierno de Paz cumplió un año de gestión sin capturarlo.
Lo que tenés que saber
- Migración activó el lunes 16 de noviembre una alerta migratoria contra Evo Morales por pedido del fiscal Glauco Montero Osinaga.
- No es una condena ni una orden de arraigo; si Morales aparece en un paso fronterizo, se avisa a la Policía.
- Morales y su entorno niegan las acusaciones y denuncian persecución política.
- El gobierno de Rodrigo Paz enfrenta el caso Cerimedo, con denuncias contra su ex asesor y pedidos de juicio político al presidente.
- La vinculación entre ambos hechos es una lectura política, no un hecho comprobado.
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